La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en siete actuales funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE) de Lima, así como un exfuncionario de dicha entidad por favorecer a una empresa proveedora con contrataciones de bienes y servicios por un monto total de S/ 375 796 durante los años 2023, 2024 y 2025, sin cautelar adecuadamente la indagación de mercado, verificación de cotizaciones, validación de documentos, el cumplimiento de términos de referencia, la emisión de conformidades y la aplicación de penalidades.

En el Informe de Control Específico n.° 10691-2026-CG/GRLP-SCE, que comprendió el periodo del 02 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025, se señala que las actuaciones de los involucrados impidieron que el GORE Lima accediera a mejores condiciones de contratación y afectó los principios que rigen las contrataciones públicas y la correcta administración de los recursos públicos.

La comisión auditora evidenció que la empresa proveedora fue beneficiada con 22 contrataciones -uno derivado de un procedimiento de selección y 21 contrataciones menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias- mediante deficientes indagaciones de mercado, el uso de cotizaciones atribuidas a empresas y personas vinculadas entre sí y que presentaban indicios de falta de autenticidad.

También se le benefició, mediante la aceptación de documentos incompletos, inconsistentes y/o con información no concordante, falta de verificación del cumplimiento de los términos de referencia, otorgamiento de conformidades pese a incumplimientos técnicos, tramitación separada de contrataciones que presentaban indicios de fraccionamiento, así como la inaplicación de penalidades contractuales, que ocasionó un perjuicio económico de S/ 7400.

En el informe de control se advierte que el proveedor efectuó modificaciones en sus actividades económicas principales y secundarias durante el 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales se produjeron en fechas cercanas, coincidentes o previas a las solicitudes de cotización, presentación de cotizaciones y/o ejecución de los servicios y bienes contratados por el GORE Lima.

Asimismo, se precisó que la empresa contratada brindó prestaciones de diversa naturaleza, tales como servicios de alimentación, coffee break, mantenimiento de ascensores y montacargas, elaboración e instalación de carteles, alquiler de equipos, adquisición de bienes diversos, adquisición de piso empedrado, mantenimiento de grupo electrógeno, adquisición de accesorios y herramientas, adquisición de mobiliario, estantes, escritorios y acondicionamiento de letreros.

Los resultados del informe de auditoría fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra siete de los ocho involucrados en el caso, así como al titular del Gobierno Regional de Lima para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan.

La Contraloría General de la República, a través del Informe de Control Concurrente N.° 1490-2026-CG/GRLP-SCC, advirtió diversas situaciones adversas durante el proceso de liquidación del contrato de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos del CETPRO Las Carmelitas”, ubicada en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, región Lima.

De acuerdo con el informe, durante la ejecución del control concurrente se identificaron dos situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, así como el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión con Código Único de Inversiones (CUI) N.° 2247688.

Asimismo, la Contraloría recordó observaciones detectadas en hitos anteriores relacionados con la recepción de la obra. Entre ellas, se señala que el comité designado no consignó en el acta de observaciones todas las deficiencias encontradas en el proceso constructivo, situación que pondría en riesgo la calidad y vida útil de la infraestructura educativa.

Además, se advirtió que la entidad no solicitó documentación vinculada a las garantías del equipamiento instalado, lo que podría impedir reclamos oportunos dentro de los plazos establecidos y afectar el adecuado uso de los recursos públicos.

Otro de los puntos observados es el incumplimiento de los plazos de recepción de obra establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, generando el riesgo de retrasar la entrega y puesta en funcionamiento del CETPRO “Las Carmelitas”, afectando así la finalidad pública del proyecto.

El informe también revela la ausencia del supervisor y del residente de obra durante la subsanación de observaciones en la etapa de recepción. A ello se suma que el residente estaría desempeñando el mismo cargo en otra obra simultáneamente, situación que contraviene la normativa vigente y pone en riesgo la adecuada dirección técnica, la calidad y la vida útil de la infraestructura.

La Contraloría recomendó a las autoridades competentes adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la correcta culminación del proyecto educativo en beneficio de la población estudiantil de Huacho.

Por primera vez damos a conocer documentos fiscales y de investigación señalan al ex presidente regional de Lima, Javier Alvarado, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública como peculado, colusión, negociación incompatible y omisión de deberes funcionales. La denuncia, vinculada al uso de “encargos económicos” durante su gestión municipal y regional, fue derivada al Distrito Fiscal de Huaura, donde se deberá continuar con las diligencias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Estado.

Esta investigación, entre otras tantas, están ocultas para que la población no sepa sobre esta presunta organización criminal que involucra a exfuncionarios y a proveedores de la época cuando Javier Alvarado fue presidente regional de Lima provincias.

