Un nuevo caso de presunta corrupción ha surgido con nuevos indicios de irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chancay, apuntando directamente al Ingeniero Franco Sánchez Bazalar, subgerente de obras de esta entidad, quien previamente había otorgado un Certificado de Posesión de Tierras Rústicas bajo una norma derogada al Sr. Santos Catalino Calderón García.

Los últimos acontecimientos revelan que, a pesar de las objeciones presentadas por la sociedad conyugal conformada por Jaime Vidal Pagador y Vanessa Pérez del Solar, propietarios legales de un predio en el sector Chacarilla Mz. D lote 15, distrito de Chancay, la Municipalidad Distrital de Chancay ha procedido a declarar procedente el procedimiento de visación de planos para prescripción adquisitiva de dominio presentado por Calderón García.

La Resolución N° 114-2024-MDCH/GDUReI/SGOPCFPUyR, emitida el 25 de marzo de 2024, ha sido objeto de controversia al considerarse que la municipalidad está excediendo sus competencias al avalar un procedimiento que, según la normativa municipal establecida en la Ordenanza Municipal N° 010-2012-MDCH, está reservado únicamente para predios urbanos.

La sociedad conyugal ha hecho hincapié en que su propiedad está en disputa en el poder judicial desde el año 2019, tanto en términos de posesión como de desalojo, en casos que involucran al mismo Santos Catalino Calderón García. Además, está demostrado que el predio en cuestión es de naturaleza rústica-agrícola, por lo que la competencia para la visación de planos recae solo en el Gobierno Regional de Lima, de conformidad al artículo 105° y 106° inciso d) del Reglamento de la Ley N° 31145, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2022-MIDAGRI, la misma que indica que, el “Servicio de Visación de planos y memorias descriptivas de predios rurales es exclusividad de los Gobiernos Regionales”.

Estas acciones, consideradas aparentemente como una irregularidad, plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos llevados a cabo en la municipalidad de Chancay. La presunta falta de cumplimiento de las normas y la posible connivencia con intereses particulares ponen en entredicho la integridad de esta entidad edil y el respeto por el Estado de Derecho.

El caso podría generar un profundo malestar en la población y avivaría las preocupaciones sobre la corrupción y el abuso de poder en el ámbito municipal. La demanda de una investigación exhaustiva y transparente debe iniciarse en este nuevo escándalo, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la preservación de la legalidad en Chancay.

Sin lugar a dudas, este hecho podría comprometer la gestión del Alcalde Juan Álvarez Andrade ,motivo por el cual en su calidad de titular del pliego debería de intervenir para evitar que alguna de las partes se vean afectadas.