Dina Boluarte cuestiona a la Corte IDH: «¿Dónde está la reparación para los 70 mil peruanos que fallecieron a manos de SL y MRTA?»

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó en la ceremonia de condecoración con la Medalla al Defensor de la Democracia donde cuestionó la actuación de la Corte IDH durante los años 80 y 2000 de la época del terror.

Dina Boluarte cuestiona a la Corte IDH

Durante la ceremonia oficial de condecoración con la Medalla al Defensor de la Democracia realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria Dina Boluarte recibió a integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) con motivo del Día de los Defensores de la Democracia el próximo 12 de setiembre.

Durante el discurso de Dina Boluarte, la mandataria se refirió a la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resolvió que autoridades peruanas deben abstenerse a adoptar la ley de amnistía promulgada por su gobierno.

Como respuesta, Boluarte indicó que la postura del Perú será seguir evaluando su permanencia en el Sistema interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Además, indicó la «necesidad» de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema.

Por ello, cuestionó el accionar de la Corte durante los años 80 y 2000 en el estallido del terrorismo en el Perú indicando que no estaría la reparación civil para los peruanos fallecidos en esa época.

«A los de la Corte les pregunto ¿ dónde está nuestra reparación 20 años de terror y dónde está la reparación civil para los 70.000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?»

Boluarte condecoró a Benedicto Jiménez con el grado de general de la Policía Nacional

En la ceremonia, Dina Boluarte resaltó el trabajo de Benedicto Jiménez, a quien le confirió el ascenso excepcional por acción distinguida al grado de general PNP en reconocimiento de su trabajo de inteligencia para la captura de Abimael Guzmán.

Durante el discurso de Boluarte, la mandataria señaló que aquellas personas que no vivieron la época de terror en el país no pueden «valorar» a quienes sí lo hicieron.

«Como dijo en general Benedicto Jiménez, en esos tiempos la democracia en el país ya la daban por perdida. Los que no vivieron esos tiempos no pueden valorar lo que sí vivimos.

Durante la ceremonia de condecoración a integrantes de la PNP y a Benedicto Jiménez como defensores de la democracia, la presidenta Dina Boluarte cuestionó a la Corte IDH por su actuación durante la época del terrorismo entre los años 80 y 2000.

Ministra de Comercio Exterior confirma que Perú evalúa retiro de la Corte IDH

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que el gobierno se encuentra evaluando la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Trabajamos de manera articulada y colaborativa: acogemos recomendaciones e incluso las implementamos. Sin embargo, cuando ya no se trata de sugerencias, sino de exigencias de ‘no hacer esto o aquello’, eso escapa a nuestro espíritu de cooperación”, declaró la ministra en RPP.

El pronunciamiento se dio un día después de que la presidenta Dina Boluarte anunciara que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley sobre soberanía nacional. Al respecto, la titular del Mincetur precisó que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“Este no es un asunto que se resuelva de un día para otro. No se trata de decidir hoy y salir mañana. Es producto de una evaluación, de un estudio serio, de sentarnos a analizar qué es lo que realmente conviene al país”, subrayó.

León consideró que algunos organismos internacionales han incurrido en actos de “intromisión” en políticas del gobierno.

Crecimiento en exportaciones

La ministra destacó que, pese a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las exportaciones peruanas han seguido en aumento. En esa línea, señaló que EE. UU. se mantiene como el segundo socio comercial del Perú, aunque en un mes la Unión Europea lo superó como destino de las exportaciones.

“Tenemos que ver el acumulado, pero aun con las medidas arancelarias de Estados Unidos hemos registrado un crecimiento en nuestras exportaciones hacia ese país”, afirmó.

Según León, en lo que va del 2025 se han alcanzado más de US$ 40,000 millones en exportaciones, y se proyecta cerrar el año con más de US$ 80,000 millones, superando los US$ 74,000 millones obtenidos en 2024.

Ministerio de Justicia responde a la Corte IDH tras pedido para suspender trámite de ley que concede amnistía a militares y policías

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR, que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que se encuentren denunciados, investigados, procesados o hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.

En un comunicado, la cartera señaló que las reiteradas disposiciones de la Corte IDH «contravienen el derecho internacional», al considerar que las acciones del organismo «no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal».

«El Perú reafirma el irrestricto respeto que demanda de su soberanía y de los propios principios fundacionales del Sistema Interamericano, particularmente el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, que reconocen el rol primario de los Estados en la garantía de los derechos fundamentales y la tutela de presuntas afectaciones a los derechos humanos», indicó el Minjusdh.

«En esa línea, la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema», enfatizó.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que, en el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, participará en la audiencia convocada por la Corte IDH para el próximo 21 de agosto, a través de sus agentes acreditados, quienes expondrán con argumentos fácticos y jurídicos la defensa del Estado peruano.

La conocida como ley de aministía fue aprobada, en segunda votación, por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. Dicha iniciativa, propuesta por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.

Vizcarra confía en que será candidato en Elecciones Generales 2026: «Veo difícil que la Corte IDH no corrija este atropello»

Confía en revertir la situación. Martín Vizcarra, expresidente inhabilitado para ejercer función pública por el Congreso de la República, considera que sí podrá postular en las próximas elecciones presidenciales. El todavía precandidato anunciado por el partido Perú Primero apuesta a que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —órgano con injerencia supranacional encargado de evaluar un recurso interpuesto por el exmandatario para levantar las inhabilitaciones— le permitirá participar en los próximos comicios. Además, indicó que, en caso no le permitan postular de ninguna forma, su partido cuenta con otros nombres adecuados para asumir el rol de candidato presidencial.

