Una creciente preocupación se ha encendido en Huaral luego de conocerse que EMAPA Huaral ya no estaría usando su nombre ni su logo en documentos oficiales, mientras toma fuerza la posibilidad de una fusión con “Aguas del Norte”, escenario que podría impedir que la empresa retorne a la administración de la Municipalidad Provincial de Huaral.

En este contexto, Flor Yauri explicó que la situación de EMAPA Huaral se encuentra dentro de lo que permite la ley para las empresas prestadoras intervenidas. “La intervención de OTASS es temporal, y la ley prevé que la EPS pueda regresar a la municipalidad, continuar intervenida o pasar a un régimen distinto, como una reorganización o fusión”.

La especialista precisó que el descontento ciudadano puede generar acciones de control, pero no determina por sí solo el retorno de la empresa. “Un reclamo bien sustentado puede activar auditorías, supervisiones o investigaciones, generar responsabilidades administrativas o funcionales y evaluar si OTASS incumple sus funciones, pero el reclamo por sí solo no devuelve la EPS a la municipalidad”.

Yauri señaló además que la decisión sobre el futuro de la EPS no la toma OTASS, sino el Ministerio de Vivienda. “La decisión la toma el MVCS, previa evaluación técnica, considerando el informe de OTASS, la opinión de SUNASS, la capacidad de gestión de la municipalidad y la situación financiera, operativa y legal de la EPS”.

Como caso emblemático, mencionó el único antecedente exitoso en el país. “Actualmente, de 19 empresas intervenidas por el OTASS, existe un caso exitoso del retiro del RAT, la EPS Moquegua, que es el primer caso y a la fecha el único que regresó a la administración municipal”, afirmó, recordando que esta decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 247-2022-VIVIENDA.

Finalmente, sostuvo que el retorno solo procede si se acreditan condiciones claras. “Para que la EPS regrese a la administración de la municipalidad, la entidad edil debe demostrar capacidad técnica y administrativa, solvencia financiera, un plan de sostenibilidad del servicio y ausencia de riesgos para la continuidad del agua y saneamiento”, afirmó.

En ese sentido, señaló que corresponde al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral y a su concejo iniciar acciones dentro de sus competencias para evaluar el retorno de EMAPA Huaral, tomando como referencia el caso de la EPS Moquegua.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huaral, presidida por el concejal Julio Obando y con los regidores Haydee Bailón y Daniel Hernández, sostuvo reuniones de socialización sobre el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la provincia y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) Huaral-Aucallama.

A estas reuniones también asistieron las regidoras Carvallo, Reyes y el regidor Quintana, junto al arquitecto Jabel Ramos, funcionario de la municipalidad, quien aportó orientación técnica y revisión detallada de los planes de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial.

Finalmente, se recomendó que el Concejo Municipal de Huaral considere estas herramientas de gestión, quedando en la recta final en manos de los regidores provinciales.

Daniel Hernández participó activamente, enfocándose en que los planes impulsen un desarrollo urbano ordenado y progresivo para toda la provincia de Huaral.

La Municipalidad Provincial de Huaral continúa impulsando obras que transforman la ciudad y mejoran la calidad de vida de la población, con el inicio de la colocación de la capa asfáltica de pistas y veredas en el sector norte periférico, una intervención largamente esperada por los vecinos de la zona.

Este importante proyecto beneficiará directamente a los moradores de las asociaciones de vivienda Caporala I, Las Flores de Retes y El Pinar, mejorando de manera significativa la transitabilidad vehicular y peatonal, así como el acceso seguro a sus viviendas. Los trabajos se iniciaron en la asociación de vivienda El Pinar, desde donde se avanzará de forma progresiva conforme al cronograma establecido.

La obra contempla una inversión de S/ 10,294,667.83 (diez millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y siete con 83/100 soles) y un plazo de ejecución de 180 días calendario, reafirmando el compromiso de la actual gestión municipal con el desarrollo urbano ordenado y sostenible de la provincia.