Los informes incorporados al expediente detallan montos que, según la investigación, habrían sido apropiados de manera irregular en distintos periodos. Entre las cifras se consigna S/ 1,335,000 (un millón trescientos treinta y cinco mil soles) durante los años 2009-2010; S/ 142,080 (ciento cuarenta y dos mil ochenta soles) entre 2011 y 2012; además de otros casos por S/ 608,470 (seiscientos ocho mil cuatrocientos setenta soles), S/ 905,580 (novecientos cinco mil quinientos ochenta soles), S/ 30,000 (treinta mil soles) y S/ 7,038,240 (siete millones treinta y ocho mil doscientos cuarenta soles) vinculados a encargos económicos investigados por la fiscalía. En conjunto, los montos señalados en los documentos suman aproximadamente S/ 10,059,370 (diez millones cincuenta y nueve mil trescientos setenta soles), cifra que forma parte del análisis fiscal por presunta apropiación de fondos públicos.

La documentación también menciona la participación de exfuncionarios y presuntos cómplices en diversos periodos de gestión, así como un presunto esquema reiterado en el manejo de recursos. En este contexto, el exgobernador regional figura actualmente como candidato al Senado por el partido Renovación Popular, mientras el proceso fiscal deberá seguir su curso y determinar responsabilidades o eventuales archivamientos conforme a ley.

Jueza Sandy Basilio Ysidro desbarata red criminal liderada por alias “Payasito”, que cobraba hasta 4 mil soles por licencias “express” usando huellas de silicona. Tras 7 años de investigación y ante el silencio cómplice del Gobierno Regional, cinco implicados van tras las rejas.

Se les acabó la impunidad. En una decisión histórica que marca un duro golpe contra la corrupción enquistada en la administración pública, la jueza Sandy Basilio Ysidro, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dictó 24 meses de prisión preventiva contra integrantes de la organización criminal “Los Intocables”, acusada de traficar con licencias de conducir al interior del Gobierno Regional de Lima desde el año 2018.

Tras 16 días de maratónicas audiencias, la magistrada declaró fundado el pedido de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, enviando al penal a Jorge Chávez Romero, alias “Chávez”, “Payasito” o “Comanche”, sindicado como el cabecilla de esta red, junto a otros seis integrantes.

EL MODUS OPERANDI: CORRUPCIÓN AL DESCARO

La resolución judicial N° 17 expuso las entrañas de una mafia que convirtió la seguridad vial en un negocio millonario. Según la investigación, que data de hace 7 años e incluye escuchas legales y testigos protegidos, la red cobraba entre 1,500 y 4,000 soles para emitir brevetes en tiempo récord (un solo día) y sin cumplir ningún requisito legal.

“Más allá de ser promotores, ofrecían tramitarlos sin rendir exámenes de manejo o de conocimiento, ni siquiera asistir al local regional”, señaló contundentemente la jueza Basilio.

Los detalles son escandalosos: la organización utilizaba huellas dactilares grabadas en silicona para suplantar a postulantes que ni siquiera pisaban Huacho. La corrupción llegó a niveles inverosímiles, tramitando y entregando licencias incluso a personas daltónicas, poniendo en grave riesgo la vida de los ciudadanos.

Todo esto, bajo la mirada de funcionarios de la Dirección Regional de Transportes que facilitaban el sistema para que los pagadores «jamás desaprobaran».

LA PRUEBA DIGITAL QUE HUNDIÓ AL LÍDER

Aunque Jorge Chávez Romero, alias “Payasito”, intentó burlar a la justicia presentando un celular “limpio” —sin mensajes, ni contactos, ni vouchers—, la tecnología lo delató. Los celulares de sus coimputados, “Los Intocables”, estaban repletos de evidencia: transferencias vía Yape y Plin, y abundantes conversaciones que no solo confirmaban las transacciones ilícitas, sino que lo señalaban inequívocamente como el líder de la organización.

Para la magistrada, estos elementos, sumados al desbalance patrimonial, son indicios sólidos del delito de lavado de activos, demostrando que el dinero sucio fue usado para beneficio personal de los imputados.

LOS ENCARCELADOS

La medida coercitiva recae también sobre los siguientes procesados, quienes enfrentarán el juicio desde prisión por los delitos de organización criminal, cohecho activo-pasivo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos: Ángel Aparicio Champa Paredes (a) “Gordo” o “Champa”, Christian Oliver Ventocilla (a) “Olivera”, Geraldine Gonzales Hinostroza (a) “Geraldine” y Francisco Vargas Valdez (a) “Francisco”

En tanto que Alberto Vidal Cóndor (a) “Chuta” y Abel Aramayo Villanueva «Colorado»,seguirán siendo investigados en libertad sujeto a estrictas reglas de conducta.

EL SILENCIO CÓMPLICE DEL GOBIERNO REGIONAL

Mientras la justicia actúa, el Gobierno Regional de Lima mantiene un silencio ensordecedor. La pregunta que resuena tras el fallo es: ¿Quiénes y bajo la orden de quién, los servidores de la Dirección Regional de Transportes permitieron este acto ilegal durante años?

La investigación fiscal deja abierta la puerta a más capturas, pues aún falta identificar a los funcionarios y trabajadores regionales que, desde adentro, permitieron que “Los Intocables” operaran a sus anchas. Por ahora, la prisión preventiva garantiza que esta red no siga obstruyendo una verdad que, tarde o temprano, terminará de salir a la luz.

Redacción: Diario Enfoques Digital