Renuncia del ministro del Interior es otra muestra de la debilidad del Gobierno Central

A solo 43 días de haber ejercido el cargo de Ministro del Interior, Walter Ortiz renunció a continuar en dicha cartera, dejando una vez más la muestra de que el Gobierno de Dina Boluarte es frágil y que sustancialmente su talón de Aquiles es la inseguridad ciudadana.

Lo primero que hay que decir es que en el Ministerio del Interior no existe un Plan articulado para enfrentar la delincuencia, ni tampoco para enfrentar los actos de corrupción de la propia policía y los que asumen la cartera del Interior son incapaces de ordenar la casa, eso, sumado a la falta de decisiones drásticas que se niega a imponer el Ejecutivo, empezando por reconocer que la delincuencia y la presencia de las mafias criminales extranjeras se agudizó con la llegada de los venezolanos, de modo que tanto los gobiernos anteriores como el actual no han sabido controlar ni la permanencia de estas mafias ni controlar la crisis migratoria. Todos se preguntan el por qué no se dispone a la policía a que realice operativos de identificación de los extranjeros, ni nadie se explica por qué razón Migraciones no ejecuta normas existentes que les permita erradicar a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país y que todo el mundo sabe que son cientos de miles los que están en esa condición.

Lo grave de todo es que ese tipo de delincuencia se ha magnificado con el grado de crueldad con que actúan y la policía es incapaz de enfrentar. Creemos que el Ministro que ingrese tendrá la misma performance que los anteriores, no tendrán capacidad para luchar contra la delincuencia que genera más violencia y muertes, primero, porque no hay voluntad ni valentía y segundo porque la Presidenta no quiere sacar a las calles a las Fuerzas Armadas, siendo esa medida, la única a la vista para impedir que en breve sean las mafias criminales las que gobiernen nuestro país…

En la década de los 90 las hordas terroristas trasladaron su -dizque- guerra, del campo a la ciudad y Lima empezó a sentir lo que ya se daba en todo el país teniendo como resultado decenas de miles de muertos, razón para que el Gobierno rompiese con el Pacto de Costa Rica y se dé el enfrentamiento frontal contra Sendero; claro que hubo un costo político, pero no había otra forma de enfrentar la violencia terrorista que desangraba al Perú entero… esta vez, la criminalidad hace lo mismo, sumándose centenares los muertos que se producen a consecuencia de la violencia que las mafias criminales imponen con actos de extorsión, sicariatos, secuestros, etc. Estamos frente a un terrorismo urbano que requiere de que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior convoque a las Fuerzas Armadas para acabar con la criminalidad extrema. Los responsables de todo lo que pasa están en el Congreso y en el Ejecutivo.

La prueba de que lo que se hace no funciona es que en los lugares donde se ha declarado EMERGENCIA, las cosas han empeorado, es decir que los delincuentes no respetan nada, solo nos queda sacar a las calles al Ejército o a las FFAA en general, pero algo hay que hacer, el Perú no merece seguir desangrándose como hasta ahora. La historia los juzgará, pero ojalá que no sea a costa de un mayor número de víctimas inocentes… afuera la lucha de poderes, ¡el Perú esta primero!

Presupuesto 2024: Gobierno Central, incrementa presupuesto, para las municipalidades y gobiernos regionales, para el próximo año

El Congreso aprobó el presupuesto público 2024 de S/ 241 mil millones, un 12% más alto de lo que se fijó para este año, incrementando los recursos para los gobiernos regionales y locales.

Para el próximo año los gobiernos regionales y las municipalidades tendrán unos S/ 15 mil millones adicionales a lo que tuvieron en este 2023.

En el caso de los gobiernos regionales el presupuesto 2024 asciende a S/ 52,746 millones, un aumento de S/ 10,160 millones frente a lo asignado este año.

Mientras que los gobiernos locales tendrán recursos por S/ 34,742 millones, es decir, S/ 4,921 millones frente a lo que se estableció para este 2023.

Este incremento presupuestal se da pese a que la ejecución de presupuesto en ambos casos ha sido deficiente, estando por debajo de los observado en años anteriores.

Con la información de ejecución de presupuesto para obras, a un mes de cerrar el año los gobiernos regionales solo han usado un 55% de su presupuesto y los gobiernos locales han invertido el 50.1%. Es decir, en ambos casos solo se ha llegado a usar, en promedio, la mitad del dinero que se les asignó para obras públicas.

Y esta baja ejecución no es novedad. Durante los últimos cinco años (2018-2022) las regiones y municipios han dejado de usar al menos el 40% de los recursos que debían gastar en proyectos de inversión.

De hecho, a menos de un mes de culminar el año el portal de Transparencia del Ministerio de Economía indica que 11 gobiernos regionales han usado menos de la mitad de su presupuesto destinado a proyectos de inversión.

La peor ejecución de recursos la registra Áncash, donde solo se ha usado un 33.3% del dinero para obras. En la lista de baja ejecución presupuestal le siguen el Callao, Tacna, Lima, Ica, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Cajamarca y San Martín.

Cabe indicar que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la provincia constitucional del Callao se cuentan en esta lista debido a que reciben presupuesto como gobiernos regionales.

¿Por qué ejecutan poco presupuesto?

Cada año los gobiernos subnacionales son los que menos ejecutan su presupuesto, pero ¿qué los limita?

De acuerdo con un análisis de ComexPerú, entre las mayores limitaciones para el desarrollo de la inversión pública se encuentra la falta de capacidades de los funcionarios.

Solo el año pasada el 60% de las municipalidades a nivel nacional requerían de capacitaciones en procedimientos administrativos, el 58% en administración tributaria, y el 47% en formulación y evaluación de proyectos.

«Lo preocupante es que estas nociones son fundamentales en gestión pública y este lamentable resultado deja en claro lo mucho que falta por avanzar en el fortalecimiento de las habilidades de los funcionarios. Urgen programas de capacitación para mejorar la eficiencia y garantizar un uso más efectivo de los recursos públicos», señala ComexPerú.

Otro problema para lograr una eficiente ejecución pública es la corrupción, lo cual implica pérdidas económicas como la solidez de las instituciones.

Solo el año pasado la Contraloría General de la República (CGR) advertía que la corrupción de funcionarios públicos generó pérdidas de más de S/ 24 mil millones al Estado, lo cual equivale al 13.4% del gasto total que realizan los tres niveles de gobierno. Esto implica que de cada S/ 100 que usa el Estado, unos S/ 13 se pierden debido a la corrupción.

Con el monto perdido por la corrupción, Comex estima que se podría cubrir hasta dos veces la brecha de pobreza monetaria registrada el año pasado (S/ 11,512 millones).

«Esto significa que el dinero perdido por corrupción el año pasado alcanzaría para cubrir, sin problemas, la canasta básica de alimentos y otros gastos del hogar de las familias pobres en el país durante dos años», indican.

Cabe mencionar que la corrupción impacta especialmente a los más pobres, pues son ellos quienes destinan una mayor parte de sus ingresos para acceder a servicios basicos.