Un trágico hecho de sangre conmociona al distrito de Santa María. La noche de este lunes, cuatro delincuentes armados asaltaron al propietario de la conocida pollería “Yamta”, ubicada en la avenida Libertad, y le arrebataron la vida a balazos para robarle su camioneta.
Según las primeras informaciones, el empresario se encontraba a punto de retirarse del local cuando fue interceptado por los sujetos, quienes lo amenazaron con armas de fuego. En medio del asalto, los criminales dispararon varias veces contra la víctima antes de darse a la fuga con el vehículo.
El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Huacho, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Vecinos y testigos del hecho expresaron su indignación y exigieron mayor presencia policial en la zona, señalando que los robos y asaltos se han vuelto frecuentes en el distrito.
La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que enluta nuevamente a la provincia de Huaura.
Familiares y amigos del empresario exigen justicia y seguridad para que hechos como este no vuelvan a repetirse.
En un operativo conjunto ejecutado en la provincia de Huaura, región Lima, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura (Equipo 1) consiguió la detención preliminar judicial por 15 días para presuntos miembros de la organización criminal ‘Los indeseables del norte chico’, dedicada al tráfico de terrenos mediante la falsificación de documentos, extorsión (cobro de cupos) y sicariato.
En total fueron detenidos 10 presuntos miembros de la citada organización criminal.
El megaoperativo, que se ejecuta con participación de agentes de la Policía Nacional, comprende el allanamiento y descerraje de 23 inmuebles, incluida cinco celdas del establecimiento penitenciario de Huacho.
«El objetivo es incautar celulares, laptops, chips, dispositivos electrónicos y/o armas de fuego que contribuyan a la indagación y esclarecer el funcionamiento de la estructura criminal», subrayó el Ministerio Público.
La Fiscalía intervino inmuebles ubicados en los distritos de Santa María, Huaura, Huacho, Hualmay y la Caleta de Carquín.
El titular de la investigación, Luis Alberto Salas Ostos, reveló que hasta el momento se ha logrado la incautado de más de 1,500 dólares en efectivo en un inmueble, así como armas y estupefacientes.
Salas Ostos, sostuvo que los últimos crímenes a transportistas y otros, estarían involucrados esta organización que sembraba el terror en el Norte Chico.
Según la Fiscalía, la banda criminal operaba desde 2019 y elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados.
Asimismo, amenazaba a sindicatos y obreros de construcción civil, así como a cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales.
La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Luis Salas Ostos con el apoyo de 22 fiscales adjuntos de diversas especialidades y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
En el Perú de la justicia a la carta, el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Flex Cadillo Crisóstomo, acaba de recibir un verdadero premio: salir en libertad por tan solo S/ 6,000 de caución y algunas “reglas de conducta” después de la brutal golpiza que le propinó a su conviviente, todo grabado por cámaras de seguridad.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dirigido por el magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, decidió rechazar el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía por tentativa de feminicidio. La razón: según el juez, la agresión no cumple “objetivamente” con las características de feminicidio ni sus agravantes. Al parecer, para la justicia peruana, golpear a una mujer hasta dejarla maltrecha no es suficiente.
El juez incluso se dio tiempo para reflexionar en audiencia que la Fiscalía no precisó estereotipos de género y que, aunque había celos de por medio, estos “no son un estereotipo de género”. Quizá habría que preguntarle si seguiría pensando lo mismo si la agredida fuera su hija, hermana o madre… o si le parecería igual de “no grave” que el agresor de su familiar camine libre por la calle.
Mientras tanto, el “honorable” alcalde deberá cumplir reglas como no acercarse a la víctima, no comunicarse con ella, presentarse periódicamente a firmar un libro y no salir de su localidad sin permiso. Todo esto bajo la amenaza -casi risible- de que, si no paga los S/ 6,000 en 10 días, podría ir a prisión. Un verdadero “descuentazo judicial” para quien se siente con derecho a golpear a su pareja como si fuera un rival de cantina.
La decisión judicial no significa que esté absuelto. La investigación sigue y las pruebas son contundentes. Pero lo más probable es que la sentencia tarde en llegar, y mientras tanto, el pueblo de Medio Mundo tendrá como autoridad a un cobarde agresor de mujeres, indigno de representar a su comunidad.
La pregunta es directa: ¿vamos a esperar que esta mujer aparezca muerta para recién meterlo preso? Porque con jueces que minimizan la violencia y políticos que se aferran al cargo, la historia en este país siempre termina igual… con un ataúd y lágrimas que ya no reparan nada.
Moralmente, Diego Flex Cadillo Crisóstomo debería renunciar hoy mismo. Pero claro, en tiempos donde la corrupción política y judicial se dan la mano, eso sería pedir demasiado.
La Contraloría General evidenció deficiencias en la administración del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) que realizan las Municipalidades Provinciales de Huaura, Huaral, Cañete, Canta, Oyón y Cajatambo, lo que pone en riesgo la provisión oportuna, inocuidad y calidad de alimentos, comprometiendo la salud de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En visitas de control realizadas entre el 14 y el 18 de julio de 2025, se advirtió que la Municipalidad Provincial de Huaura solo ejecutó el 4.7 % del presupuesto del PCA asignado a los comedores, ollas comunes, hogares y albergues, ascendente a S/ 1 702 078; mientras que la Municipalidad Provincial de Cañete ejecutó el 3 % del monto total destinado (S/ 4 309 361). Dicha situación pone en riesgo la atención a las personas beneficiadas con el programa y la asignación futura de recursos para cubrir la necesidad alimentaria de ese sector de la población.