Con esta intervención, la Municipalidad Provincial de Huaral fortalece la infraestructura vial del sector norte periférico, promoviendo mayor seguridad, accesibilidad y bienestar para cientos de familias, y contribuyendo al progreso y modernización de la ciudad.

Lo ocurrido en la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” no es un simple “procedimiento administrativo”, es un hecho gravísimo que configuraría un abuso de autoridad y un conjunto de otras faltas administrativas y/o penales..

El Director del plantel, Edwin Fernando Pizarro Cherre, ha encendido las alarmas al denunciar formalmente a la UGEL N.° 10 de Huaral, dirigida por Roxana Camán Vigo, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de docentes, trabajadores y estudiantes, incluidos menores de edad.

El 3 de julio de 2025, funcionarios de la UGEL N.° 10 ingresaron al colegio en una visita calificada por ellos mismos como “inopinada”. ¿El resultado? La extracción de alrededor de doce horas de grabaciones de las cámaras de seguridad del plantel, sin resolución administrativa o Resolución Judicial alguna..

Estamos hablando de material audiovisual sensible, donde aparecen trabajadores y alumnos, muchos de ellos niños y adolescentes, cuyas imágenes están protegidas por la Constitución y por leyes expresas. Aun así, la UGEL actuó como si la escuela fuera tierra de nadie.

La denuncia es clara y demoledora: se habría vulnerado el derecho constitucional a la intimidad, al honor y a la propia imagen, además de infringir abiertamente la Ley N.° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.

Dicha norma no deja lugar a interpretaciones: el tratamiento de datos personales exige consentimiento expreso, finalidad definida y medidas de seguridad estrictas. Nada de eso ocurrió. Peor aún, se habrían pisoteado principios básicos como:

-Finalidad: nunca se explicó para qué se necesitaban las grabaciones.

-Proporcionalidad: ¿doce horas de video para una inspección?

-Seguridad: ¿Quién custodió esas imágenes?, ¿Dónde están ahora?, ¿Quién garantiza que no fueron copiadas o difundidas?

A esto se suma el presunto incumplimiento de la Ley N.° 27444, que obliga a toda entidad pública a actuar con competencia, motivación y legalidad. Aquí, nada de eso existió.

LAS PRUEBAS QUE DESNUDAN A LA UGEL.

La UGEL N.° 10 no puede alegar desconocimiento. En los documentos adjuntos a la denuncia:

1.-Su propia Oficina de Asesoría Jurídica reconoce la descarga de los videos en memorias USB.

2.-Se admite que la visita fue “inopinada”, es decir, sin planificación ni sustento formal.

3.-Existe un oficio firmado por la directora de la UGEL, Roxana Camán Vigo, que remite dicho informe.

4.-Y un documento del colegio exigiendo la devolución inmediata del material y una explicación que, hasta hoy, no convence a nadie.

La pregunta es incómoda pero necesaria:

¿DESDE CUANDO UNA UGEL PUEDE LLEVARSE IMÁGENES SIN UNA ÓRDEN JUDICIAL?

¿Quién responde si esas grabaciones son usadas indebidamente o terminan circulando fuera del ámbito institucional?

El Director del Colegio FERNANDO PÏZARRO CHERRE, ha pedido que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales actúe con firmeza, determine las responsabilidades y aplique sanciones ejemplares, que podrían incluir multas severas.

La creciente ola de extorsiones y atentados continúa golpeando a los pequeños y medianos negocios de Huaral, al punto de poner en riesgo su continuidad. En menos de un mes, una vidriería ha sido blanco de cuatro detonaciones, evidenciando la gravedad de la situación.

La vidriería Castillo fue víctima de un nuevo atentado ocurrido a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Huaral. El fuerte estruendo destruyó gran parte de la fachada de vidrios, causando alarma y temor entre los vecinos del sector Los Héroes.

Los constantes estallidos registrados en distintos puntos de la ciudad se han convertido en un hecho recurrente, generando zozobra en la población y afectando seriamente la actividad comercial.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad que, de continuar esta situación, muchos negocios podrían verse obligados a cerrar, incrementando el impacto social y económico en la provincia.