Defensoría del Pueblo sobre ‘Toma de Lima’: Movilizaciones sociales son una expresión del derecho a la protesta

A menos de una semana de que ocurra la tercera ‘Toma de Lima’, la Defensoría del Pueblo le recordó a la Policía Nacional del Perú que las movilizaciones son una expresión del derecho a la protesta pacífica.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la entidad señaló que se debe de buscar garantizar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.

«Recordamos a la PNP que movilizaciones sociales son una expresión del #DerechoALaProtesta pacífica. Se debe garantizar la especial protección de los derechos de grupos vulnerables, como mujeres, niñas/os, adolescentes y personas mayores», se lee en el tweet.

Oficio a PNP

A través de un oficio dirigido a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), el organismo del Ministerio Público recordó que las fuerzas del orden tienen el deber constitucional de garantizar el derecho a la vida e integridad física de las personas.

La Defensoría exhortó a la aplicación del uso de la fuerza debe estar sujeta al respeto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tal como lo establece el Decreto Legislativo N.° 1186.

«La Defensoría del Pueblo recuerda que, de acuerdo a su rol constitucional, la institución vela por la protección de los derechos de las personas que participan en las movilizaciones, aquellas que se mantienen al margen», asegura el organismo encabezado por Josué Gutiérrez Cóndor.

Policía Nacional anuncia cierre de vías

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el cierre temporal de diferentes vías ante las próximas protestas que se llevarán a cabo este 19 de julio.

Las avenidas que permanecerán cerradas son la Av. Peruanidad, Guzmán Blanco, 9 de diciembre, Plaza Bolognesi, el Óvalo Grau y Paseo de los Héroes Navales.

Cabe resaltar que las mencionadas avenidas son las zonas más álgidas, donde se concentran muchos manifestantes y ha sido escenario de varios enfrentamientos entre la PNP y los protestantes.

Además de las vías de tránsito vehícular, el Centro Histórico de Lima permanece con rejas de acero por todo su perímetro. Es decir, el ingreso hacia la Plaza de Armas se encuentra cerrado; únicamente las personas cuyo centro de labores se ubica en la zona pueden ingresar.

Los turistas que deseen llegar hasta la parte central de la Plaza Mayor de Lima no lo podrán hacer. Asimismo, tampoco podrán acercarse a las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la tercera ‘Toma de Lima’ y recordó a la PNP que las movilizaciones están avaladas por el derecho a la protesta.

Mujer denunció al jefe de la Defensoría del Pueblo de Ica por tocamientos indebidos

Una joven, quien realiza voluntariado en la Oficina Defensorial de Ica de la Defensoria del Pueblo, denunció al jefe de dicha entidad, Jorge Luis Hernández Velarde, por presuntos tocamientos indebidos.

Según la denuncia, interpuesta ante la Policía Nacional, los hechos se produjeron en el interior de la Oficina Defensorial, cuando Hernández Velarde se sobrepasó con la joven; a quien, primero, abrazó y, luego, le tocó las piernas.

La víctima declaró que se encontraba mal anímicamente, debido a una enfermedad que padece su madre, algo que aprovechó el titular de la Defensoria del Pueblo de Ica para abrazarla, sobarle la espalda y, acto seguido, bajar sus manos hasta tocarle las piernas reiteradas veces, algo que la hizo sentir incómoda.

Si bien el suceso se produjo el pasado 5 de abril, la joven presentó la denuncia por tocamientos indebidos recién el pasado 15 de junio. Esto -manifestó- por temor a recibir represalias.

El Poder Judicial de Ica, por su parte, dio a conocer que la denunciante contará con medidas de protección mientras continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Asimismo, la Defensoria del Pueblo señaló que separó del cargo a Jorge Luis Hernández Velarde ni bien tuvieron conocimiento de la denuncia que presentó su representante en Ica.

Defensoría del Pueblo reporta 5 casos de abuso sexual en frontera de Perú-Chile

Tras una visita a la frontera Perú-Chile que realizó este 10 de mayo, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, declaró que se ha reportado la denuncia de cinco casos de abuso sexual en el campamento que se ha instalado en el límite entre ambos países.

Desde hace 28 días, el desierto que conecta a Tacna y Arica (Chile), ubicado a lado de la carretera Panamericana Sur, se ha convertido en el hogar de ciudadanos extranjeros que desean salir de Chile y a su vez no pueden ingresar a territorio peruano a causa de falta de documentos requeridos por Migraciones.

En este contexto, Eliana Revollar y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Consuelo Contreras Largo, llegaron hasta esta zona y sostuvieron una reunión para tratar la problemática de la crisis migratoria. La funcionaria peruana explicó que las personas que viven en las carpas ubicadas en el desierto están expuestas a peligros.

“La población venezolana, debido a la situación en la que está, ha sido víctima de ataques. Hay cinco casos de violación sexual. Ellos están expuestos, es por eso que creo que debe trabajar el tema de la vulnerabilidad entre ambos países. Pero, además, comprometer al país de origen, que es Venezuela, para que el retorno sea ordenado”, detalló Revollar.

Líneas seguidas, manifestó que la Defensoría está al tanto de lo que ocurre en la frontera y Tacna, donde migrantes viven en la calle, óvalos o plazas. En tanto, la Policía Nacional y Fiscalía ejecutan operativos para conminar a los ciudadanos extranjeros a que busquen albergues y abandonen las calles.

Pescadores lanzan peces negros frente a las oficinas de Repsol en Lima como protesta por un derrame

Decenas de pescadores artesanales arrojaron peces negros este martes a las afueras de la empresa española Repsol en Lima, como protesta por la contaminación que causó un derrame de crudo de la petrolera en enero, en las costas de Perú.

