Un nuevo terremoto político sacude al Gobierno Regional de Lima. En un megaoperativo ejecutado al amanecer, la Fiscalía Anticorrupción de Huaura y agentes de la DIRCOCOR–PNP allanaron 11 inmuebles, entre ellos la propia sede del Gobierno Regional, en el marco de la investigación conocida como “Los Compadres de la Corrupción”, una presunta red que habría operado al amparo de la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado.
El punto más sensible del operativo fue el departamento ubicado en Residencial Los Robles, inmueble donde, según la tesis fiscal, la gobernadora habría simulado vivir bajo alquiler, al igual que otros funcionarios, con el fin de encubrir movimientos y coordinaciones internas.
El operativo llega pocos días después de que la Comisión de Fiscalización del Congreso decidiera abrir una investigación integral al Gobierno Regional por una serie de denuncias graves y reiteradas de corrupción, consideradas ya como “sistémicas”.
Según la carpeta fiscal, los investigados estarían involucrados en presuntos delitos de:
– Colusión agravada,
– Negociación incompatible,
– Aprovechamiento indebido del cargo.
– Falsificación de documentos, entre otros.
Las diligencias fueron dirigidas por el Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huaura, que autorizó los allanamientos simultáneos en Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí, con el objetivo de asegurar documentación clave y recolectar elementos de convicción que sostengan la investigación.
La tesis fiscal apunta directamente a un presunto favorecimiento ilegal a la empresa CESOLIV Servicios Generales, cuyo gerente, según la investigación, sería compadre de la gobernadora Rosa Vásquez.
La Fiscalía sostiene que, mediante coordinaciones externas y direccionamientos internos en el área de logística, CESOLIV habría acumulado 21 órdenes de servicio entre 2023 y 2025, pese a tener condiciones cuestionables para la prestación de dichos servicios.
El esquema habría contado con la intervención de funcionarios del Gobierno Regional, el jefes de logística, un extraneus (persona ajena a la institución que dirigía los procesos internamente), y el gerente de la empresa beneficiada.
El operativo marca un punto de quiebre para la administración de Rosa Vásquez. Para algunos especialistas, este allanamiento representa el inicio de la caída de una estructura que habría operado bajo la sombra del poder, mientras que para otros es la confirmación de que la corrupción en el GORE Lima dejó de ser una sospecha para convertirse en una investigación formal y contundente.
El Ministerio Público no descarta futuras detenciones y ampliaciones de la investigación, mientras el país observa con atención el desarrollo de un caso que, sin duda, podría convertirse en uno de los más graves escándalos regionales de los últimos años.
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