“Sigo totalmente en campaña. Yo veo muy difícil que la CIDH no corrija ese atropello. Pónganse en el caso de que no lo corrija o que lo haga fuera de plazo: aun así, hay varios profesionales que pueden suplir ese puesto. Mi hermano es uno, tiene las condiciones, pero hay más también que podrían ir. Por lo menos ocho o diez personas”, mencióno Vizcarra.

El exjefe de Estado también comentó que todavía no ha definido ninguna alianza entre su partido y otras agrupaciones participantes de la contienda nacional. Aseguró que se encuentran en conversaciones con varias organizaciones y que no habría posibilidad de que uno de esos partidos aliados sea Fuerza Popular, la agrupación de Keiko Fujimori.

«Todavía no tenemos definida ninguna coalición. Pero hay varios partidos que nos siguen. Obviamente, no nos aliaríamos con el fujimorismo. ¿Por qué creen que el Congreso, con el fujimorismo a la cabeza, me ha inhabilitado tantas veces?”, indicó al respecto el exmandatario.

Martín Vizcarra acude a la Corte IDH con medida cautelar para revertir su inhabilitación por el Congreso

Martín Vizcarra dio a conocer que interpuso una medida cautelar ante la CIDH al considerar que el Tribunal Constitucional (TC) actuó con fines políticos al no paralizar las inhabilitaciones dictadas en su contra. Durante una conversación con Exitosa, el exmandatario señaló que su intención es que dichas inhabilitaciones queden suspendidas.

Vizcarra explicó que ya presentó ante la Corte IDH una acción de amparo, aunque este tipo de procesos suelen tardar entre cuatro y cinco años debido al volumen de casos similares. Además, detalló que recién este año formuló la solicitud de medida cautelar, la cual no anula la sanción, pero sí puede detenerla temporalmente, posibilidad que, según dijo, podría materializarse antes de los próximos comicios.

De acuerdo con sus declaraciones, el exgobernante afirmó que tenía conocimiento de que el TC había rechazado su pedido de levantamiento de inhabilitación, pero los magistrados optaron por no notificarle oficialmente porque sabían de su intención de acudir a instancias internacionales. Incluso, acusó a la presidenta del TC, Luz Pacheco, de ordenar que la resolución se mantuviera en reserva. Por último, Vizcarra cuestionó que el fallo recién se hiciera público cuando el requerimiento de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez Atoche estaba por ser desestimado, calificando este acto como parte de un “cálculo político” carente de fundamentos.

Corte IDH requiere al Estado peruano que no adopte proyecto de ley que pretende prescribir crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que, mediante sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.

Mediante una resolución, la Corte IDH dio esta disposición para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a cuyas sentencias hace referencia el proyecto aprobado en primera votación por el Congreso de la República el pasado 6 de junio.

Requieren también al Estado peruano que presente con fecha límite el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, señalan que se deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, desde la remisión del último informe, respecto de las medidas provisionales adoptadas, ello hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.

Desde la Corte solicitan, además, que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, que serán contadas desde la notificación de los informes del Estado.

Piden observaciones sobre informes del Estado

Asimismo, requieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente sus observaciones a los informes estatales en un plazo de dos semanas y disponen que la Secretaría de la Corte notifique de esta resolución al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre sus consideraciones, la Corte IDH señala que la redacción de las disposiciones de la iniciativa parlamentaria podría interpretarse como que las calificaciones complementarias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta podrían ser objeto de nulidad. Ello, dijeron, tendría un impacto negativo en los avances alcanzados respecto de la obligación de investigar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de estos estos casos.

En este caso está involucrado Alberto Fujimori, quien fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023, al amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana.

Aprobación en primera votación

El Legislativo aprobó, en primera votación, el pasado 6 de junio con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones el proyecto de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002.

Con esta medida, se considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad entraría en vigor recién a partir de este año, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían amparados y se contrapondrían con los principios de legalidad y de irretroactividad.

Corte IDH: familiares de las víctimas piden dictar medidas para evitar la impunidad

Tras escuchar a los representantes de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y a los agentes del Estado sobre el pedido de medidas provisionales contra el proyecto de ley que limita la lesa humanidad antes del 2022, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, culminó la audiencia recordando que continúa vigente la resolución que ordena suspender el trámite de dicha norma. Por lo tanto, la Comisión Permanente no pueda ponerlo a debate para segunda votación.

Los representantes de las víctimas solicitaron al tribunal internacional que dicte medidas cautelares para evitar impunidad, pues de convertirse en ley, afectaría cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Advirtieron que en cualquier momento la Comisión Permanente puede aprobarla en segunda votación y el Ejecutivo no se ha pronunciado en contra, por lo que la promulgaría. Informaron que el abogado de Alberto Fujimori anunció que se acogerá para anular el fallo que lo condenó por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Lo mismo pasaría en otros casos.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, exhortó a la Corte IDH a apoyarlos para que prevalezca el derecho a la justicia.

“Las pocas sentencias que tenemos ahora corren peligro frente a este proyecto de ley de un Congreso muy activo para defender a violadores de derechos humanos”, señaló.

Por su parte, los agentes del Estado aseveraron que el proyecto de ley no está vinculado al caso Barrios Altos y La Cantuta, y que se está intentando que haya un control de convencionalidad para la aprobación de normas. Indicaron que ningún condenado en el caso Barrios Altos y La Cantuta fueron sentenciados por lesa humanidad, por lo que de aprobarse no podría aplicárseles la norma.

Asimismo, negaron que los jueces no puedan ejercer el control difuso y afirmaron que en Perú hay respeto por las instituciones.

Finalmente, los abogados de los familiares de las víctimas solicitaron que dado el grave riesgo de la inminente aprobación de esta norma, solicitaron a la Corte IDH que adopte medidas provisionales ordenando al Estado peruano que se abstenga de aprobar esta norma u otra similar.