Con siete votos a favor y dos en contra, el Concejo Municipal de Chancay rechazó la solicitud de vacancia presentada contra la teniente alcaldesa Giuliana Carrizales Castillo. La petición fue formulada por la ciudadana Joseline Sánchez Inocente, quien acusó a la regidora de haberse apropiado ilegalmente de un nicho en el cementerio municipal para enterrar a su esposo.
Durante una sesión extraordinaria, el abogado defensor de Carrizales, Fernando Pérez, argumentó que no existía causal de vacancia, dado que la denunciante se había desistido del pedido. “No existe ninguna causal infringida sostenida en una vacancia, ya que la misma peticionante se ha desistido. Lo que estarían haciendo es debatir una vacancia sin vacador”, afirmó el letrado.
Asimismo, la regidora Carrizales aseguró que Joseline Sánchez le ofreció disculpas y reveló que habría sido inducida a presentar la solicitud por una tercera persona identificada como Angie Cadillo. “Yo lo dejo todo a Dios y todo cae con su propio peso”, declaró Carrizales.
De esta forma, el pleno del concejo decidió mantener en funciones a la teniente alcaldesa, dejando sin efecto la solicitud de vacancia.
En un hecho que marca la agenda política local, la ciudadana Joseline Sánchez Inocente presentó ante la Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Chancay su desistimiento formal de la solicitud de vacancia contra la regidora Giuliana Carrizales.
La decisión llega tras la confesión de Sánchez, quien afirmó haber sido engañada y utilizada por personas inescrupulosas que la indujeron a firmar un documento que no comprendía plenamente, supuestamente a cambio de una retribución económica.
El desistimiento encuentra respaldo en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que reconoce el derecho del administrado a desistirse de su pretensión, produciendo la conclusión del procedimiento iniciado.
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°27972) establece que las solicitudes de vacancia deben ser promovidas de manera responsable y dentro del marco de la participación ciudadana auténtica, lo que excluye cualquier tipo de manipulación o aprovechamiento de la necesidad de los más vulnerables.
En jurisprudencia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sostenido que el desistimiento de una solicitud ciudadana de vacancia es válido y obliga al archivo del expediente, salvo que medie interés público mayor.
Más allá del plano legal, el caso interpela a la conciencia colectiva. ¿Qué significa que se utilice a una ciudadana humilde, sin preparación académica, para impulsar un procedimiento que busca retirar a una autoridad electa?
La respuesta se encuentra en los principios de moral, ética y buenas costumbres que deben regir la vida pública:
Moral, porque ningún procedimiento democrático puede sustentarse en la mentira ni en el engaño.
Ética, porque la política exige rectitud, transparencia y lealtad a la verdad.
Buenas costumbres, porque la convivencia ciudadana se sostiene en el respeto mutuo, no en la manipulación de los más débiles.
El desistimiento de Joseline Sánchez no es solo un trámite administrativo, sino un llamado de atención a la clase política. La democracia local se fortalece únicamente cuando los mecanismos de control y fiscalización son ejercidos de manera honesta, sin coacción ni aprovechamiento de la necesidad económica.
La vacancia es una herramienta legítima de control ciudadano, pero se degrada cuando se transforma en un instrumento manipulado por intereses ocultos.
El gesto de Joseline Sánchez al desistirse y reconocer públicamente que fue utilizada, nos recuerda que la política no solo se rige por normas jurídicas, sino también por los valores más elementales de la sociedad.
En un país donde la fragilidad institucional suele dar espacio a la corrupción y al juego sucio, es imperativo recordar que, sin moral, ética y buenas costumbres, la ley por sí sola no basta para sostener la democracia.
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