Lo ocurrido en Huaral durante las fiestas navideñas no es un simple “problema operativo” ni una “incidencia técnica”. Es algo mucho más grave: la vulneración abierta de un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Política del Perú.
Dejar sin agua potable a una ciudad entera en Navidad no es solo incapacidad, es negligencia institucional y una falta de respeto intolerable a la población.
El acceso al agua potable es un derecho humano esencial, indispensable para la vida, la salud y la dignidad de las personas. Así lo establece claramente el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de toda persona al acceso progresivo y universal al agua potable, dando prioridad al consumo humano por encima de cualquier otro uso. En Huaral, ese mandato constitucional ha sido pisoteado sistemáticamente por el OTASS y su administración en EMAPA Huaral.
El OTASS llegó a Huaral bajo el llamado Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), con un plazo máximo de tres años y una misión concreta: rescatar financieramente la EPS y garantizar agua potable las 24 horas del día. Hoy, ocho años después, no hay rescate, no hay 24 horas de agua y no hay explicaciones.
Lo que debía ser transitorio se transformó en un Régimen de Apoyo Eterno, sin resultados, sin transparencia y sin fecha de salida. Nadie informa con claridad si EMAPA Huaral está saneada económicamente. Lo único evidente es que el servicio es precario, intermitente y abusivamente cobrado.
NAVIDAD SIN AGUA: UNA VERGÜENZA NACIONAL.
Que una ciudad se quede sin agua potable en plena Navidad no es solo indignante: es inhumano. Días antes del 25 de diciembre, miles de vecinos ya no contaban con el servicio. Familias que no pudieron cocinar, asearse ni atender a niños, adultos mayores o personas enfermas. Todo esto mientras los recibos llegaron con montos escandalosos, como si el agua hubiera fluido con normalidad.
¿De qué derecho constitucional estamos hablando cuando los medidores miden aire, los cortes son constantes y los cobros son desproporcionados? Esto no es una excepción: es el mismo patrón que el OTASS repite en otras provincias del país donde administra EPS: ineficiencia, mal servicio, facturación abusiva y funcionarios blindados.
Mientras el pueblo de Huaral pasaba una Navidad sin agua, Juan Carlos Bueno Rivera, gerente general de EMAPA Huaral, y otros funcionarios foráneos disfrutaban de sus sueldos dorados y de fiestas sin carencias.
Más grave aún, es el hecho que en sesión de concejo Carlos Bueno Rivera, gerente general del OTASS-EMAPA HUARAL afirmó que Huaral cuenta con 21 horas de agua al día.
La pregunta surge con indignación colectiva:
¿Dónde está esa agua, señor gerente? ¿En qué barrios, en qué hogares, en qué ciudad?
El agua potable no es un privilegio, no es un favor del Estado, no es un botín administrativo. Es un derecho humano protegido por la Constitución, y cuando una entidad como el OTASS fracasa en garantizarlo, debe retirarse.
Huaral no necesita más excusas ni discursos técnicos. Necesita acciones inmediatas, mesas de trabajo reales, control ciudadano y un frente firme que exija la salida del OTASS de la provincia. Su permanencia solo prolonga el abuso y normaliza la precariedad.
¿QUIÉN DEFIENDE A HUARAL?
La población ya alzó la voz. El malestar es generalizado y legítimo.
Ahora la pregunta es directa y sin rodeos:
¿DONDE ESTAN LAS AUTORIDADES?
¿Van a seguir guardando silencio mientras se vulnera un derecho constitucional básico?
¿O asumirán, por fin, su obligación de defender a los huaralinos?
El agua es vida. Sin agua no hay dignidad.
Y en Huaral, el OTASS ha demostrado que no puede —ni debe— seguir administrando EMAPA.
NUESTRAS AUTORIDADES TIENEN LA PALABRA
El pueblo de Huaral exige respuestas, justicia y agua potable ya.
Fuente: RADIO TV Digital-RTD
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