Juan José Santiváñez oficializó su postulación a las elecciones 2026 con un video en el cual se observa a policías siendo agredidos por un civil. Tras la escena, el exministro aparece frente a cámara y pronuncia un mensaje directo: “Basta, quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos”. Con esa frase, el exfuncionario marca el inicio de su campaña con un discurso centrado en la defensa de la Policía Nacional.
Su anuncio llega apenas dos semanas después de su renuncia al Ministerio de Justicia, presentada el 1 de octubre, cuando el Congreso se alistaba para debatir una moción de censura en su contra. Con su dimisión, Santiváñez evitó una votación que podía removerlo del cargo y, a la vez, cumplió el requisito legal para postular a un cargo público en los comicios generales de 2026.
Mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior, Santiváñez mostró en todo momento su respaldo a la Policía. En redes sociales, comenzó a referirse a sí mismo en tercera persona a través de su cuenta de X, cual sería manejada hoy por un presunto grupo de seguidores. En marzo de este año, incluso, fue recibido en el aeropuerto por una portátil conformada por miembros de la PNP que le expresaron su apoyo pese a los cuestionamientos que ya se denunciaban en su contra. Su discurso y su estrategia apuntan a captar el voto del personal policial en actividad y retiro.
Juan José Santiváñez decidió este miércoles dejar el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos a pocos días de que el Congreso debatiera la moción de censura presentada en su contra por no reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar el sector.
Esta noticia ocurre en medio de especulaciones sobre una posible participación de Santiváñez en las próximas Elecciones Generales del 2026.
Fuentes de RPP pudieron conocer que Juan José Santiváñez comunicó verbalmente su renuncia esta mañana en el Consejo de Ministros y posteriormente presentó el documento para oficializar su salida del Minjus.
En la carta que presentó a la presidenta Dina Boluarte, Santiváñez indicó que la razón que motiva su renuncia al cargo de ministro de Justicia «es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticasa llevarse a cabo en abril de 2026».
Santiváñez regresó al gabinete de la presidenta Dina Boluarte el pasado sábado 23 de agosto para reemplazar en el puesto a Juan Carlos Alcántara.
Censurado por el Congreso
El regreso de Santiváñez a la PCM el mes pasado causó controversia debido a que este, cuando fue ministro del Interior, fue censurado por el Congreso en marzo de este año por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana.
Las mociones de censura fueron impulsadas por los congresistas Susel Paredes, Jaime Quito y Diego Bazán después del asesinato de Paul Flores, vocalista de ‘Armonía 10’, tras un ataque armado contra el bus de la agrupación musical el pasado domingo 16 de marzo.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) se pronunció frente a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien amenazó con denunciar a los magistrados que decidan no aplicar la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso. Según el gremio judicial, esta postura constituye un intento de intimidación que afecta la independencia de la judicatura y vulnera la división de poderes que sostiene al sistema democrático.
El pronunciamiento sostiene que las expresiones del ministro representan una injerencia inaceptable en la labor judicial. Recordaron que corresponde a los jueces y juezas interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En esa línea, enfatizaron que la función jurisdiccional no puede estar sometida a presiones ni amenazas provenientes del Ejecutivo.
Comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM). Foto: difusión
La asociación también remarcó que es deber de los magistrados garantizar que sus decisiones se ajusten al corpus iuris interamericano de derechos humanos. Señalaron que este mandato ha sido ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y forma parte esencial del sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad vigente en el Perú.
Finalmente, invocaron los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, que establecen que los jueces deben resolver los casos con imparcialidad y sin injerencias externas. Advirtieron que las presiones, amenazas o represalias atentan contra el Estado de derecho y representan un retroceso en materia de protección de los derechos fundamentales.
Juan José Santiváñez insiste en denunciar a jueces que rechacen la amnistía
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció durante una entrevista al canal de YouTube de La Cámara Inmobiliaria Peruana que coordinará con los procuradores del Estado para iniciar acciones legales contra los magistrados que decidan no aplicar la Ley de Amnistía. Según indicó, los jueces deben resolver de acuerdo con el marco jurídico nacional y no pueden apartarse de lo aprobado por el Congreso.
