Por espacio de sesenta días el gobierno de José María Balcázar dispuso la declaratoria de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao con la finalidad de enfrentar la inseguridad ciudadana, declaratoria que consideramos innecesarias por la razón de que sesenta días o trescientos no servirán de nada si de por medio no se cambia de estrategia ni se dispone de suficientes efectivos policiales.
Ante el crecimiento de la violencia, la situación de inseguridad crece descomunalmente y obliga a que los candidatos presidenciales hayan incluido en sus planes de gobierno como prioritario el tema de la lucha contra el crimen organizado, lamentablemente todas se parecen entre sí, salvo con algunas diferencias nada destacables. Créenos que todos saben uno de los problemas mayúsculos y sin solución aparente en el corto plazo, es la carencia de un número apropiado de policías, porque uno de las formas de enfrentar la inseguridad es con presencia policial que no los hay. De los 159 mil policías que se tienen a nivel nacional solo sesenta mil salen a las calles y para todo el Perú resulta un número insuficiente, entonces viene la pregunta del millón, ¿Cómo se puede prometer que apenas ingresen al poder solucionarán ese problema?
De otro lado y lo más importante es la estrategia y en ese sentido todos presentan fórmulas, pero nadie habla de endurecer la lucha ni de requerir la presencia activa del Ejército, porque esa es la única manera de lograr frenar el avance de las organizaciones criminales que coparon el sector transporte, sector cuyas empresas son extorsionadas por dos o más bandas criminales a la vez, lo que no solo resulta cruel, si no que revela que las autoridades no tienen capacidad de enfrentar a estos extorsionadores que a diario asesinan a un transportista que mueren sólo como parte del amedrentamiento de los criminales. Endurecer las medidas implica separarnos de la Corte Interamericana de Costa Rica y eso no lo dice ningún candidato presidencial.
Los peruanos no tenemos nada esperanzador respecto a este tema, salvo que con algunas pequeñas señales que nos dan, aspiran a sorprendernos con grandes medidas que tendrían bajo la manga. Esperemos que así sea.
Mediante el Decreto Supremo N.° 025-2026-PCM, el Ejecutivo ha oficializado la declaratoria de Estado de Emergencia en múltiples distritos de nuestra jurisdicción ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales. La medida, que rige por un plazo de 60 días calendario, tiene como objetivo principal la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para la reducción del «Muy Alto Riesgo» existente, así como las labores de respuesta y rehabilitación que correspondan en salvaguarda de la población.
En ese sentido, cuatro distritos de la provincia de Huaral: Atavillos Alto, Lampian, Pacaraos y Santa Cruz de Andamarca, pertenecientes a la sierra han sido declarados en estado de emergencia.
Esta norma faculta a los tres niveles de gobierno para articular esfuerzos técnicos y presupuestales destinados a la protección de la vida, la seguridad y los bienes de las familias limeñas en las zonas con mayor nivel de vulnerabilidad detalladas en el anexo del referido decreto.
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao entrará en vigencia desde la medianoche del 21 de octubre de 2025. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, emitido por el Poder Ejecutivo, y tendrá una duración de treinta días calendario.
El decreto justifica la declaración debido al incremento sostenido de delitos graves como homicidios, sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
Durante el periodo de excepción, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, bajo un régimen que restringe derechos constitucionales clave.
Fuente: Andina
Prohibición de dos personas en motocicleta
Una de las medidas más destacadas es la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de categoría L3, como las motocicletas lineales.
Esta restricción busca limitar la movilidad de personas sospechosas y se aplicará de manera inmediata en todas las zonas incluidas en la emergencia.
Esta disposición se suma a otras intervenciones operativas de control vehicular y patrullajes constantes en puntos críticos de Lima y Callao.
Fuente: Andina
Apagón eléctrico y visitas restringidas en penales
El decreto dispone el corte de energía eléctrica en celdas penitenciarias, permitiendo únicamente la iluminación esencial.
También se restringen las visitas: los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita semanal, mientras que en el régimen cerrado especial será una cada quince días.
Solo se permiten visitas de familiares cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Estas medidas apuntan a impedir la coordinación delictiva desde los centros de reclusión.
Fuente: El Peruano
Decomisos y pruebas de confianza
Durante la emergencia se ejecutarán operativos permanentes para el decomiso de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales.
Además, el Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de polígrafo al personal del INPE y otros funcionarios, como parte de medidas internas de control.
Estas acciones están orientadas a reforzar la supervisión del entorno penitenciario y de las instituciones de seguridad.
Restricciones a derechos constitucionales
Durante la vigencia del Estado de Emergencia se restringen derechos fundamentales como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito.
La medida también contempla que toda actividad masiva requerirá autorización previa, mientras que las no masivas podrán realizarse sin permiso adicional.
El Ejecutivo fundamentó esta decisión en los artículos 44 y 137 de la Constitución Política del Perú, que facultan al presidente a decretar este régimen en caso de alteraciones graves del orden interno.
Control territorial y operativos combinados
Las denominadas fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los servicios de Serenazgo Municipal, ejecutarán acciones de control territorial focalizado.
Esto incluye patrullajes a pie y vigilancia en estaciones del metro, terminales y zonas identificadas como vulnerables.
El dispositivo también considera operativos de identidad para capturar requisitoriados, verificar vehículos y controlar a extranjeros bajo procedimientos especiales.
