Comisión del Congreso afirma que no hay planes de rehabilitación para derrame en Perú

Una comisión del Congreso de Perú presentó este viernes un informe de fiscalización que asegura que no hay planes de rehabilitación aprobados ni un estudio del daño ambiental causado hace dos años por el derrame de hidrocarburos en el mar de Lima desde la Refinería La Pampilla, que opera Repsol.

El informe fue presentado por la congresista Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso, durante un foro realizado por las organizaciones Perú Equidad, FIDH, EarthRights International y Cooperacción, señaló el Congreso en un comunicado.

«A dos años de la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el litoral de la costa peruana, continúa pendiente la rehabilitación de los sitios afectados, la reactivación económica en la zona afectada y la compensación justa a la población directamente afectada», sostuvo Luque, citada en el comunicado.

La legisladora consideró que «se debe plantear una reforma de la normativa vigente sobre emergencia ambiental y responsabilidad por daño ambiental para garantizar que las medidas de compensación económica, de remediación y reparación sean efectivas».

En las conclusiones del informe, se indica que «aún existen 71 formaciones costeras, 2 áreas naturales protegidas, 6 islas/islotes y 2 zonas submareales afectadas» y que no se cuenta con planes de rehabilitación aprobados o en estado de implementación, ni un estudio de identificación y valoración del daño ambiental.

También se manifiesta preocupación por «la subsistencia económica de la población afectada», ya que aún se encuentran suspendidas actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte, el comercio formal y ambulatorio.

El Congreso precisó que este documento recoge información brindada en sesiones de la comisión por representantes de asociaciones y organizaciones sociales de los distritos costeros afectados de Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.

Además, por especialistas de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Energía y Minas, Defensa, Salud, Ambiente, Producción y Justicia y Derechos Humanos, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Instituto del Mar del Perú y el Organismo de Sanidad Pesquera.

En las sesiones también participaron autoridades como las ministras del Ambiente, Albina Ruiz, y de la Producción, Ana María Choquehuanca, el viceministro de Hidrocarburos, Julio Poquioma, y la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León, así como el representante de Repsol Luis Alberto Vásquez.

El pasado lunes, cuando se cumplieron dos años del accidente en La Pampilla, que provocó que 12.000 barriles de crudo se vertieron en la costa del norte de Lima, Repsol afirmó que las playas afectadas «están aptas para su uso y disfrute».

La compañía aseguró que estas playas cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, algo que está sustentado, según su versión, por informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como informes de las autoridades.

Sostuvo, además, que el 98 % de los afectados ya ha cobrado compensaciones, lo que significa que son más de 10.000 personas que han recibido ayuda económica por parte de la empresa.

En cuanto a los planes de rehabilitación, afirmó que estos están siendo revisados por el Ministerio de Energía y Minas, y que «todos están a la espera de su evaluación».

Las autoridades de Perú informaron el 2 de diciembre pasado que aún no hay evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada esté libre de petróleo, por lo que no hay condiciones para la pesca artesanal, mientras que el 17 de noviembre señalaron que 25 playas dedicadas al baño y recreación «se encuentran aún en condición de afectadas».

El derrame se produjo el 15 de enero de 2022 en el terminal multiboyas número 2 de La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, cuando un buque se disponía a descargar hidrocarburos. EFE

Congreso aprueba extender el límite de edad para la jubilación

La Comisión Permanente del Congreso del Perú ha aprobado, en primera votación, extender la edad de jubilación de los trabajadores hasta los 75 años. Esta medida, según el congresista Pasión Dávila, quien sustentó este dictamen, está destinada a adaptarse a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral y la demografía del país, ya que manifiestan que la expectativa de vida ha aumentado.

Conoce en esta nota de qué trata esta iniciativa legislativa que ha sido aprobada en la Comisión Permanente, después de su paso por la Comisión de Trabajo.

¿En qué consiste esta propuesta?

El dictamen aprobado permite que los empleados puedan solicitar voluntariamente la extensión de su vida laboral hasta los 75 años. Esta propuesta incluye una evaluación médica obligatoria que asegure que solo aquellos en condiciones físicas y mentales óptimas puedan acogerse a esta opción.

