La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha decidido archivar la denuncia presentada el 27 de agosto por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez , contra el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, y miembros de la Policía Nacional del Perú. El titular del Interior los acusaba de presuntamente formar parte de una organización criminal con el objetivo de desestabilizar el Gobierno de Dina Boluarte, luego de la difusión de los audios que revelan presiones del Poder Ejecutivo en el caso de la desactivación de la Diviac.

«Declarar que no procede iniciar diligencias preliminares contra Junior Izquierdo Yarlequé por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado», dice la disposición de Ingrid Carhuallanqui Contreras, fiscal adjunta de Crimen Organizado.

De acuerdo a la denuncia que interpuso el ministro Santiváñez, el capitán PNP Junior Izquierdo junto con integrantes de la PNP formarían parte de una presunta organización criminal dedicada a falsificar audios, documentos y proporcionar testimonios falsos en las investigaciones penales contra el Gobierno de Boluarte.

El ministro alega que, en la actualidad, existe una campaña pública de desprestigio contra el Poder Ejecutivo que lidera Boluarte, bajo el argumento de que la presidenta y altos funcionarios pretenden obstruir a la justicia con el «cierre de la Diviac» (audios de Santiváñez y el capitán ‘Culebra’).

Fiscalía rechaza la denuncia de Juan Santiváñez

Al respecto, la fiscal Ingrid Carhuallanqui señala que no se cumple ni mínimamente las funciones que tendría cada miembro de la supuesta organización que denunció Santiváñez.

«El denunciante no ha descrito la estructura que tendría la presunta organización criminal. Tampoco ha presentado algún elemento de convicción que permita identifica que tipo de organización denuncia», detalla la disposición fiscal.

Disposición de la Fiscalía que refiere que no hay elementos de prueba para que prospere la denuncia

Santiváñez refiere, además, que—como consecuencia de esta campaña,— se abrieron procesos penales contra altos funcionarios, por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, entre otros casos que son de carácter reservado y que los tendría a cargo la «Eficcop».

Sobre ello, expresa que miembros de la presunta organización vienen presentando pruebas manipuladas y creadas (audios de Santiváñez), con la finalidad de que sirva como prueba de que el Gobierno de Boluarte pretende obstruir a la justicia.

Falta de pruebas en denuncia presentada por el ministro del Interior

En respuesta, la Fiscalía sostiene que lo presentado por el ministro del Interior carece de pruebas.

«De forma subjetiva el denunciante establece un marco temporal (hechos de la supuesta organización criminal) basado en las denuncias en su contra y no acreditado un elemento de prueba», detalla la fiscal, quien añade, además que «la denuncia contra un ministro como medio probatorio es falso y no se puede invocar como sospecha simple la existencia de una organización».

«Por las consideraciones expuestas, se concluye que la noticia criminal no se adecúa al tipo penal, ya que, en el análisis de la misma se advierte que los hechos narrados no contienen los presupuesto básico requeridos para determinar e investigar la existencia de una organización criminal», precisa la Fiscalía para mandar al archivo la denuncia de Santiváñez.