Primero fueron los transportistas, músicos y bodegueros, y les dijeron que eran informales y exagerados; luego, los dueños de restaurantes y los comerciantes, y les respondieron que debían unirse y denunciar los casos.

Hasta que los extorsionadores apuntaron a Gamarra y la respuesta del Gobierno fue mandar policías por unos días al emporio comercial. Ahora son los colegios privados, algunos de los cuales ya optaron por cerrar sus puertas o pasar a la virtualidad por la seguridad de sus alumnos y profesores. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna, solo una promesa del Ministerio del Interior de reforzar las labores de inteligencia.

Uno de estos colegios es el María de los Ángeles de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Sus directivos, para no exponer a los padres, alumnos y docentes, decidieron cerrar sus puertas. “Pedimos su comprensión a esta medida que perjudica a toda nuestra familia mariangelina”, señalaron en un comunicado en febrero último.

Otro blanco de la delincuencia fue el colegio Nikola Tesla, en Comas. La madrugada del jueves 13, dos hombres a bordo de una moto lanzaron un explosivo a la puerta. Una representante del colegio dijo que no habían recibido amenazas previas de extorsionadores. “No sabemos qué hacer. Esto nos tiene aterrorizados”.

En el mismo distrito, el colegio San Vicente tuvo que pasar a la virtualidad luego de que extorsionadores dejaran un explosivo en la puerta. Son más de 1.200 alumnos los perjudicados. El director del centro educativo recibió mensajes y manuscritos en los que le exigen un pago de S/100.000 y S/200 semanales.

Anuncian una movilización

Al respecto, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), señaló a La República que, si en un mes no ven resultados ante las extorsiones que vienen sufriendo los colegios en Lima y en regiones, pasarán a las clases virtuales hasta que la autoridad brinde las garantías necesarias. Lamentó esta situación, porque no todos los padres cuentan con una computadora para sus hijos.

Señaló que en una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, les dijo que la policía está detrás de estas bandas. Sin embargo, no recibieron nada en concreto.

Quintanilla señala que la delincuencia está atacando a los pequeños empresarios de colegios de los sectores C, D y E, y que a la fecha van 450 centros que vienen siendo extorsionados principalmente en Lima, en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres. Los extorsionadores piden a los promotores de estos colegios entre 20.000 y 50.000 soles mensuales. “Ya son 16 los colegios que han pasado a la virtualidad por esta razón”.

Precisó que los delincuentes no llegan a los colegios privados grandes porque hay mayor patrullaje, resguardo y tienen más recursos.

Anacopri realizará una movilización de padres y maestros para exigir mayor seguridad en los planteles y el fin de las extorsiones. Sin embargo, para el premier Gustavo Adrianzén, una protesta en pleno inicio del año escolar no haría más que afectar las clases de los niños.

Al respecto, el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich sostuvo que es necesario activar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) para una articulación con los representantes de las escuelas, la policía, líderes locales y organizaciones de base, a fin de tomar acciones más concretas.

“Entonces, a la Policía le tocará crear unidades especializadas y tener estrategias por zonas, por cuadrantes, donde estén más cerca de los colegios, a los circuitos por donde los estudiantes se mueven y tener más focalizada la estrategia de vigilancia y de prevención”.

Y recordó que la educación remota no es el mejor método para garantizar el aprendizaje.

Más inteligencia policial

En tanto, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló que no es novedad la extorsión a los colegios, pues todas las actividades económicas vienen sufriendo el ataque de la delincuencia. “¿Qué hay que hacer? Creo que la receta es única, es universal, es hacer inteligencia a partir de la información sobre el origen de los mensajes intimidatorios que llegan a través de llamadas telefónicas, de mensajes de voz, mensajes de WhatsApp, uso de redes; en todos los casos se puede hacer un seguimiento”.

Explicó que si se reorientan mejor los recursos a la inteligencia policial, se haría un buen trabajo en este tema. Apuntó que los estados de emergencia no han funcionado para enfrentar las extorsiones y han costado 30 millones de soles al mes, y no se están haciendo los esfuerzos para enfrentar este fenómeno. Recordó que el ministro del Interior anunció la creación de un grupo exclusivo para investigar la extorsión, pero fue un saludo a la bandera.

Paul Neira, experto en políticas públicas educativas, señala que en el Perú hay 83.000 colegios estatales y 26.000 colegios particulares y menciona que son entre 200 y 400 los amenazados, según los colectivos. Es un número mínimo frente a los 26.000. Entonces, hay una oportunidad de convocar y juntar esfuerzos para que esto no siga. “La opción de la educación virtual es una situación extrema, la pandemia nos demostró que se pierden aprendizajes. Es la última medida que se tomaría para salvaguardar a los estudiantes”.

Respecto a las acciones inmediatas, el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que, como parte del Plan de Retorno Seguro a Clases 2025, más de 3.000 policías brindarán resguardo a los colegios privados, en los horarios de ingreso y salida. Y eso es todo.