Caso Pativilca: condenan a 18 años de prisión a Santiago Martin Rivas, jefe del Grupo Colina

El Poder Judicial condenó a Santiago Martín Rivas a 18 años de prisión como autor de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada por la causa acumulada Cantuta- Pativilca. Desde las 4 de la tarde de este viernes 29 de noviembre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria a cargo de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Marquez y Helbert Llerena Lezama, leyó los argumentos de la sentencia contra el jefe del Grupo Colina durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Las familias de las víctimas llevaban 32 años a la espera de justicia por las violaciones a los derechos humanos de sus seres queridos. Las víctimas fueron: John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (27) y César Rodríguez Esquivel (29). Estas personas asesinadas fueron acusadas falsamente de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Luego de haberse encontrado los cuerpos de los fallecidos, a pedido de la Fiscalía se realizaron exhumaciones y peritajes para hallar nuevas pruebas de sus desapariciones y, posteriormente, sus muertes, debido a que no se aplicó ningún análisis sobre la balística, tampoco sobre las lesiones infligidas, ya que no se aplicaron los protocolos adecuados en esos momentos. Los exámenes fueron realizados por el Equipo Forense Especializado (EFE) y se adjuntaron al proceso judicial que dictaminó la sentencia contra los implicados.

Como resultado, se encontraron pruebas adicionales que indicaban signos de tortura en algunos de los cuerpos así como la presencia de proyectiles de pistolas, lo que refuerza la teoría que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas por el Grupo Colina, creado en la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.

El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Christian Huaylinos, afirmó que, en el caso PativilcaAlberto Fujimori logró evitar una condena debido a su fallecimiento el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, la justicia ha demostrado que él encabezó un aparato organizado de poder responsable de la creación del destacamento Colina, el cual aprobó acciones de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos están relacionados con los casos de La Cantuta y Pativilca, que se encuentran acumulados en este juicio.

Caso Pativilca: exintegrantes del Grupo Colina piden que se les aplique ley de impunidad

La ‘Ley de Impunidad’ empieza a ser usada por investigados por el presunto delito de lesa humanidad cometidos en el periodo de violencia en el Perú. Este lunes 12 de agosto se desarrolla una audiencia del caso Pativilca y los exmiembros del Destacamento Colina Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre presentaron un escrito de excepción de prescripción en mérito a la Ley N.°32107 que, hace solo unos días, logró su aprobación en el Congreso.

Durante la audiencia, precedida por la jueza Miluska Cano de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, también se conoció que el exjefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército en los años 90, y Jefe Político Militar del Frente Mantaro Luis Augusto Pérez Documet presentaría un escrito en el mismo sentido.

Siguiendo el desarrollo de la audiencia, en una próxima fecha se escuchará el sustento de la defensa legal de los procesados. Posteriormente, expondrán su defensa los representantes de las víctimas y, finalmente hará lo mismo la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, esta no es la única vez en la que los acusados intentan beneficiarse. En enero de este 2024, Julio Chuqui Aguirre , quien es investigado por los crímenes de La Cantuta, Barrios Altos y El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri Bustamante, solicitó la prescripción de la deuda pendiente que tiene por concepto de reparación civil, por la sentencia dictada en su contra.

Al respecto, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), argumentó que Julio Chuqui Aguirre fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual no podría plantear este pedido bajo la interpretación errónea de un artículo del Código Civil.

“Él (Julio Chuqui) ha sido sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos. No puede asumir que ya prescribió la reparación con una interpretación del Código Civil, porque en este caso la norma sustancial que aplica es el Código Penal”, explicó.

En tanto, Carlos Pichilingue Guevara, quien purga una pena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, ha presentado más de cinco recursos de habeas corpus en los que solicita cumplir su condena bajo detención domiciliaria.