Representante de Perú en la OEA: El Sistema Interamericano de DD.HH. no se puede oponer al indulto de Fujimori

El próximo 4 de marzo vence el plazo máximo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó al Estado peruano para que presente un informe sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó los efectos del indulto humanitario y dejó en libertad al expresidente Alberto Fujimori en diciembre del 2023.

La Corte IDH dispuso que el Perú presente ante este organismo internacional un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos por los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’, por los cuales Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2009.

A casi dos semanas de que venza el plazo, Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), alegó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería trabajan conjuntamente en el informe que presentará el Estado peruano.

En el programa Ampliación de Noticias, el jurista ratificó que nuestro país defenderá la posición que adoptó el TC para restituir el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en diciembre del 2017.  

“La primera semana de marzo vamos a dar respuesta… Confiamos en que nuestra respuesta sea lo suficientemente contundente como para que la Corte [IDH] entienda las razones del TC, la posición del Estado peruano y, con ello, sea suficiente”, declaró.

“No se pueden oponer al indulto”

Adrianzén dijo que también existe la posibilidad de que el organismo internacional -que previamente consideró que el Perú cometió “desacato” al ejecutar el indulto al exmandatario-no quede conforme con la respuesta del país.

“Esa es la posición que vamos a defender. Esa es la posición que el Estado peruano ha asumido. Después de la audiencia, la Corte IDH podría sentirse satisfecha. El gran temor, el Coco que nos han metido, es que la Corte IDH, en su informe anual, [señale] que el Estado peruano ha tenido esta discrepancia…”, detalló.

A juicio del jurista y también exministro de Justicia, la Corte IDH no se puede oponer al indulto de Alberto Fujimori, dado que -indicó- esta figura es una facultad presidencial reconocida por el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“No se pueden oponer al indulto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque el indulto es una facultad presidencial. Se está cuestionando, quizás, el procedimiento seguido y algunas deficiencias; pero el indulto como tal es una facultad presidencial que el propio sistema reconoce”, sentenció.

Congreso: propondrán retiro del Perú de la Corte Interamericana de DD.HH.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga, afirmó que su grupo de trabajo se pronunciará a favor de la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido al sesgo ideológico que ha demostrado y que perjudica al país.

Nosotros como poder del Estado vamos a solicitar un retiro de la Corte IDH, no podemos continuar en esta corte. Como Relaciones Exteriores podemos solicitar que se contemple esta situación, que el país ya no soporta los vejámenes de esta corte que lo único que ha pretendido es ponernos en genuflexión para poder aceptar sus mandatos sesgados, llenos de perversidad y antiperú”, señaló el legislador.

Dijo ello tras comentar la admisión a trámite por parte de la CIDH de una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.

Sobre el caso de Víctor Polay Campos, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) sostuvo que ahora le toca al Estado peruano defenderse, dejando en claro que se administró justicia con respeto irrestricto a los derechos humanos.

 Explicó que desde hace muchos años, las organizaciones terroristas tienen una estrategia legal para su defensa.“Acá mismo operaron con un organismo generado por Sendero Luminoso que se denominaba Movimiento Popular de Control Constitucional, y es la que planteó acciones de inconstitucionalidad y lograron una sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales muchas normas contra el terrorismo”, dijo.