El grupo de manifestantes elevó enormes pancartas y arrojó peces muertos teñidos de negro para exigir que se incorpore a miles de afectados por el derrame a un padrón de beneficiarios y que se mejore la gestión de las indemnizaciones económicas por los daños del vertido.

«Hay personas fuera del padrón de afectados. En marzo la Defensoría del Pueblo (ombudsman) había estimado más de 15.000 personas afectadas, y el padrón está compuesto hoy por 10.000 personas aproximadamente», dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.

El derrame, de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima.

«Tenemos un pliego de reclamos vinculados a la actividad de la pesca artesanal y otros administrativos (…) La empresa ha señalado que tiene la disposición, pero nosotros queremos resultados», advirtió Rossi.

Las distintas asociaciones de pescadores y comerciantes presentes en la protesta, que representan a unos 3.000 afectados de la zona contaminada, aseguraron que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque persiste el vertido.

«No podemos pescar (…) tenemos que ir dos o tres días a la chacra» (ndlr: huerto) a buscar alimentos, expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay.

«Por eso pedimos que nos indemnicen. Que vengan y verifiquen si somos pescadores artesanales», añadió Cruz, mientras sostiene una pancarta exigiendo respuestas a la petrolera española.

«Estamos con préstamos, endeudándonos de un banco, de otro banco. Y ellos nos dicen ‘te damos tanto’, pero no nos cubre», afirma a la AFP Rosa Lozano, una pescadora y armadora de 38 años y madre de 5 hijos.

La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.

Defensoría del Pueblo revela que «testigo clave» en caso de Freddy Díaz murió en un asalto

El suboficial PNP Percy Pineda Toscano, testigo importante en el caso que afronta el congresista Freddy Díaz por presunta violación, murió en un asalto en agosto pasado, según reveló este martes la defensora encargada del Pueblo, Eliana Revollar. Esta persona estaba citada para declarar el fin de semana.

“Estamos muy preocupado, por ejemplo, porque un suboficial que era testigo clave, lamentablemente, en un enfrentamiento con delincuentes ha perdido la vida. Él estaba citado para este viernes 16″, manifestó la funcionaria en una entrevista que brindó para Epicentro TV.

Según explicó Revollar, el policía era encargado de resguardar la puerta del local de Azángaro del Congreso. En ese lugar que se dio presuntamente el abuso sexual por parte de Freddy Díaz contra su extrabajadora.

«Él estaba en un viaje y fue interceptado por tres personas para asaltarlo y haciendo uso de su armamento reglamentario repelió el ataque. Su hijo de tres años pudo sobrevivir. Pero ya este testigo, para efectos de este caso, no está», expresó la funcionaria.

MIMP pide sancionar a congresistas que bebieron con Díaz

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, criticó la sanción de 120 días de suspensión en contra de Freddy Díaz, y pidió a la Comisión de Ética del Congreso que también recomiende sancionar a los otros parlamentarios que bebieron alcohol con el suspendido parlamentario.

Según la defensa legal de Díaz, el pasado 26 de julio, día en que el suspendido legislador habría abusado de una de sus trabajadoras de su despacho, hubo una celebración previa en la cual se libó licor al interior de las instalaciones del Congreso.

Trabajadora pide prisión para Freddy Díaz

La extrabajadora del despacho de Freddy Díaz contó Epicentro TV reiteró su pedido de que el legislador vaya a prisión por el daño que le hizo pasar en julio pasado.

“Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues, lo voy a hacer, así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar, y después de esta entrevista estoy segura de que voy a ir a mi casa y voy a estar peor, (empieza a llorar) pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso”, relató la mujer.

Antes de que Díaz fuera a beber con la trabajadora de su despacho, el sancionado legislador estuvo con sus colegas Idelso García y Eduardo Salhuana en el despacho de este último tomando vino, según informó La República.

Defensoría del Pueblo solicita al presidente de la República observar autógrafa de ley que modifica el proceso electoral

Frente a la aprobación del proyecto de ley que modifica el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, al otorgar un plazo excepcional para la inscripción de candidatas/os a elecciones internas, así como la realización de elecciones internas complementarias, la Defensoría del Pueblo considera oportuno señalar lo siguiente:

1.- El 26 de noviembre de 2021, mediante Resolución n.° 923-2021-JNE, se aprobó el cronograma de elecciones internas, según el cual el 9 de abril era la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que el 15 de mayo lo era para la elección interna de candidatas/os y delegadas/os por parte de sus afiliadas/os.

2.- Para la ejecución de tales comicios, la Ley ° 31357 encomendó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organización de las elecciones internas y al JNE la fiscalización correspondiente. A la fecha, ambas entidades, conforme han señalado en un pronunciamiento conjunto, han desplegado actividades impostergables y comprometido presupuesto público.

3.- En consecuencia, ampliar los plazos de la inscripción de candidaturas y modificar las reglas de las elecciones internas, a solo unos días de su realización, pone en riesgo la ejecución misma del proceso electoral.

4.- No solo ello, de acuerdo con las reglas y principios que rigen los procesos electorales, no resulta posible que dentro del año de realización de las elecciones se modifiquen las reglas que las regulan. Además, como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, la seguridad jurídica es un pilar fundamental de todo proceso electoral, de forma que los plazos electorales son preclusivos y perentorios. El respeto del proceso en su conjunto es una garantía del Estado democrático y constitucional de derecho.

5.- Por consiguiente, demandamos al señor presidente de la República, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, observar la referida autógrafa de ley y solicitar su archivamiento.