Esta iniciativa se centra en brindar mayor flexibilidad a los trabajadores, en lugar de imponer una edad de jubilación fija. El enfoque facultativo de la ley se alinea con las tendencias globales, donde se valora la experiencia y la contribución de los trabajadores mayores en el mercado laboral.

En el dictamen, se señala que las oficinas de recursos humanos tienen que considerar la evaluación médica. “Si el empleador rechaza la solicitud del trabajador sin valorar este informe o el resultado de la evaluación médica, el rechazo se presume como despido nulo», se lee en el dictamen aprobado.

“Hay varios trabajadores a los cuales favorece la presente ley que están en condiciones físicas y mentales óptimas para desempeñar sus funciones. Se trata de un grupo de trabajadores que tiene conocimiento, experiencia vital para el servicio que brindan en el Estado, al ciudadano y en beneficio de los consumidores”, afirmó el congresista Pasión Dávila, presidente de la Comisión de Trabajo.

¿Cuándo será la segunda votación?

Tras su aprobación inicial en la Comisión Permanente, está pendiente una segunda votación. Esta etapa es crucial para la implementación final de la ley. Según el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, aquello será luego de transcurrir siete días calendario, es decir, el próximo jueves 25 de enero.

Subcomisión del Congreso declaró procedente acusación contra Martín Vizcarra por caso ‘Vacunagate’

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este martes, por mayoría, admitir a trámite dos acusaciones constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’.

Como se recuerda, el año 2020, diversos medios de comunicación revelaron que el exmandatario, funcionarios de su Gobierno, sus familiares y otros personajes del rubro político habrían sido inoculados irregularmente con la vacuna de ensayo de Sinopharm en medio de la pandemia COVID-19.

Al respecto, la SAC decidió declarar procedentes dos denuncias contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de concusión por, supuestamente, haberse beneficiado él, su esposa y su hermano con dichas vacunas de ensayo.

Proponen proyecto de ley que busca clasificar como nepotismo la contratación de compadres, padrinos y ahijados

La bancada de Perú Bicentenario presentó un proyecto de ley que buscaba modificar la norma sobre las prohibiciones para contratar a trabajadores en el sector público. El objetivo es calificar como nepotismo los vínculos laborales con compadres, padrinos y ahijados.

La iniciativa firmada por Elías Varas, Guido Bellido, José María Balcázar y Jorge Coayla, fue presentada ante mesa de partes este martes 9 de enero.

PROYECTO DE LEY PARA AMPLIAR RESTRICCIONES POR NEPOTISMO HASTA COMPADRES,CONVIVIENTES,PADRINOS,MADRINAS Y AHIJADOS

El documento propone modificar dos artículos de la ley N°26771, que establece prohibiciones para ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personas en el sector público por parentesco. En el artículo 1 se propone incluir, además de la restricción con parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, a aquellos que sostengan una relación de compadrazgo, padrinos y madrinas.

“Para los efectos de la presente ley, el parentesco por afinidad se entiende también respecto del concubino, conviviente y progenitor, compadre, padrino, madrina, ahijada y ahijado”, argumenta el párrafo que sería agregado.

Además, sugieren incorporar en el artículo 83 sobre nepotismo las mismas restricciones. Según la postura de los legisladores, las normativas actuales no han logrado prevenir que algunos titulares de instituciones públicas “se rodeen de personas con quienes mejor manejan la institución en función de intereses particulares y subalternos”.

Congreso dispone gasto de s/60.000 en tarjetas de consumo adicionales a las de Navidad

Peligrosa disposición en tiempos de recesión. El Congreso de la República —continuando en su línea de poca austeridad— dispuso, según consta en el acta de la sesión N.º 24 de la Mesa Directiva, llevada a cabo el último lunes 11 de diciembre, la adquisición de 35 tarjetas de consumo adicionales para que sean entregadas en fechas especiales, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Trabajo y otras. Cada una tiene un valor de S/1.700, por lo que en total implicaría un gasto aproximado de S/59.500 adicionales a lo ya gastado en Navidad por este mismo concepto.

“Autorizar a la Dirección General de Administración para adquirir 35 tarjetas electrónicas de consumo adicionales para ser entregadas, a título de liberalidad, durante diversos eventos, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Trabajo y otras actividades sociales de la Mesa Directiva”, se lee en acta de acuerdo de Mesa Directiva.

