La congresista Diana Gonzáles (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en dialogo con RPP, denunció que el presidente de dicho grupo de trabajo, Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), habría convocado «sin firma» a una sesión extraordinaria para tratar la aprobación del dictamen de la Ley que Regula el Régimen Especial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal o también llamada Ley MAPE.

La parlamentaria indicó que el debate y votación del referido dictamen recién fue incorporado en agenda ayer, lunes, «a las 5 pm.», pues, según señaló, originalmente solo estaba previsto recibir a los ministros de Energía y Minas, Economía, Cultura y Ambiente, quienes expondrían sobre los alcances de la referida propuesta.

«No solo es una convocatoria sin la firma del presidente. Ayer, a las 5 pm., le dio la gana de incluir en la agenda el dictamen y votación de la Ley MAPE, porque la convocatoria inicial indicaba ‘invitación a cuatro señores ministros para que se pronuncien sobre la materia’», indicó.

«Hemos recibido una convocatoria y una agenda sin la firma del presidente de la comisión, lo que evidencia improvisación, nuevamente un intento apresurado por forzar una sesión extraordinaria que sólo busca atender la presión de un grupo de mineros que, claramente, no tienen la voluntad, no han tenido el más mínimo interés de formalizarse. Y así lo demuestra su nueva exigencia: un Reinfo sin condiciones», agregó.

La legisladora resaltó que dicho punto de agenda se incluyó pese a que, en una sesión anterior, se aprobó por mayoría que el tema recién sea abordado en la próxima legislatura.

«Resulta que el señor, ayer, a las 5 pm., nos comunica que va a poner el dictamen y someterlo a votación cuando existe una cuestión previa, aprobada por mayoría abrumadora, para que este tema se vea en la siguiente legislatura», acotó.

«[Esto] es totalmente nocivo para el país, resulta preocupante el inusitado interés del presidente [de la comisión] por aprobar un dictamen que, en lugar de combatir la ilegalidad, termina legitimándola. No se puede gobernar cediendo a la presión de quienes se niegan precisamente a formalizarse. El país necesita reglas claras, el país necesita liderazgo firme, no atajos que socavan el estado de derecho», agregó. 

Ruth Luque: Dictamen de Ley MAPE tiene 23 observaciones 

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), en diálogo con nuestro medio, también criticó el proceder del presidente de la Comisión de Energía y Minas, lo que calificó como una «vulneración a un acuerdo» del grupo de trabajo que preside.

«Solo quiero recordar que en esta sesión que ha hecho mención la congresista Diana González, se aprobó una cuestión previa para que esto quede para el siguiente periodo. Pero el presidente, el congresista Paul Gutiérrez, ha decidido darle otra interpretación al acuerdo. Y eso es una afectación, una vulneración a un acuerdo que la mayoría de miembros realizó a raíz de una cuestión previa presentada», indicó.

«Lo importante aquí es entender que hay intereses que se mezclan con un contexto electoral y eso me parece nefasto en un momento en el cual tendríamos que ofrecerle al país una ley que privilegie y equilibre, de manera adecuada, los temas de impacto ambiental, formalización y una adecuada regulación de una actividad que se está desarrollando en distintos lugares del país, pero que hoy ciertos políticos y congresistas, creo que urgidos por quedar bien con este sector, en este contexto electoral, empiezan a ofrecer como lo que estamos viendo con esta sesión de la Comisión de Energía y Minas», añadió.

Además, Luque Ibarra señaló que el dictamen referido a la Ley MAPE ha tenido 23 observaciones, siendo una de ellas que fue formulado sin escuchar a las comunidades indígenas, en cuyos territorios hay actividad minera.

«Yo y otros congresistas hemos presentado 23 observaciones al dictamen. Yo he venido participando, haciendo llegar varios pedidos de manera escrita al grupo de trabajo que el congresista Paúl Gutiérrez desarrolló, y yo tengo todos los documentos», aseveró.

«Una de las observaciones es que este dictamen no ha recogido la opinión de otro sector importante, que son las poblaciones indígenas. Este dictamen recoge en parte la expectativa del sector minero que hoy está en la avenida Abancay, pero esta actividad se desarrolla en zonas de comunidades campesinas y en territorios de pueblos indígenas. Y ahí hay contaminación. Esa es una de las principales observaciones que hemos desarrollado», señaló. 

Por ello, la legisladora consideró que el dictamen «no tiene un peso adecuado con relación al tema de instrumentos de gestión ambiental».

«Tanto así que incluso entre uno de los requisitos para el inicio de estas operaciones se pide que sólo se presente una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos en el área de intervención. Eso es absurdo», puntualizó.