Alrededor de mil personas se concentraron en el Centro de Lima para participar en la protesta convocada por colectivos sociales y agrupaciones juveniles para exigir medidas frente a la inseguridad y la crisis ambiental. Cerca de las 6.00 p. m., la movilización inició su recorrido con dirección al Palacio de Justicia.

Durante el trayecto, los manifestantes marcharon con banderas peruanas y pancartas en las que demandaron el fin de las extorsiones y mayor protección para las comunidades vulnerables. Asimismo, los ciudadanos expresaron rechazo hacia la gestión de Keiko Fujimori, al tiempo que exigieron frenar la delincuencia e implementar acciones efectivas ante los incendios forestales.

El contexto de la inseguridad en el país

Esta movilización ciudadana surgió en medio de una severa crisis de seguridad ciudadana. La violencia criminal golpea con fuerza al transporte público formal en Lima y Callao, donde el cobro de cupos deja más de 80 conductores asesinados y supera los 160 atentados en lo que va de 2026, según registros del Ministerio Público.

Las acciones de las organizaciones criminales afectan de forma directa a 21 empresas de transporte formal de las más de 250 que operan en la capital, mientras que la jurisdicción suma más de 13.000 denuncias por robo, extorsión y sicariato. Ante este escenario, especialistas señalan que la gestión municipal requiere liderar una estrategia coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), con inversión en tecnología, logística e infraestructura para proteger los corredores viales y garantizar la seguridad de los pasajeros.

A este panorama se suman las cifras preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) analizadas por el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal. Según sus registros, el país acumuló 480 homicidios entre el 28 de julio y el 22 de octubre de 2026. Del total reportado, el 72,9% (350 casos) correspondió a decesos por disparo de arma de fuego. Carbajal precisó que la base de datos continúa en actualización y que existen 55 muertes violentas clasificadas como «ignoradas», por lo que la cifra real proyectada para esos 87 días superó los 530 homicidios.

La crisis ambiental por los incendios forestales

A la problemática de la delincuencia se sumó el impacto de los incendios forestales que afectaron a 16 regiones del país. Reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e Indeci contabilizaron 479 emergencias que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y 708 damnificadas.

La destrucción ambiental y material abarcó la pérdida de 1.299 hectáreas de cultivos y más de 13.800 hectáreas de cobertura natural, además de severas afectaciones a la fauna local y al ganado.

Asimismo, la emergencia amenazó áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Otishi y puso en riesgo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Mashco Piro y comunidades del pueblo Asháninka.

Tras varias semanas de labores de combate terrestre y aéreo a cargo de las Fuerzas Armadas, brigadistas y la población civil, el Ministerio de Defensa y el COEN informaron que las lluvias recientes permitieron extinguir los focos activos y mantener bajo control los puntos críticos en regiones como Apurímac, Cusco y Junín.