La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por la demora injustificada de más de 20 años en cumplir una sentencia judicial que favorecía a un jubilado, lo que constituyó una violación a sus derechos humanos. La resolución fue comunicada el 2 de diciembre de 2025.

El caso se remonta al 24 de julio de 2003, cuando los tribunales peruanos ordenaron que Eduardo Nicolás Cuadra Bravo fuera incorporado al régimen pensionario correspondiente al Decreto Ley n.º 20.530. A pesar de la claridad del fallo, no se determinó con certeza qué conceptos debían tomarse en cuenta para el cálculo de su pensión y, por lo tanto, la cantidad que le correspondía.

Durante años, la deuda por su pensión llegó a S/ 1.124.705,50. Foto: difusión

A consecuencia de ello, durante las décadas que duró el proceso, el monto varió reiteradas veces —en incrementos y reducciones—, lo que ocasionó una deuda por dicho adeudo, que ascendió a S/ 1.124.705,50 millones con el Banco de la Nación. Para cumplir con la obligación, la entidad le redujo un 20% de su pensión mensual.

Al analizar el caso, el Tribunal determinó que el caso del señor Cuadra Bravo derivó de una problemática estructural en Perú: la demora injustificada e innecesaria en la ejecución de decisiones judiciales. En ese sentido, la institución declaró que el país violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la integridad personal y el proyecto de vida del agraviado.

Fallo de la Corte IDH

Como parte de la condena, la Corte Interamericana ordenó una serie de medidas obligatorias contra el Estado peruano para reparar el daño causado a Cuadra Bravo. En primer lugar, dispuso que el país no pueda exigirle ni cobrarle ningún monto por concepto de supuestas deudas derivadas de su pensión. En consecuencia, el adeudo de más de S/ 1,1 millones quedó sin efecto.

Además, como medida de satisfacción, ordenó que el Estado publique un resumen de la sentencia en el Diario Oficial El Peruano y en un medio de amplia circulación nacional, así como difundir el fallo completo en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial por al menos un año.

Respecto a la reparación económica, la entidad estableció el pago de US$10.000 por daño material, debido a los descuentos indebidos realizados a su pensión, y de US$20.000 por daño inmaterial, por la incertidumbre y la afectación a su proyecto de vida tras más de 20 años sin conocer el monto que debía percibir. Asimismo, dispuso el pago de US$10.000 por costas y gastos del proceso judicial en Perú y de US$5.000 por su representación legal ante el sistema interamericano.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó en la ceremonia de condecoración con la Medalla al Defensor de la Democracia donde cuestionó la actuación de la Corte IDH durante los años 80 y 2000 de la época del terror.

Dina Boluarte cuestiona a la Corte IDH

Durante la ceremonia oficial de condecoración con la Medalla al Defensor de la Democracia realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria Dina Boluarte recibió a integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) con motivo del Día de los Defensores de la Democracia el próximo 12 de setiembre.

Durante el discurso de Dina Boluarte, la mandataria se refirió a la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resolvió que autoridades peruanas deben abstenerse a adoptar la ley de amnistía promulgada por su gobierno.

Como respuesta, Boluarte indicó que la postura del Perú será seguir evaluando su permanencia en el Sistema interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Además, indicó la «necesidad» de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema.

Por ello, cuestionó el accionar de la Corte durante los años 80 y 2000 en el estallido del terrorismo en el Perú indicando que no estaría la reparación civil para los peruanos fallecidos en esa época.

«A los de la Corte les pregunto ¿ dónde está nuestra reparación 20 años de terror y dónde está la reparación civil para los 70.000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?»

Boluarte condecoró a Benedicto Jiménez con el grado de general de la Policía Nacional

En la ceremonia, Dina Boluarte resaltó el trabajo de Benedicto Jiménez, a quien le confirió el ascenso excepcional por acción distinguida al grado de general PNP en reconocimiento de su trabajo de inteligencia para la captura de Abimael Guzmán. 

Durante el discurso de Boluarte, la mandataria señaló que aquellas personas que no vivieron la época de terror en el país no pueden «valorar» a quienes sí lo hicieron.

«Como dijo en general Benedicto Jiménez, en esos tiempos la democracia en el país ya la daban por perdida. Los que no vivieron esos tiempos no pueden valorar lo que sí vivimos.

Durante la ceremonia de condecoración a integrantes de la PNP y a Benedicto Jiménez como defensores de la democracia, la presidenta Dina Boluarte cuestionó a la Corte IDH por su actuación durante la época del terrorismo entre los años 80 y 2000. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR, que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que se encuentren denunciados, investigados, procesados o hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.

En un comunicado, la cartera señaló que las reiteradas disposiciones de la Corte IDH «contravienen el derecho internacional», al considerar que las acciones del organismo «no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal».

«El Perú reafirma el irrestricto respeto que demanda de su soberanía y de los propios principios fundacionales del Sistema Interamericano, particularmente el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, que reconocen el rol primario de los Estados en la garantía de los derechos fundamentales y la tutela de presuntas afectaciones a los derechos humanos», indicó el Minjusdh.

«En esa línea, la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema», enfatizó.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que, en el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, participará en la audiencia convocada por la Corte IDH para el próximo 21 de agosto, a través de sus agentes acreditados, quienes expondrán con argumentos fácticos y jurídicos la defensa del Estado peruano.

La conocida como ley de aministía fue aprobada, en segunda votación, por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. Dicha iniciativa, propuesta por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.