La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció sobre las declaraciones de congresistas que señalaron que ministerios habrían sido distribuidos entre distintas fuerzas del Congreso para asegurar respaldo político.

En respuesta a la pregunta de Canal N, Miralles indicó que respeta las opiniones de los parlamentarios, pero rechazó que el Gabinete responda a una lógica de repartición de cuotas.

Señaló que el equipo ministerial no tiene color político y está conformado por peruanos que asumieron funciones en un contexto de emergencia institucional.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es garantizar que no se afecte la provisión de servicios públicos y que el Estado permanezca operativo.

Añadió que el Gabinete fue conformado para atender las necesidades del país en un escenario de crisis y que su labor está orientada a trabajar por la población.

Diálogo con bancadas y voto de confianza

Miralles señaló que iniciará reuniones con las distintas bancadas parlamentarias con miras a obtener el voto de confianza. Indicó que el diálogo se basará en la necesidad de unidad nacional.

La presidenta del Consejo de Ministros reiteró que las prioridades del Gobierno son garantizar elecciones transparentes, fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y atender a los afectados por el fenómeno del Niño, y expresó su expectativa de lograr el respaldo del Congreso sobre esa base.

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, anunció que solicitará al Pleno del Congreso de la República el voto de confianza a su gabinete el próximo miércoles 18 de marzo, tras una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi. Esta presentación ocurre tras la reciente juramentación del equipo ministerial.

«Hemos coordinado la fecha en la que el gabinete programe el voto de confianza, para el 18 de marzo. Además, hemos coordinado otras acciones y hemos reiterado el compromiso de este Gobierno», agregó Miralles en conferencia de prensa.

Asimismo, también se pronunció sobre los comentarios de los congresistas sobre las «repartijas» que se han dado en el gabinete; la premier aseguró que los integrantes del Gabinete carecen de ‘color político’.

«Somos peruanos que, en un espacio de emergencia de nuestro país, en una crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar por lo más importante, que son los peruanos, para que no tengan una afectación en la provisión de los servicios públicos y que puedan tener a su Estado presente y funcionando», mencionó.

El pedido de confianza se da en un contexto de fragmentación parlamentaria. Diversas bancadas han manifestado posturas divididas; mientras sectores como Renovación Popular han anunciado que no otorgarán la confianza, otros grupos parlamentarios han solicitado que el Ejecutivo responda con rapidez a las investigaciones fiscales y procesos judiciales en trámite que afrontan al menos seis ministros del gabinete Miralles. 

Fernando Rospligiosi también se pronunció para ratificar la fecha pactada junto a la primera ministra: «Es claro que, debido a las últimas crisis que hemos tenido, sobre todo que el país está en una situación complicada, es necesario y recomendable tener sensatez y tranquilidad para mantener la estabilidad, pero será el pleno del Congreso quien tenga la última palabra», indicó.

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, se pronunció respecto a un eventual aplazamiento del inicio del año escolar ante las actuales condiciones climatológicas en el país, que vienen afectando diversas regiones con fuertes lluvias.

En una entrevista publicada este domingo en El Comercio, Miralles Miralles consideró que el referido aplazamiento está «en evaluación». Sin embargo, aseguró que sí se tendría que recurrir a dicha medida en determinadas jurisdicciones.

«En cuanto al inicio del año escolar, está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar dependiendo del impacto, porque hay ciudades que están bloqueadas», sostuvo.

La titular de la PCM indicó también que un total de 46 instituciones educativas se encuentran afectadas y que el Ministerio de Educación (Minedu) cuenta con más de 200 domos para ponerlos a disposición de los colegios.

«Respecto al calor en Lima, el año pasado se trabajó en la protección de los patios de los colegios. Prácticamente hay una cobertura casi total de los centros educativos. En el ámbito nacional, hay 46 instituciones educativas afectadas. El Minedu cuenta con 243 domos, que son las aulas prefabricadas que se van a poner a disposición en caso de que sea necesario», aseveró. 

Miralles descarta afectación de la agricultura «a nivel macroeconómico» por Niño costero

Por otro lado, Denisse Miralles sostuvo que los ministros están «desplegados» en el norte del país, atendiendo la emergencia derivada de las intensas precipitaciones pluviales, pero que «ya viene» atender la selva central porque «se nos está complicando». No obstante, señaló que la capital del país «está controlada».

«Lima está controlada. Aquí tenemos un puesto de Indeci que está las 24 horas. Sin embargo, hay que prevenir también. Ahora tratamos de reducir los impactos, pero también hay que comenzar a ser más fuertes en eso que nos lleva a tener a tener esos impactos. Hay municipalidades que dan licencias de construcción en la vera de los ríos, en las quebradas y eso es lo que genera el daño», indicó.

Además, la titular de la PCM consideró que la agroindustria nacional se verá afectada por la situación climatológica, «pero en casos puntuales», con lo que descartó que esa afectación sea «a nivel macroeconómico».

