Por: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗠𝗲𝘀í𝗮𝘀 𝗭á𝗿𝗮𝘁𝗲

En el Perú de la justicia a la carta, el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Flex Cadillo Crisóstomo, acaba de recibir un verdadero premio: salir en libertad por tan solo S/ 6,000 de caución y algunas “reglas de conducta” después de la brutal golpiza que le propinó a su conviviente, todo grabado por cámaras de seguridad.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dirigido por el magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, decidió rechazar el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía por tentativa de feminicidio. La razón: según el juez, la agresión no cumple “objetivamente” con las características de feminicidio ni sus agravantes. Al parecer, para la justicia peruana, golpear a una mujer hasta dejarla maltrecha no es suficiente.

El juez incluso se dio tiempo para reflexionar en audiencia que la Fiscalía no precisó estereotipos de género y que, aunque había celos de por medio, estos “no son un estereotipo de género”. Quizá habría que preguntarle si seguiría pensando lo mismo si la agredida fuera su hija, hermana o madre… o si le parecería igual de “no grave” que el agresor de su familiar camine libre por la calle.

Mientras tanto, el “honorable” alcalde deberá cumplir reglas como no acercarse a la víctima, no comunicarse con ella, presentarse periódicamente a firmar un libro y no salir de su localidad sin permiso. Todo esto bajo la amenaza -casi risible- de que, si no paga los S/ 6,000 en 10 días, podría ir a prisión. Un verdadero “descuentazo judicial” para quien se siente con derecho a golpear a su pareja como si fuera un rival de cantina.

La decisión judicial no significa que esté absuelto. La investigación sigue y las pruebas son contundentes. Pero lo más probable es que la sentencia tarde en llegar, y mientras tanto, el pueblo de Medio Mundo tendrá como autoridad a un cobarde agresor de mujeres, indigno de representar a su comunidad.

La pregunta es directa: ¿vamos a esperar que esta mujer aparezca muerta para recién meterlo preso? Porque con jueces que minimizan la violencia y políticos que se aferran al cargo, la historia en este país siempre termina igual… con un ataúd y lágrimas que ya no reparan nada.

Moralmente, Diego Flex Cadillo Crisóstomo debería renunciar hoy mismo. Pero claro, en tiempos donde la corrupción política y judicial se dan la mano, eso sería pedir demasiado.

Luego de ser detenido la madrugada de este martes 5 de mayo por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura  ha solicitado la prisión preventiva por un periodo de 9 meses para el alcalde de la comunidad de Medio Mundo, Diego Cadillo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja.

Walberto Rodríguez Champi fue el fiscal provincial encargado de formular el requerimiento, tras conocer el testimonio de la afectada en la cámara Gesell y de los agentes que intervinieron, así como la inspección de las cámaras de vigilancia en el lugar de los hechos. Producto de la agresión ejercida este último lunes 4 de agosto, la mujer posee lesiones graves en diversas zonas del cuerpo.

Detienen a alcalde Diego Cadillo en Huaura por presunto intento de feminicidio

Según se pudo conocer, luego del ataque, Cadillo fue encontrado por agentes de la Policía Nacional dentro de su camioneta. Con él, se encontraban otros dos sujetos con los cuales, aparentemente, intentaba huir de la escena.

Tras su captura y como parte de las diligencias de ley, Diego Cadillo fue sometido a un reconocimiento médico-legal, luego del cual fue internado en la carceleta de la comisaría PNP de Huaura.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su indignación ante el caso de violencia que involucra al alcalde del centro poblado Medio Mundo, en Huaura, detenido por agredir físicamente a su pareja.

En declaraciones a la prensa, la del titular del MIMP fue enfática: “Esto no debe quedar así. Sea quien sea, la ley debe aplicarse con firmeza”, declaró.

La ministra realizó una visita al lugar de los hechos tras conocer la denuncia, y lamentó que existan versiones sobre una posible liberación del agresor, quien habría sido detenido en flagrancia. “No porque sea autoridad se le debe tratar con privilegios. La agresión fue clara”, remarcó.

El MIMP activó atención integral a la víctima y su familia

Montellanos informó que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer actuó desde el primer momento, brindando atención legal, psicológica y social tanto a la víctima como a su familia. Indicó que se trata de un caso grave, en el que también hay niños menores de edad involucrados, lo que agrava la situación.

“El soporte emocional, psicológico y legal está garantizado. No vamos a dejar sola a la víctima”, sostuvo. Asimismo, reiteró que el acompañamiento del Estado debe comenzar desde la primera señal de violencia, incluso psicológica.

Violencia psicológica también es delito, recuerda ministra

Montellano recordó que la violencia psicológica, el control excesivo o los gritos también deben ser denunciados, ya que constituyen formas de maltrato penadas por ley. “No hay que esperar a que la agresión escale. Cada caso importa”, señaló.

