Una nueva denuncia pone en el centro de la polémica al consejero regional por Cañete, José Caico Fernández, a quien se le atribuye una influencia determinante en el manejo del Hospital Rezola, las redes de salud y la Unidad Ejecutora Lima Sur. La situación se agrava al involucrar directamente a su entorno familiar, en especial a su esposa, la médico Fátima del Pilar Alcalá Sánchez.
Según la información recibida, el consejero Caico cuestionado además por un presunto episodio de conducción en estado de ebriedad habría mantenido una relación de conveniencia política con la gobernadora regional sentenciada, lo que explicaría, según la denuncia, su pasividad fiscalizadora. Fuentes señalan que el poder “se le habría subido a la cabeza”, permitiéndole operar sin mayores contrapesos.
Uno de los puntos más delicados es el presunto nombramiento irregular de la doctora Fátima Alcalá Sánchez en el puesto de salud del distrito de Chocos, mediante la Resolución Directoral N.° 279-2023, de fecha 30 de noviembre de 2023, cuando según se afirma no se encontraba laborando en dicha institución. A ello se suma su designación como directora del Centro de Salud de San Vicente, coincidiendo con el cargo político de su cónyuge.
La población de Yauyos ha expresado reiteradamente su malestar, exigiendo que médicos y personal de salud retornen a sus plazas originales, denunciando que los establecimientos de esa provincia se encuentran prácticamente abandonados, mientras profesionales son trasladados a Cañete. El reclamo ciudadano es claro: los centros de salud de Yauyos se estarían convirtiendo en un “cementerio” por falta de personal.
Aún más inquietante resulta la aparente acumulación de cargos de la doctora Alcalá Sánchez en diversas entidades públicas, como RIS Cañete–Yauyos, la Universidad de Cañete y EsSalud, con contratos que oscilarían entre 8 mil y 18 mil soles, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y compatibilidad de funciones.
Pese a estos cuestionamientos, el consejero José Caico no solo no habría dado explicaciones, sino que según la denuncia habría asegurado apoyos políticos para presidir la Comisión de Salud en 2025. La interrogante es inevitable: ¿cómo fiscalizar un sector donde su esposa y familiares estarían directamente involucrados? Más aún cuando se menciona a su pariente Jesús Alcalá Mateo, asesor FAG en Cañete, como una pieza clave para mantener todo “bajo control” tanto en el Hospital Rezola como en la Unidad Ejecutora Lima Sur.
De confirmarse estos hechos, se entendería según los denunciantes por qué el sector Salud atraviesa una profunda crisis a nivel regional, atribuida a intereses particulares y al aval político de la actual gobernadora. Ante la gravedad de lo expuesto, se exige la intervención inmediata de las autoridades competentes y del Ministerio Público, pues advierten se estaría poniendo en riesgo la salud de los pobladores de la región Lima.
Fuente: El Chaski
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