Una semana después de que el expresidente Pedro Castillo fuera vacado, las protestas en Lima y provincias se intensificaron. Es por eso que, el 14 de diciembre, la Policía Nacional emitió un informe en el que exponía los motivos por los cuales se debía dictar estado de emergencia por 30 días y así contener el estallido social.

Además, la institución solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la suma de 106 millones de soles. La intención era poder cubrir los gastos del personal que se desplegaría durante dicho régimen.

«El jefe de la División de Economía de la Dirección de Administración de la PNP hace conocer que la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional irrogaría el gasto adicional de S/106 372 450 correspondiente al periodo de treinta días», se lee en el documento.

El presupuesto de la Policía no le permitiría asumir el gasto. «La Unidad Ejecutora no cuenta con recursos presupuestarios disponibles para financiar el mencionado gasto adicional. Por tal motivo, sugiere respetuosamente que la declaratoria de estado de emergencia sea gestionada con la correspondiente asignación presupuestaria para su financiamiento», dice el informe.

Este documento, al parecer, fue sustento del premier Alberto Otárola para anunciar un bono para la Policía el pasado 25 de enero.