El Órgano de Control Institucional advierte riesgos de nulidad en actos administrativos, bloqueo bancario en el MEF y responsabilidades penales para funcionarios hasta que la Sala Penal de Apelaciones resuelva la causa este 26 de octubre.
Una severa encrucijada legal e institucional sacude al Gobierno Regional de Lima. Mediante el Oficio N° 000128-2026-CG/OC5344 y su Anexo N° 01, emitidos el 19 de octubre de 2026, la Contraloría General de la República exigió un pronunciamiento urgente al presidente del Consejo Regional, Ronald Alberto Soberón Vizcarra. El órgano de control advierte que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) restituyó las credenciales a Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, la autoridad continúa inhabilitada formalmente en el registro de Servidores Civiles por mandato del Poder Judicial.
LA ENCRUCIJADA JUDICIAL Y ELECTORAL
El análisis documentado por el Órgano de Control Institucional (OCI), firmado por Manuel Carlomagno Martínez Chávez, detalla las contradicciones jurisprudenciales que mantienen en incertidumbre la conducción de la región:
Resolución del JNE: El 14 de octubre de 2026, el Pleno del JNE emitió la Resolución N° 4255-2026-JNE, declarando fundada por mayoría la solicitud de Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, restableciéndole la credencial de gobernadora y dejando sin efecto la credencial otorgada provisionalmente a Nicolás Óscar Barrera Morán. Esta decisión se amparó en un fallo de hábeas corpus de primera instancia que declaró la nulidad de su condena penal.
Voto en minoría en el JNE: El magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón votó por declarar improcedente la restitución de credenciales, argumentando que la sola existencia de un hábeas corpus no es suficiente mientras el órgano penal ordinario mantenga o no la validez del mandato.
Pronunciamientos del Poder Judicial: En el marco del proceso de hábeas corpus (Exp. 08299-2026-0-3204-JR-PE-05), el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina y Cieneguilla precisó: Mediante Resolución N° 04 (28/09/2026), que lo único de ejecución inmediata era el levantamiento de las órdenes de ubicación y captura.
Mediante Resolución N° 06 (06/10/2026), se declaró «NO HA LUGAR» al pedido de la defensa para oficiar a SERVIR sobre la eliminación de la inhabilitación, determinando que dicho levantamiento queda sujeto a lo que se resuelva en segunda instancia.
INHABILITACIÓN VIGENTE Y PERIODO CRÍTICO HASTA EL 26 DE OCTUBRE
Como consecuencia directa de lo dispuesto por el Poder Judicial, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC – SERVIR) se mantiene legalmente VIGENTE.
Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Este tiene fijada la audiencia para resolver la apelación del hábeas corpus el 26 de octubre de 2026. Hasta esa fecha, existe un periodo crítico de acefalía material e incertidumbre funcional que pone en riesgo los servicios públicos esenciales y la validez del gasto presupuestal.
RIESGOS INSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDADES PENALES
De acuerdo con la Contraloría y en aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, todo acto dictado por una persona legalmente inhabilitada adolece de nulidad de pleno derecho.
Los riesgos latentes identificados son:
Nulidad administrativa: Peligro inminente de invalidez en resoluciones de gobernación, designaciones de funcionarios o actos administrativos.
Bloqueo financiero: Imposibilidad de registrar firmas de titulares inhabilitados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-MEF) y el sistema bancario, generando parálisis en las operaciones.
Contingencias penales y disciplinarias: Los funcionarios y servidores que acaten directivas o gestionen pagos ordenados por autoridades inhabilitadas se exponen a procesos penales graves por usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y aceptación indebida del cargo.
PETITORIO EXPRESO AL CONSEJO REGIONAL DE LIMA
Ante la falta de facultades de la administración interna para dirimir conflictos de mandatos judiciales y electorales contradictorios, el Órgano de Control Institucional solicitó con carácter de muy urgente al Pleno del Consejo Regional:
Emitir un pronunciamiento formal e institucional que determine qué autoridad asume legítimamente el despacho de la Gobernación Regional de Lima hasta el 26 de octubre de 2026.
Adoptar de oficio las medidas de gobierno regional (acuerdo de suspensión formal y encargo provisorio del pliego) para notificar formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a SERVIR y al MEF, regularizando el ejercicio de la función pública y resguardando el patrimonio del Estado.
Fuente: Contacto Directo