Los otorongos se siguen protegiendo

Es imposible que en el Congreso no se encuentren problemas a diario y lo que es peor no tienen vergüenza de continuar protegiéndose sin vergüenza alguna, es decir que no les importa que se los sigan calificando como de lo peor, parecen estar hechos de una dura coraza que además de impenetrable, bañada con aceite porque todo les resbala.

Lo último escandaloso es que cuando todo hacía suponer que se debía sancionar con rigor a la mocha sueldo, terminaron por salvarla lanzándole todo tipo de salvavidas a pesar de tener todas las pruebas válidas para justificar cualquier medida sancionadora. La situación solo revela que mientras utilizan argumentos débiles para procurar perjudicar a otros que no son congresistas, no les importa que existan pruebas en contra de sus colegas parlamentarios y a pesar de ello no aplican castigo alguno en contra de los responsables, solo porque también son otorongos.

Los Parlamentarios son tan sinvergüenzas que irresponsablemente convocan o solicitan interpelación o censura contra algunos Ministros, pero a la hora del pleno simplemente no asisten, eso es lo último que ocurrió con tres Ministros para quienes aparentemente se pedía sus cabezas, pero el resultado más negativo es saber que casi el 80 por ciento de los Congresistas no concurrieron al Congreso… entonces, porque firmaron las mociones de interpelación si al final no les importaba el tema. Una vez más, lo único que pretenden estos señores es beneficiarse de los privilegios con que se cuenta bajo la investidura de Parlamentarios y nada más, convirtiendo nuestro Congreso en el peor de la historia Republicana y aún así, quieren ser senadores aprobando una ley que les abre esas posibilidades, les abre la puerta falsa para seguir prendidos de la teta del Estado. La verdad es que ante toda esta podredumbre sentimos vergüenza ajena de lo que ocurre con estos padrastros de la Patria.

Congresista Raúl Doroteo exigía la mitad de sueldo a asesora hospitalizada

Un audio y un chat han sacado a la luz a un nuevo ‘mochasueldo’ y evidencian que el congresista Doroteo, retuvo parte del salario a la asesora técnica María Morales Gutiérrez, quien se encuentra internada tras dar a luz. A Doroteo se le oye decir: “Me llega al pepino, me solucionas eso”.

El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) conocido por ser sindicado como uno de ‘Los Niños’, retuvo la mitad de la remuneración a una asesora técnica parlamentaria que se encuentra internada en un hospital de Pisco, según denuncia de Beto a Saber.

En el informe se mostró un chat en el que se lee que la trabajadora congresal María Morales Gutiérrez le pide al congresista Doroteo disminuir el porcentaje exigido.

“Del bono de diciembre, he dejado 2000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se lee en el mensaje de WhatsApp.

Ante la respuesta de la trabajadora, Doroteo no le respondió, pero la bloqueó.

La asesora, desde inicios de 2023, percibe una remuneración de S/ 7,106 soles y se encuentra internada en el hospital San Juan de Dios de Pisco (Ica) después de haber dado a luz.

Asimismo, el programa filtró un audio en el que el congresista ordenaba a otro asesor Nilson Tasayco resolver “el tema de Morales”.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso no me ha dado nada. Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, presionó al asesor.

Durante el destape televisivo Beto a Saber contó que, inmediatamente después de haberse emitido la denuncia contra Doroteo, a la trabajadora congresal la visitaron personas no autorizadas y recibió amenazas de allegados al congresista y de Yonhy Lescano.

Tras esta grave denuncia, la Procuraduría General del Estado ya solicitó el inicio de diligencias preliminares a la Fiscalía.

Cabe recordar que, en enero de 2023, la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ratificó la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Raúl Doroteo por falsedad genérica, por haber presentado información falsa sobre su educación superior.

El congresista manifestó que culminó la carrera de Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL); sin embargo, la institución lo desmintió y remarcó que solo se encuentra registrado como matriculado. La decisión del Poder Judicial sustentó que, el parlamentario debió consignarlos como “estudios técnicos”, debido a que solo cursó dos ciclos en el año 1995, y no como “universitarios”.

El fallo también incluyó reglas de conducta y el pago de mil soles por reparación civil. Ahora, cabe esperar qué posición tomará la Comisión de Ética ante esta grave denuncia contra Raúl Doroteo.

César Ipenza: «La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República”

César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, expresó su preocupación luego de que el Congreso de la República derogara el Decreto Legislativo 1607, el cual contemplaba medidas para frenar el avance de esta actividad informal en el país.

“La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República”, indicó Ipenza en el programa Nunca es tarde de RPP.

Asimismo, manifestó que la minería ilegal representa más de ocho mil millones de dólares, recursos “que financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”.

“Eso es lo lamentable, que el interés de un grupo particular, de unos delincuentes, se imponga sobre los bienes comunes”, acotó.

A ello, agregó que “el tema de la derogación de este decreto legislativo no aparecía (ayer) en la agenda del pleno”, pero “se puso a las 7:00 p.m. y al voto” a pesar de no tener “dictamen de una comisión”.

Cabe señalar, que dicha norma, que buscaba fortalecer el proceso de formalización, iba a declarar a los mineros artesanales como ilegales después del 20 de marzo, fecha en que vencía el plazo para que se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Además, facultaba a la Policía Nacional a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos.