El funcionario defendió la cuestionada norma alegando que busca dar respuesta a procesos abiertos contra policías y militares que llevan décadas sin resolverse. También sostuvo que la Corte IDH no puede condicionar las decisiones judiciales en el Perú, afirmando que ese organismo “no vivió nuestra guerra” y que su rol sería irrelevante en este contexto.
Sin embargo, varios jueces ya han empezado a inaplicar la ley a través del control difuso, especialmente en casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo es la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que rechazó aplicar la amnistía en el caso Chumbivilcas, donde se investigan crímenes como tortura, abuso de autoridad y violencia sexual.
Juan José Santiváñez aún no cumple un mes como ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero ya ha convertido en bandera de su gestión una propuesta controversial: la reconstrucción del penal El Frontón, ubicado en la isla del mismo nombre. El proyecto busca aliviar el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios y ya cuenta con el respaldo de la presidenta, quien con inusitada velocidad inspeccionó el área y dio luz verde a la propuesta. Sin embargo, no todo es favorable, pues los detalles técnicos podrían evidenciar una realidad muy distinta a la esperada por las autoridades. Entre costos de construcción y salarios, la reapertura de El Frontón demandaría un presupuesto cinco veces mayor al actualizado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Según información obtenida por La República a través de la plataforma Consulta Amigable sobre la Ejecución del Gasto del INPE, el organismo cuenta con un presupuesto actualizado de aproximadamente 1.130 millones de soles. No obstante, Javier Llaque, exjefe del INPE, estimó que la implementación total del proyecto bordearía los 5.000 millones de soles: “Con ese dinero, podríamos construir 20 penales y prácticamente eliminar el hacinamiento en el país”, afirmó en una entrevista con una emisora local.
“Imagino que esta cifra incluye no solo infraestructura, sino también acondicionamiento y optimización. Recordemos que actualmente el penal no cuenta con ningún tipo de servicio básico”, comentó Cecilia Capacharín, exdirectora del Centro Nacional de Estudios Criminalogicos y Penitenciarios (Cenecp), a La República.
Trabajadores, salarios y otros gastos
Capacharín criticó el proyecto anunciado por Santiváñez y Boluarte. Explicó que no solo los costos de instalación y construcción serían determinantes al momento de elaborar el presupuesto, sino también los salarios y la logística necesaria para el personal asignado a un penal de esta magnitud.
“Según el anuncio de la presidenta Boluarte, el penal albergaría a 2.000 internos. Esto significa que debería ser un establecimiento penitenciario de tipo A, lo que implica que, además de una dirección, contaría con un consejo técnico penitenciario, una unidad de administración y cuatro subdirecciones —a diferencia de otros penales, que tienen solo tres—: tratamiento, salud, registro y seguridad penitenciaria”, explicó.
De acuerdo con la especialista, estos espacios requerirían entre 120 y 150 trabajadores. Además, recordó que en 2020 los sueldos de los agentes penitenciarios oscilaban entre 1.500 y 3.000 soles, lo que evidencia la variabilidad de las remuneraciones en este sector: “Pensemos en el pago de planillas que implicaría mantener operativo este penal: al menos 100 agentes penitenciarios, unos 20 administrativos y otros 20 dedicados a tratamiento. Y no solo es planilla, también el costo del traslado del personal. No quiero imaginar que, en caso el penal empiece a funcionar, se le cargue ese gasto de traslado a los propios trabajadores”, advirtió Capacharín.
Finalmente, la exdirectora del Cenecp señaló que la construcción del recinto penitenciario podría tardar lo suficiente como para no concretarse hasta dentro de dos gestiones presidenciales: “Puede demorar un año como también diez. Veamos, si no, el ejemplo más inmediato: la construcción del megapenal en Ica. Se aprobó su factibilidad en 2013, pero la obra recién comenzó en 2018; se esperaba concluirla en 2020, y hasta ahora no se ha logrado terminar”, apuntó.
Santiváñez niega que ‘El Frontón’ demande 5.000 millones de soles
Las críticas llegaron a oídos del ministro de Justicia, quien, en entrevista con un medio local, rechazó la opinión de expertos en temas penitenciarios. Santiváñez aseguró que la reconstrucción de ‘El Frontón’ costaría solo una décima parte del monto estimado inicialmente.