Comités operativos y coordinación estratégica
La implementación del decreto se sustenta en una arquitectura organizativa conformada por cuatro comités especializados.
El Comité de Coordinación Operativa Unificada será el ente central de planificación y estará liderado por el Comandante General de la PNP. También participan representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales de Lima y Callao.
A este comité se suman el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica, presididos por DINI, MTC y PCM respectivamente.
Medidas contra mercados ilegales
El Comité de Fiscalización desarrollará operativos contra delitos vinculados a trata de personas, narcotráfico y comercio ilegal de celulares y autopartes.
Se aplicarán mecanismos para suspender líneas telefónicas asociadas a extorsión o secuestro, y se intervendrán establecimientos sospechosos con apoyo policial.
Estas acciones buscan limitar fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que operan en zonas urbanas.
Seguridad a operadores de justicia y flagrancia
El decreto prevé el fortalecimiento de unidades de flagrancia para mejorar la respuesta judicial ante casos de criminalidad.
Asimismo, la Policía Nacional brindará medidas de seguridad a fiscales y jueces involucrados en procesos de alto riesgo.
Este componente busca asegurar el funcionamiento continuo del sistema de justicia en zonas bajo intervención.
Sesión permanente de órganos multisectoriales
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los comités regionales y distritales de seguridad, así como el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), han sido declarados en sesión permanente para monitorear la ejecución del estado de emergencia.
Los resultados serán evaluados al término del periodo, y se presentará un informe final al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en Lima y Callao por 30 días a través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM. La medida restringe derechos constitucionales, prohíbe el tránsito de dos personas en motos lineales y ordena cortes eléctricos en penales. Se crean comités de coordinación para ejecutar operativos de seguridad, inteligencia, fiscalización y comunicación. El control interno queda en manos de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas. También se establecen restricciones penitenciarias, patrullajes, decomisos y supervisión a operadores de justicia. La medida fue anunciada por el presidente José Jerí desde Palacio de Gobierno.
El Poder Ejecutivo viene definiendo las condiciones y el tiempo bajo los que se declarará el estado de emergencia en Lima para enfrentar a la delincuencia.
La medida, que busca ser más afeLimañlctiva que los anteriores períodos de régimen de excepción, se adoptará luego de evaluar los aportes de distintos actores en el tema de seguridad y sectores sociales.
Medida
De momento, trascendió, se descarta que la medida implique la aplicación del toque de queda o restricción a la circulación de personas durante parte de la noche y la madrugada, toda vez que se busca evitar que negocios nocturnos se vean afectados
Sobre el tiempo, entre 30 o 60 días (que son renovables), no hay todavía una decisión.
Fuentes de Palacio de Gobierno, que señalan que el anuncio se realizará en las próximas horas, sí dejan en claro que la Policía continuará liderando las operaciones de seguridad, con el respaldo o auxilio de las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la Constitución.
Derechos
Durante la emergencia, en que se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito y de reunión, y la inviolabilidad de domicilio, se pretende realizar intervenciones con el auxilio de los aparatos de inteligencia para detener a delincuentes y requisitoriados.
La emergencia -que se debe reportar al Congreso, igual que sus prórrogas- permite allanamientos sin autorización judicial o de quien habita el predio.
El premier Ernesto Álvarez anunció el estado de emergencia en Lima para retomar el control territorial de la ciudad.
Militares apoyarán a la Policía que liderará las acciones.
La noche de este jueves 16 de octubre, el premier Ernesto Álvarez dio a conocer que el gobierno de José Jerí ha decidido declarar en estado de emergencia Lima Metropolitana tras los violentos actos que ocurrieron en la protesta de la ‘Generación Z’.
En las afueras de Palacio de Gobierno, el presidente de Consejo de Ministros hizo el anuncio, como estrategia para controlar la violencia y disminuir los altos índices de delincuencia.
“Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces”, manifestó Álvarez.
Las autoridades tomaron esta decisión por los más de 80 policías que resultaron heridos tras enfrentarse a los vándalos que se hicieron pasar como protestantes. Además, de las decenas de civiles que también fueron heridos.
En pleno estado de emergencia tras el aumento de la inseguridad ciudadana, Juan Carlos Huamán Contreras, dirigente de la empresa informal de transporte “La Rojita”, fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en la puerta de su vivienda, ubicada en el Asentamiento Humano 2 de Enero en San Juan de Lurigancho. Efectivos policiales investigan el caso y esperan dar con los culpables en los próximos días.
Según testigos, la víctima venía recibiendo amenazas por parte de extorsionadores en los días previos al crimen. Cerca de las 2 a. m., dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a Huamán cuando salía de su domicilio y le dispararon a quemarropa. Los peritos de criminalística confirmaron que el dirigente recibió cinco impactos de bala: dos en la cabeza y tres en el pecho, lo que le causó la muerte inmediata.
Asesinos escapan del lugar
Los agresores huyeron de la escena a toda velocidad, sin que hasta el momento se conozca su paradero. En el lugar del crimen se hallaron al menos seis casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque.
Huamán Contreras era dirigente de los colectivos “La Rojita”, que cubren la ruta desde la Estación San Martín. Fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Lurigancho, pero llegó sin signos vitales.
La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables del homicidio y determinar si el crimen está relacionado con las amenazas de extorsión denunciadas por la víctima. Vecinos de la zona exigen mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la ola de violencia que azota al distrito.
ENFOQUE REAL 