El viernes 21 de octubre, la ciudadana peruana Ludith Ortiz Ríos, de 59 años, se acercó al consulado de Perú en San Francisco, California (Estados Unidos), con un solo propósito: recoger los pasaportes diplomáticos del acusado expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, también acusada por lavado de activos.

Perú21 conoció que Ortiz, oriunda de Rioja, en la región San Martín, acudió ese día con una carta poder que la acreditaba como representante de la pareja que afronta un proceso de extradición.

De acuerdo a su ficha Reniec, Ludith Ortiz vive en el 656 de la calle Blythe, en la ciudad Sunnyvale, también en California, a una hora de distancia en auto de la sede diplomática.

Según fuentes de este diario, es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Toledo en los últimos cinco años que este se encuentra en EE.UU. evitando a la justicia peruana.

El exmandatario tentaba tener su pasaporte desde junio de este año. En ese mes, Perú21 informó del pedido que había realizado para acceder a esos documentos.

Su solicitud movió tanto a la Cancillería como al equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, que quiere la repatriación del exjefe de Estado para procesarlo por recibir US$35 millones en coimas de la empresa Odebrecht.

El temor era que Toledo, de 76 años, pudiera viajar fuera de territorio norteamericano, y es que no existía ningún impedimento legal para que accediera al pasaporte.

Negarle el documento, además, podría haber perjudicado la extradición ya que se trata de un registro de identidad al que tienen derecho todos los peruanos.

Pero solo un día después del trámite hecho por Ortiz Ríos, el sábado 22 de octubre, Alejandro Toledo y su cónyuge entregaron sus pasaportes a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes de primera mano que fueron consultadas. En realidad, no tenían otra salida pues la Fiscalía de ese país ya había sido notificada por la embajada peruana de la inminente entrega de los documentos, y se puso en contacto con los abogados de Toledo y Karp para recordarles que están obligados a ceder los pasaportes.

Una oposición a esa orden habría motivado a los fiscales a pedir al juez de California, Thomas Hixson, a variar el arresto domiciliario en el que se encuentra el expresidente por cárcel efectiva.

¿Y la extradición?

Han pasado cuatro años desde que la justicia peruana requirió a Estados Unidos la extradición del exlíder de Perú Posible, y si bien el juez Hixson aprobó el pedido en setiembre de 2021, el prófugo exmandatario se las ha arreglado para retrasar su inevitable retorno al país.

Luego de haber intentado con innumerables recursos, Toledo apostó por apelar el rechazo de hábeas corpus que resolvió el juez Hixson en abril de este año. A como dé lugar quiere que quede anulada su repatriación.

El tribunal que verá la impugnación podría pronunciarse en diciembre, antes de que culmine el año. De ratificar el fallo de primera instancia, solo quedará que el Departamento de Estado de EE.UU., en una decisión política, conceda o no la pretensión del Perú.

Fuentes diplomáticas estimaron que podría haber un pronunciamiento en febrero del próximo año, o, en todo caso, dentro del primer semestre de 2023.

Mientras tanto, el equipo Lava Jato que lidera el fiscal Rafael Vela presentó una tercera acusación contra Toledo y pide 35 años de cárcel.

Esta vez el caso es por las coimas que habría recibido el entonces mandatario para conceder el tramo IV de la carretera Interoceánica Sur al consorcio que encabezó la empresa brasileña Camargo Correa.

La otra acusación, además de los sobornos entregados por Odebrecht, se refiere a las propiedades que este y Eliane Karp adquirieron con los sobornos recibidos.

Según las autoridades norteamericanas, Toledo usó US$1 millón 200 mil para comprar bienes inmuebles en ese país. De todo el dinero que habría intentado ocultar, la justicia de EE.UU logró incautar US$686 mil que están en proceso de entrega al Perú.