No obstante, el gremio minero artesanal, que agrupa a unos 500 000 trabajadores, exige que se respete el plazo de formalización inicial, que les daba hasta finales de 2024 para inscribirse.

En ese contexto, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal señaló que existe un proyecto de ley que tiene como objetivo abrir el Reinfo por 90 días.

“¿Y qué hace ese Reinfo? Mineros ilegales que están operando y que son perseguidos, si pasan a estar en el Reinfo la Fiscalía no los puede perseguir ni sancionar”, aseguró.

Por último, explicó que el Ejecutivo podría buscar alguna figura para llevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC) y plantear una acción de inconstitucionalidad.  

“Es posible que aquellas normas que se aprueben en contra del derecho de todos nosotros a gozar de un ambiente sano y adecuado sean cuestionados en el Tribunal Constitucional”, finalizó.  

Pleno del Congreso derogó decreto legislativo que buscaba frenar el avance de la minería ilegal

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación este miércoles, con 79 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones, el proyecto de ley 7278, el cual deroga el decreto legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización.

Durante la sesión del Parlamento también se aprobó con 79 votos a favor la exoneración de la segunda votación. Este pedido fue realizado por Segundo Quiroz, presidente de la comisión de Energía y Minas.  

En el decreto legislativo, ahora ya derogado, ponía como fecha límite la formalización de los mineros hasta el 20 de marzo y facultaba a la Policía Nacional tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos.

Posturas 

La legisladora Ruth Luque se mostró en contra de la propuesta, pues refirió que lo mínimo que se le debería exigir a la minería informal es la licencia y autorización especialmente en el caso de uso de explosivos.

«¿Saben el decreto legislativo que ustedes se quieren bajar? dice que tiene que ser obligatorio el uso de la licencia de explosivos y la licencia del propietario. Con esa derogatoria no necesitan esa licencia. ¿En realidad estamos en contra que no tengan licencia? porque
la formalización significa que uno tiene autorización y que la minería informal que tanto repiten, lo mínimo que debemos exigirle es licencia y autorización», expresó la congresista durante el Pleno. 

Por su parte, el parlamentario Segundo Quiroz consideró que era necesario atender la solicitud realizada por parte de los mineros en proceso de formalización, pues calificó la norma dada por el Poder Ejecutivo como injusta.

Los gremios de mineros artesanales realizaron desde el lunes un plantón de protesta frente al Congreso para exigir que se derogue el referido decreto legislativo que frenaba la minería ilegal.

Congreso no admitió denuncia de inhabilitación contra María Cordero Jon Tay

El Pleno del Congreso de la República del Perú no admitió la denuncia para inhabilitar a la legisladora María Cordero Jon Tay por 10 años del ejercicio de cargos en la función pública, luego de ser acusada de haber exigido un porcentaje de su sueldo a los trabajadores de su despacho.

El informe además recomendaba suspender a Cordero Jon Tay de su función como congresista, mientras duren las investigaciones en el Ministerio Público, por este caso de presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Tras esta votación, continuará con sus labores.

En la víspera, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también recomendó acusar a la congresista por el presunto delito de concusión. El Pleno del Congreso también rechazó este punto en su reciente sesión.

Caso «Mochasueldos»

María Cordero se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. En una serie de audios se escucha a la congresista exigir los pagos a sus trabajadores de manera inmediata.

A la suspendida legisladora también se le escucha exigir dinero, porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral.

Los depósitos los realizó, según la acusación, a la cuenta de Braden Paredes Calla, quien trabajaba en el área de Archivo del Congreso.

Además, en su testimonio ante la Comisión de Ética, Rafael Cabrejos Vela, extrabajador de Cordero Jon Tay, aseguró que la legisladora no agrupada le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella.

Cabe indicar que en diciembre pasado, por 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, la Representación Nacional aprobó suspender por 120 días a María Cordero por este caso.

Comisión de Constitución aprobó dictamen para limitar sentencias por crímenes de lesa humanidad

La Comisión de Constitución aprobó un dictamen de ley para limitar los alcances de las sentencias por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

Esta legislación podría beneficiar a individuos que ya han sido sentenciados por estas graves violaciones a los derechos humanos.

Votos a favor

La ley propuesta por Fuerza Popular y Renovación Popular fue votada positivamente por catorce parlamentarios y encontró la oposición de representantes de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Juntos por el Perú y Perú Bicentenario.

Figuras políticas como Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, este último investigado por el caso de las esterilizaciones forzadas, figuran entre los que respaldaron el proyecto.

La Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, jugó un papel crucial en la aprobación de este dictamen.

Los detractores de esta ley argumentan que vulnera los derechos humanos y la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad. 

Presentación de proyecto

El proyecto original fue presentado por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular, quienes buscan beneficiar a todos los sentenciados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 2002, señalando que deberían prescribir los procesos que consideren estos conceptos.

El documento hace referencia a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y crímenes de lesa humanidad y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional porque alegan que fueron aprobados en el 2001 y entró en vigencia en el 2002.

En ese sentido, buscan que todas las sentencias que se hayan aplicado por estos delitos antes de esas fechas prescriban o sean declaradas nulas porque el Código Penal no incluye los términos “lesa humanidad” o “crímenes de guerra” y se precisa que todos los delitos prescriben tras 20 años de haber sido perpetrados.