La ministra hizo un llamado a todas las mujeres que viven situaciones similares a denunciar oportunamente y utilizar los servicios que brinda el MIMP, como los 433 Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100, atención gratuita y confidencial las 24 horas.

Más denuncias gracias a mayor cobertura estatal

Respecto al aumento de casos reportados, aclaró que no necesariamente hay más agresiones, sino que ahora más mujeres denuncian, gracias a una mayor cobertura estatal y campañas de concientización.

Precisó que el 44 % de las denuncias registradas corresponde a violencia psicológica, un delito que anteriormente no se identificaba con facilidad.

Montellanos indicó que se ha planteado ampliar la cobertura de atención a nivel nacional, tal como se anunció en el reciente mensaje presidencial del 28 de julio. “Necesitamos más centros, más recursos y más información para empoderar a las mujeres”, concluyó.

Alcalde de Medio Mundo en Huaura será denunciado por tentativa de feminicidio

Ministerio de la Mujer confirmó recalificación del caso de Diana en Huacho como tentativa de feminicidio, tras nuevas pruebas. Inicialmente considerado como un caso de lesiones, la reclasificación se dio tras el análisis de nuevas evidencias, entre ellas grabaciones en video y testimonios adicionales.

En lo que va del año, se han registrado 529 denuncias por violencia en Huacho, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer. Las autoridades afirman que este incremento también refleja una mayor disposición de las mujeres a denunciar situaciones de violencia física y psicológica.

El periodista Carlos Yofre López Sifuentes, director de la plataforma digital y programa radial Contra Poder, fue sentenciado al pago de 100 mil soles de reparación civil en un proceso iniciado por el juez superior Víctor Reyes Alvarado, actual presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura.

La condena se dictó pese a que el delito de difamación había prescrito y a que jueces de la misma corte admitieron tener amistad notoria con el querellante.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), López relató que la querella comenzó en 2019, tras la difusión de publicaciones en redes sociales sobre hechos de relevancia pública que implicaban al magistrado: el proceso de ratificación automática de magistrados observado por la Contraloría, los vínculos de Reyes con el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos —procesado en el caso Cuellos Blancos— y una denuncia de acoso sexual presentada por su asesora ante el sindicato de trabajadores del Poder Judicial. El periodista explicó que estos señalamientos se sustentaron en informes de medios como Caretas, documentos oficiales y declaraciones públicas.

El caso fue abordado en primera instancia por el juez supernumerario William De Zametta Alvarado, quien impuso una primera condena a prisión suspendida y reparación civil. Posteriormente, la sala penal anuló esa sentencia por falta de motivación, ordenando un nuevo juicio.

En 2023, la jueza Keyly Garay Robles declaró prescrita la acción penal pero mantuvo el extremo civil, finalmente condenando a López al pago de 100 mil soles. El periodista denunció que esta decisión contraviene el principio de prohibición de reforma en perjuicio, pues duplicó la reparación impuesta en el fallo anterior.

El 9 de junio de 2025, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura confirmó la sentencia de primera instancia. Durante el proceso de apelación, dos jueces integrantes de la sala —Wilian Timaná Girio y Carlos Gómez Arguedas— presentaron inhibiciones por mantener una amistad notoria con Reyes Alvarado.

Sin embargo, la propia sala resolvió no aceptar dichas inhibiciones, obligando a ambos magistrados a continuar en el caso. El tercer integrante del colegiado, Edwin Manrique Ramírez, tampoco informó que había sido designado como juez superior provisional por el mismo Víctor Reyes Alvarado desde el año 2018, lo que, según el periodista, representa otro elemento de parcialidad no corregido.

López Sifuentes denuncia que esta situación vulnera su derecho a un juez imparcial y al debido proceso, y que la persecución judicial sostenida por seis años ha afectado gravemente su salud mental y su capacidad de ejercer el periodismo. Asimismo, alertó que, desde el inicio de las investigaciones, ha sido objeto de señalamientos públicos, amenazas de nuevas querellas y hostigamiento constante por parte de magistrados de la jurisdicción.

Actualmente, el periodista ha interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema con el objetivo de que se evalúe la anulación de la sentencia y la transferencia del caso fuera del distrito judicial de Huaura.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reitera su solidaridad con el periodista Carlos Yofré López Sifuentes, cuyo caso evidencia la persecución judicial con la finalidad de hostigar a periodistas de investigación, y subraya que en este caso y otros se impongan montos indemnizatorios desproporcionados que resultan tan inhibitorios como la cárcel.

Particularmente, la ANP llama la atención sobre el proceder de las instancias judiciales, seriamente comprometidas en este caso -al ser el querellante el actual presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura-, lo que genera razonables cuestionamientos a la independencia del proceso judicial.