Las comisiones de control también identificaron condiciones inadecuadas en el almacenamiento de los productos, así como el incumplimiento de normas mínimas de salubridad e higiene en las áreas de preparación de los alimentos.
Cabe precisar que el PCA es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), administrado por los gobiernos locales, cuya finalidad es brindar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de los centros de atención (comedores y ollas comunes, así como hogares y albergues).
Por ejemplo, en almacenes de Huaura se encontraron sacos de arroz, pallares, frijol y lenteja correspondientes a la novena, decima, undécima y duodécima entrega del 2024, apilados a poca distancia de la pared, techo o ventana lo que impediría la circulación del aire y la limpieza. Además, se observaron escobas, cajas, rollos de mallas y otros que podrían generar contaminación cruzada.
En Cañete, uno de los dos almacenes visitados presenta humedad en el interior, espacio reducido, ventanas sin malla metálica y/o plástica. En el otro se evidenció inadecuada ventilación que permita mantener la calidad sanitaria de los productos.
Durante la inspección de la Contraloría también se advirtió que los ambientes de los comedores y ollas comunes del PAC en las seis provincias son inadecuados para la preparación y almacenamiento de los alimentos, y se incumplen las buenas prácticas de manipulación por parte del personal a cargo.
Por ejemplo, en tres comedores de la provincia de Huaral se observaron deficiencias críticas como techos con orificios, humedad y grietas en las paredes. Asimismo, las ventanas y puertas carecen de protección adecuada contra plagas permitiendo el ingreso de polvo e insectos. En Cajatambo, algunos centros de atención presentan paredes a punto de colapsar, huecos en puerta de ingreso, cableado eléctrico sin protección, ambiente sin energía eléctrica, carencia de extintores, entre otros.
Asimismo, en los comedores inspeccionados en las mencionadas provincias se verificó que el personal a cargo no cuenta con indumentaria de cocina como mandil, protector de cabello y mascarilla. También se advirtió que la composición de la ración diaria por usuario del PAC no se formula conforme a lo establecido en el documento técnico, la cantidad de beneficiarios difiere de la relación de usuarios consignados en el requerimiento de los alimentos, falta de plan de distribución de productos con un cronograma de entregas, entre otros.
Los informes de control fueron notificados a los titulares de las seis municipalidades mencionadas para que se tomen las acciones correctivas correspondientes a fin de asegurar la continuidad y el logro de los objetivos del programa alimentario.
Luego de ser detenido la madrugada de este martes 5 de mayo por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura ha solicitado la prisión preventiva por un periodo de 9 meses para el alcalde de la comunidad de Medio Mundo, Diego Cadillo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja.
Walberto Rodríguez Champi fue el fiscal provincial encargado de formular el requerimiento, tras conocer el testimonio de la afectada en la cámara Gesell y de los agentes que intervinieron, así como la inspección de las cámaras de vigilancia en el lugar de los hechos. Producto de la agresión ejercida este último lunes 4 de agosto, la mujer posee lesiones graves en diversas zonas del cuerpo.
Detienen a alcalde Diego Cadillo en Huaura por presunto intento de feminicidio
Según se pudo conocer, luego del ataque, Cadillo fue encontrado por agentes de la Policía Nacional dentro de su camioneta. Con él, se encontraban otros dos sujetos con los cuales, aparentemente, intentaba huir de la escena.
Tras su captura y como parte de las diligencias de ley, Diego Cadillo fue sometido a un reconocimiento médico-legal, luego del cual fue internado en la carceleta de la comisaría PNP de Huaura.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su indignación ante el caso de violencia que involucra al alcalde del centro poblado Medio Mundo, en Huaura, detenido por agredir físicamente a su pareja.
En declaraciones a la prensa, la del titular del MIMP fue enfática: “Esto no debe quedar así. Sea quien sea, la ley debe aplicarse con firmeza”, declaró.
La ministra realizó una visita al lugar de los hechos tras conocer la denuncia, y lamentó que existan versiones sobre una posible liberación del agresor, quien habría sido detenido en flagrancia. “No porque sea autoridad se le debe tratar con privilegios. La agresión fue clara”, remarcó.
El MIMP activó atención integral a la víctima y su familia Montellanos informó que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer actuó desde el primer momento, brindando atención legal, psicológica y social tanto a la víctima como a su familia. Indicó que se trata de un caso grave, en el que también hay niños menores de edad involucrados, lo que agrava la situación.
“El soporte emocional, psicológico y legal está garantizado. No vamos a dejar sola a la víctima”, sostuvo. Asimismo, reiteró que el acompañamiento del Estado debe comenzar desde la primera señal de violencia, incluso psicológica.
Violencia psicológica también es delito, recuerda ministra Montellano recordó que la violencia psicológica, el control excesivo o los gritos también deben ser denunciados, ya que constituyen formas de maltrato penadas por ley. “No hay que esperar a que la agresión escale. Cada caso importa”, señaló.
La ministra hizo un llamado a todas las mujeres que viven situaciones similares a denunciar oportunamente y utilizar los servicios que brinda el MIMP, como los 433 Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100, atención gratuita y confidencial las 24 horas.
Familiares y amigos del empresario exigen justicia y seguridad para que hechos como este no vuelvan a repetirse.
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