La salud pública en el distrito de Huaura atraviesa uno de sus momentos más críticos y vergonzosos. Lo ocurrido en el Centro de Salud de Huaura no solo indigna, sino que enciende todas las alertas sobre el uso político del poder en perjuicio de miles de ciudadanos.

Tras un reclamo legítimo y público de los profesionales de la salud —quienes denunciaron que atienden a pacientes en plena calle, sin reubicación, sin apoyo y sin condiciones mínimas de dignidad— la respuesta del Gobierno Regional no fue la solución, sino el castigo.

En una decisión que muchos califican como represalia, se dispuso la remoción de la Dra. Pilar Mónica Aguirre Morales, médica reconocida por su firmeza, profesionalismo y defensa de la salud pública, del cargo de jefa del Centro de Salud de Huaura.

Su “falta” habría sido alzar la voz y exigir condiciones humanas para atender a la población.

Lo más alarmante es que, en su lugar, se habría designado a Alex Edgar Lugo Loza, bachiller en Derecho, una persona sin formación médica, para asumir una jefatura que requiere conocimiento técnico en salud pública.

Una decisión que, de confirmarse, resulta incomprensible y peligrosa, y que pone en evidencia una preocupante improvisación en la gestión sanitaria.

Mientras tanto, el alcalde distrital de Huaura guarda un silencio cómplice e incapaz, sin pronunciarse ni defender a su población ni a los profesionales que hoy trabajan en condiciones indignas. La ausencia de liderazgo municipal agrava aún más la crisis.

Pero el escenario se vuelve todavía más grave: se pretende fusionar el Centro de Salud de Huaura con el de Socorro, una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud de miles de huaurinos, incrementando la sobrecarga, reduciendo la atención y alejando los servicios básicos de quienes más los necesitan.

Aquí no estamos ante un simple cambio administrativo.

Estamos frente a una decisión política que castiga la dignidad, silencia la protesta justa y pone en riesgo la vida de la población.

La pregunta es inevitable:

¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?

¿Quién asume la responsabilidad de convertir la salud en un botín político?

Huaura merece respeto.

La salud no se negocia.

Y quienes defienden al pueblo no deben ser castigados, sino respaldados.

Fuente: Juan Michuy

La provincia de Huaura volvió a ser escenario de un violento hecho criminal. Un ataque armado perpetrado frente a una bodega, ubicada en la primera etapa del centro poblado Los Pinos (ex Fujimori), en el distrito de Santa María, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos. El hecho ocurrió la noche del sábado 10 de enero.

Según información preliminar, sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban a bordo de una motocicleta. Producto del ataque, Samir Edilberto Castillo Palomino (25), conocido con el alias de “Frío”, recibió impactos de bala en la cabeza y el hombro, perdiendo la vida en el lugar.

La víctima se desempeñaba como agente fiscalizador municipal en la jurisdicción, hecho que ha generado cuestionamientos, ya que Castillo Palomino registraba antecedentes por presunta vinculación con una organización criminal, pese a lo cual habría sido contratado por la municipalidad.

ANTECEDENTES PENALES Y VÍNCULOS CRIMINALES

Samir Castillo fue capturado anteriormente durante un operativo de la Policía Nacional del Perú, con apoyo del Ministerio Público, como presunto integrante de la organización criminal denominada “Los Terribles Huachanos”, dedicada según las investigaciones a delitos de sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas y armas.

En su momento la intervención se realizó en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Los Pinos, en el distrito de Santa María. En dicha operación fueron detenidos, además de Castillo Palomino, Julián Felipe Ochoa Tapia (36), alias “Gusano”, señalado como presunto cabecilla de la organización.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Frío” habría cumplido el rol de operador directo en diversos actos delictivos, siendo investigado por delitos como tenencia ilegal de armas de fuego, uso de materiales peligrosos y extorsión agravada.

La banda fue catalogada por las autoridades como de alta peligrosidad, debido a su capacidad operativa y el uso de armamento de guerra.

El crimen ha encendido nuevamente las alarmas sobre la infiltración de personas con antecedentes criminales en entidades públicas, así como el avance de la violencia armada en la provincia de Huaura. Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

Por: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗠𝗲𝘀í𝗮𝘀 𝗭á𝗿𝗮𝘁𝗲

En el Perú de la justicia a la carta, el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Flex Cadillo Crisóstomo, acaba de recibir un verdadero premio: salir en libertad por tan solo S/ 6,000 de caución y algunas “reglas de conducta” después de la brutal golpiza que le propinó a su conviviente, todo grabado por cámaras de seguridad.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dirigido por el magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, decidió rechazar el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía por tentativa de feminicidio. La razón: según el juez, la agresión no cumple “objetivamente” con las características de feminicidio ni sus agravantes. Al parecer, para la justicia peruana, golpear a una mujer hasta dejarla maltrecha no es suficiente.

El juez incluso se dio tiempo para reflexionar en audiencia que la Fiscalía no precisó estereotipos de género y que, aunque había celos de por medio, estos “no son un estereotipo de género”. Quizá habría que preguntarle si seguiría pensando lo mismo si la agredida fuera su hija, hermana o madre… o si le parecería igual de “no grave” que el agresor de su familiar camine libre por la calle.

Mientras tanto, el “honorable” alcalde deberá cumplir reglas como no acercarse a la víctima, no comunicarse con ella, presentarse periódicamente a firmar un libro y no salir de su localidad sin permiso. Todo esto bajo la amenaza -casi risible- de que, si no paga los S/ 6,000 en 10 días, podría ir a prisión. Un verdadero “descuentazo judicial” para quien se siente con derecho a golpear a su pareja como si fuera un rival de cantina.

La decisión judicial no significa que esté absuelto. La investigación sigue y las pruebas son contundentes. Pero lo más probable es que la sentencia tarde en llegar, y mientras tanto, el pueblo de Medio Mundo tendrá como autoridad a un cobarde agresor de mujeres, indigno de representar a su comunidad.

La pregunta es directa: ¿vamos a esperar que esta mujer aparezca muerta para recién meterlo preso? Porque con jueces que minimizan la violencia y políticos que se aferran al cargo, la historia en este país siempre termina igual… con un ataúd y lágrimas que ya no reparan nada.

Moralmente, Diego Flex Cadillo Crisóstomo debería renunciar hoy mismo. Pero claro, en tiempos donde la corrupción política y judicial se dan la mano, eso sería pedir demasiado.