Pisco: Piden 36 meses de prisión preventiva para alcalde de Túpac Amaru Inca por presunto delito de colusión agravada

En la cuerda floja se encuentra el alcalde del distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco) Rod Alfredo Crisóstomo Suárez, para quien el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada. El burgomaestre con ayuda de sus hermanos habría creado empresas fachadas para presuntamente direccionarmillonarias obras públicas.

ACUSACIÓN FISCAL
Ayer, se realizó el pedido prisión preventiva contra Rod Alfredo Crisóstomo Suarez y otros siete investigados por el delito de colusión agravada y otros. Estuvo a cargo del juez William Smith Flores Torres, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco – Corte Superior de Justicia Ica.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ica, a cargo de la fiscal Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez, presentó todos los elementos de convicción ante la autoridad judicial.

La representante fiscal conforme al Código Penal también solicitó mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el hermano del alcalde, Ray Vladimir Crisóstomo Suárez, también los funcionarios del municipio Jesús Herrera Oré, Jesús Smith Hernández Ruiz, Briggitt Herrera Gavilán en calidad de detenidos desde el 3 de octubre del 2024. Del mismo modo se pide cárcel para Katherine Juleisy Armas Mantilla, Ravi Alfredo Crisóstomo (otro hermano del alcalde) y Ida Quispe Palomino, quienes se encuentran no habidos. Todos estarían inmersos en el presunto delito de colusión agravada con el agravante de integrar una organización criminal.

“Se verifica que el Formato 15 existiría una irregularidad, el cual tuvo un puntaje en mérito al postor ganador, Consorcio Zeus Ingenieros el cual tuvo 105 puntos un empate con el Consorcio Bautista, siendo el primer ganador por orden de prelación. Se puede verificar que existe una relación constante con estas personas para poder seguir adjudicando las obras a estas dos empresas, cuando los únicos beneficiarios eran los integrantes de la organización criminal”, sostuvo la fiscal.

“Incluso en el acta de sobre de lacrado, verificación, visualización, que se ha realizado al Señor Jesús Hernández, se verifica una conversión con el ingeniero Hernández, donde indica “estoy fuera de casa, el presupuesto está en 30 mil 930.16 pero se quedó en 29 con 1 para cada uno”, es decir hablaban dentro de los chats de WhatsApp, los beneficios que podían obtener cuando se adjudiquen estas empresas, es dinero del Estado, sería un perjuicio grande para la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca”, agregó Trigozo Vásquez.

La Fiscalía sostiene que Jesús Herrera Oré, quien era subgerente de Obras del Municipio de Túpac Amaru Inca y Jesús Smith Hernández Ruiz (sub Gerente de Logística), sospechosamente en su mayoría integraban comités que se encargaban de seleccionar que las empresas cumplan con los requisitos. Se presume favorecían a empresas con serie de irregularidades y vinculadas a la familia del alcalde Alfredo Crisóstomo Suárez.

En la audiencia judicial hubo un tenso momento entre el juez William Smith Flores Torres y la abogada Yeni Vilcatoma. La defensa legal indicó que no existían los elementos de convicción y pidió se suspenda la audiencia.

“En el mismo requerimiento hay un listado de fiscalía, no habría un control de legalidad, y la señora fiscal ha hecho una explicación absolutamente confusa sin expresar los elementos de gravedad, individualizado por cada delito, tiene una lista de elementos de convicción que la señora fiscal no ha adjuntado como tal por eso es evidente que hay una parcialización y atropello a los derechos. No nos está dando las garantías, pedimos se suspenda la audiencia y nos haga llegar el archivo de los elementos de convicción, por delito y por persona”, acotó Vilcatoma. 

Piura: Investigan al general de la Policía Nacional del Perú por colusión agravada

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga, por el presunto delito de colusión agravada, al jefe de la I Macro Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza López, así como a la proveedora Karen Morán Ruiz y a un grupo de siete oficiales y suboficiales.

Investigación

Esto se relaciona con la contratación de la proveedora Karen Fabiola Morán Ruiz por la suma de S/32.000 para prestar servicios en gestión pública. De acuerdo a unas fotografías que publicó Correo, se conoció de un presunto vínculo amical entre el mando policial y la proveedora.

Entre las presuntas irregularidades del caso se reveló que la citada proveedora habría realizado labores diferentes al objeto del contrato.

De acuerdo a la disposición 04-2022 del fiscal Javier López Romaní, la teoría fiscal sería que se implementó un proceso de contratación directa que no estaba justificado, más que el solo propósito de contratar Morán Ruiz.

Uno de los documentos que probaría este hecho es el memorando 208-2022 del 25 de marzo del 2022. El oficio lo dirige el coronel PNP Elmer Peralta Ciccia, jefe de secretaría de la Macropol Piura, al coronel PNP, César Castro Peña, jefe de la UE-003, pidiendo un contrato de locación de servicios y un inicio “prudencial” de sus actividades.

“Por especial encargo del Sr. Gral PNP Edward Rando Espinoza López […] tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle por quien corresponda un personal por contrato de locación de servicios, adjuntándose los términos de referencia”, se lee en el oficio.

Y el pedido del inicio prudencial se habría cumplido, en vista que el 7 de abril se le comunica a Karen Morán Ruiz sobre su selección para trabajar en la Macropol como proveedora de servicios en gestión pública.

Los policías a cargo de la parte administrativa también solicitaron cotizaciones a otros dos profesionales por los servicios prestados y arrojaron montos de S/9.000 y S/10.500 por mes, por lo que se escogió la propuesta de S/8.000 que presentó Morán Ruiz.

De acuerdo al contrato, eran funciones de la proveedora brindar asesoría en gestión pública, realizar actividades de implementación de Sistema de Control Interno, capacitar y asesorar al equipo de trabajo de Control Interno en la MACROPOL, entre otras.

El plazo del contrato sería entre abril y julio, por lo que el monto final de pago fue de S/32.000. Para la fiscalía no se habría cumplido con sustentar el servicio prestado ni se habría hecho la verificación respectiva.

“Habiéndose brindado conformidad, con el propósito de que se ejecute el pago de los entregables que viene presentando Karen Morán y de esta forma defraudar patrimonialmente al Estado”, se lee en el documento como presunción de la Fiscalía.

En esa línea, el fiscal sostiene que habría varios indicios que genera una sospecha simple de un acuerdo colusorio para defraudar al Estado.