Asimismo, indicó que solicitará «un observatorio de los indicadores de la emergencia» para tener un monitoreo claro de las consecuencias de la situación a nivel nacional.

«Vamos a pedir un observatorio de los indicadores de la emergencia para que, transparentemente, podamos salir y ustedes puedan tener información certera de lo que está desplegando el Estado: las pérdidas estimadas en infraestructura, en los comercios, en la proyección de crecimiento de este año, en esta ocurrencia del fenómeno de El Niño, con un estimado de moderado. Esa es la proyección. El impacto va a estar dentro de los indicadores establecidos», puntualizó. 

El primer gabinete de ministros del Gobierno de José María Balcázar, con Denisse Miralles a la cabeza, ha sido oficializado. Por ello, vale repasar la información consignada por cada uno de los nuevos titulares de las carteras ministeriales. La República pudo constatar, tras verificar las declaraciones juradas de cada nuevo ministro, que seis ministros, incluyendo a la primera ministra, cuentan con investigaciones en curso.

Según la información adjuntada por ella misma, la presidenta del Consejo de Ministros es actualmente investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. No obstante, la titular del gabinete no detalla el delito por el cual viene siendo investigada.

Siguiendo los pasos de su jefa, Hugo Begazo, nuevo ministro del Interior, también se encuentra bajo investigación. Begazo es señalado por presuntamente haber falsificado un documento público. Según la documentación presentada ante las autoridades, al ministro se le acusa de haber firmado una declaración jurada a favor del saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, cuenta con más de una investigación abierta: dos por negociación incompatible y una por colusión agravada. Además, anteriormente el titular de la cartera de Justicia fue incluído en una denuncia por falsificación realizada tras la detección de firmas falsas presentadas ante Reniec para la inscripción de un partido político.

Así como Jiménez, quien también se encuentra investigado por colusión —en este caso, colusión simple— es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, registra dos investigaciones en trámite: una por omisión de funciones y otra por genocidio. Esta última podría explicarse por su pasado político: la actual titular del Minam fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante los inicios del Gobierno de Boluarte, periodo en el que se produjeron las muertes de manifestantes en las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.

Completa la lista Wilder Alejandro Quilcate, ministro de Vivienda. Según su declaración jurada, Quilcate es el integrante del gabinete que enfrenta el mayor número de investigaciones: seis procesos ante las autoridades. Entre otros delitos, es acusado de negociación incompatible, lavado de activos y usurpación, entre otros.

El ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles, también contaría con investigaciones. Esto pese a que no consigno ninguna de ellas en su declaración jurada. En el apartado para comentarios sobre las denuncias en su contra, López Gonzáles deja este comentario:  “He marcado la opcion ‘no’; sin embargo, tengo conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado. Al no tener dicha informacon en detalle al momento de la firma del presente, la consignaré a través del anexo 3″.

Antecedentes señalados

No solo las denuncias en trámite llaman la atención. Otros ministros también registran investigaciones archivadas. Tal es el caso de algunos que aún son investigados, como Denisse Miralles, Luis Enrique Jiménez y Nelly Paredes del Castillo.

La primera ministra llegó a enfrentar graves acusaciones en su momento, al ser investigada por delitos como lavado de activos y otros vinculados a corrupción. Jiménez, titular de Justicia, quien todavía enfrenta una denuncia por colusión, ya tuvo archivado anteriormente un caso en su contra por ese mismo delito. Por último, Paredes del Castillo afrontó denuncias por nombramiento ilegal y omisión de funciones, ambas posteriormente archivadas.

Otros ministros que actualmente no son investigados mantienen antecedentes relevantes. César Quispe Luján, ministro de Producción, llegó a tener hasta diez procesos abiertos por delitos que iban desde apropiación ilícita hasta estafa, incluyendo lavado de dinero. Con ese número de investigaciones archivadas, se convierte en el ministro que más veces enfrentó procesos de esta naturaleza ante las autoridades.

Luis Napoleón Quiroz y Fátima Altabas, titulares de Salud y Cultura, respectivamente, también cuentan con dos investigaciones archivadas. El primero fue acusado de cohecho pasivo propio —figura penal empleada para describir los sobornos—, mientras que la segunda fue investigada por delitos contra la libertad.

Quien también habría sido investigado, aunque no en el fuero judicial ordinario, es el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo. En su declaración jurada, el titular del sector señala que atraviesa un proceso en el fuero militar por faltas vinculadas al ámbito castrense. Sin embargo, no precisa si dicha investigación se encuentra abierta o ya fue cerrada.

Por último, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, no registra denuncias en la información consignada en sus declaraciones juradas. Sin embargo, en redes sociales se viralizó una denuncia presuntamente realizada por su suegra en su contra por violencia sexual. Al respecto, el Ministerio de Educación respondió mediante un comunicado, asegurando que “la denuncia fue archivada luego de que informes del Instituto de Medicina Legal acreditaran que la denunciante presentaba problemas de salud mental”.