Esto a pedido del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON), mediante la cual “solicita la adquisición adicional de tarjetas electrónicas para su entrega en diversas actividades laborales y sociales”.

Una puerta abierta a este beneficio fuera de Navidad:
Si bien se trata de 35 tarjetas adicionales, y no una cifra total para los 130 congresistas y más de 3.000 trabajadores parlamentarios que actualmente se encuentran activos en el Poder Legislativo, esto representan una puerta abierta a que la Mesa Directiva de Alejandro Soto eventualmente disponga instalar este beneficio fuera de Navidad. Hay que tener en cuenta que en diciembre, solo por el concepto de tarjetas de consumo, se desembolsó más de 6 millones.

En tanto, las reparticiones de esas 35 tarjetas de consumo adicionales quedarán a disposición y criterio de la Dirección General de Administración (DGA), que tendrá también que supervisar y realiza el control de los requerimientos para la entrega del beneficio. Se deberá dar cuenta de lo decidido a la actual Mesa Directiva.

Congresista con muchos beneficios en diciembre:
Los 130 congresistas no solo reciben su sueldo de S/15.600 en diciembre, también se les suma otros beneficios por Navidad que los llevan a cobrar más de S/40.000 soles en ese mes. A su remuneración se le debe incluir la gratificación de S/15.600; el bono por desempeño laboral, por S/7.617; el bono por semana de representación, de S/2.800, y la tarjera de consumo como aguinaldo, por S/1.700.

Finalmente, si bien hay discrepancias entre las fuerzas políticas que conformar la estructura del Congreso de la República, cuando se traba de beneficios económicos son pocas las voces disidentes que se oponen a la larga lista de bonos que reciben en diciembre. La respuesta siempre es la misma: la decisión puede ser impopular, pero es legal.

Congreso resucita proyectos de ley que criminalizan el ejercicio del periodismo

El ejercicio del periodismo en el Perú vuelve a ser amenazado con dos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República, lo que ha despertado las alarmas en todos los reporteros del país en medio de un contexto desafiante en donde la libertad de prensa estaba siendo siendo coaccionada incluso por las fuerzas policiales y militares como ocurrió en durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte,.

En tal sentido, las iniciativas mencionadas han sido presentadas por los parlamentarios Segundo Montalvo y Segundo Quiroz, de Perú Libre y la Bancada Magisterial, respectivamente, han resucitado o reciclado anteriores iniciativas legislativas orientadas a criminalizar la actividad informativa. Esto último ha sido alertado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El PL 6718/2023-CR, del congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, pretende mediante una modificación al Código Penal elevar las penas por difamación de tres a cinco años.

Este proyecto busca que la pena de cárcel disuada a los periodistas que investigan el poder. Cabe recordar que un proyecto de ley de idéntica naturaleza, presentado por el mismo parlamentario, en agosto del 2022, fue archivado en la anterior legislatura al vulnerar las garantías para el ejercicio del periodismo en el país.

«La propuesta no solo afectaría con la penalización de fuentes periodísticas, sino que también busca alcanzar “a quien se aproveche o continúe difundiendo dicha información por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social. Queda clara la voluntad del legislador de sancionar a las y los periodistas», mencionó la ANP a través de un comunicado.

En dicha línea, el PL 6714/2023-CR, del legislador Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, plantea “incorporar el artículo 409°-C que tipificará el delito de «revelación y difusión de información clasificada por ley como reservada, secreta o confidencial en una investigación y proceso penal» y modificar el artículo 409° del código penal que regula el delito de ‘falsedad en juicio’”, esto, con la finalidad de sumar la figura de “revelación y difusión de información clasificada por ley”.

«Estos proyectos de los congresistas Montalvo y Quiroz violan lo prescrito en la Convención Americana de Derechos Humanos y se suman a la lista de amenazas legislativas planteadas por congresistas de distinto signo político que subsisten para debate», señaló el gremio periodístico.

Por último, la ANP señaló que más de 150 periodistas han sido llevados a tribunales en todo el territorio nacional en los últimos cinco años.