“Es una mentira lo que nos han hecho creer durante años, que El Frontón sería un penal que costaría 5.000 millones de soles. Ya existen estudios técnicos que han determinado que el costo aproximado de la construcción es de 500 millones de soles”, afirmó.
El ministro también adelantó que contará con el apoyo de efectivos militares para “preparar el terreno”. Además, señaló que el proyecto cuenta con la asistencia de otras carteras del Ejecutivo: “La construcción se iniciará de inmediato y, para ello, el Ministerio de Vivienda nos está asistiendo en la emisión del Decreto Supremo que habilite la obra, utilizando nuevos procedimientos de edificación en bloques”, precisó.
No es la primera vez que proponen reabrir ‘El Frontón’
Lo cierto es que en el clima de inseguridad ha llevado a que más de un político en turno proponga reabrir El Frontón. Previo a Santiváñez, en 2023, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que buscaba reabrir el histórico penal. Según aseguraba, su propuesta tiene como objetivo convertir este establecimiento en un centro para recluir a delincuentes considerados de alta peligrosidad.
El proyecto planteaba que tanto el Ministerio de Justiciay Derechos Humanos como el INPE asuman la tarea de reconstruir e implementar nuevamente este penal. Soto argumentaba su propuesta bajo los mismos parámetros de Santiváñez: excesivo hacinamiento. Del mismo modo, la propuesta del parlamentario también obvia los potenciales gastos que podría traer la reinstalación de ‘El Frontón’. En su análisis costo-beneficio, Soto aseguró que esta medida no representaba mayores costos o gastos al Estado. Algo que, como se expuso previamente, es falso.
En línea con las palabras dichas hoy por el ministro de Justicia, el congresista señalaba que reabrir El Frontón permitiría aislar a los criminales más peligrosos y evitar que mantengan contacto con la población general. La propuesta entonces fue apoyada por José Arriola, quien se desempeñaba como vocero del partido de la lampa. Hoy, esta iniciativa sigue descansando inactiva en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Gobierno designó a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich como nueva jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 017-2025-MC publicada en el diario oficial El Peruano.
La norma da por concluido el encargo que venía ejerciendo Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco, directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, a quien se agradeció por los servicios prestados.
Rodríguez Jadrosich —cercana a Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia— asume la conducción del IRTP.
El ESCÁNDALO DE ADRIANA RODRÍGUEZ
En marzo, cuando Juan José Santiváñez, era ministro del Interior, protagonizó un bochornoso episodio en Cuarto Poder al admitir que había recibido de antemano el guion de un reportaje que lo vinculaba con supuestos sobornos.
Durante la entrevista, intentó señalar a su jefa de prensa como responsable de la filtración, pero la llamó Karla cuando su nombre real era Adriana Rodríguez. El desliz provocó sorpresa en el set y una reacción inmediata de la entonces funcionaria.
Las imágenes difundidas por el programa mostraron que Rodríguez, visiblemente incómoda, abandonó el set en pleno vivo y luego confirmó a la directora del dominical que no había entregado el documento. Santiváñez ofreció enseñar un chat con el reportaje completo, pero nunca explicó con claridad quién se lo había enviado.
TRAYECTORIA
Es comunicadora y periodista, magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia.
Según su hoja de vida cuenta con estudios de Doctorado en Educación en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), además de especializaciones en Relaciones Públicas Institucionales y Comunicación Digital para la Gestión Pública. Es miembro del Colegio de Periodistas del Perú.
Rodríguez Jadrosich ha sido directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior.
También encabezó la Oficina de Comunicaciones en el Ministerio del Ambiente. Fue jefa de la Unidad de Comunicaciones en el RENIEC, directora general de Comunicación Social en la Municipalidad de Santiago de Surco y gerente de Comunicaciones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
En febrero de 2018 fue Rodríguez Jadrosich fue nombrada jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo. Además, también se ha desempeñado como DIRCOM de esa institución y fue coordinadora de Broadcast en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
En junio de 2022 fue nombrada Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior, cargo que desempeñó hasta diciembre de ese año.
En abril de 2024, semanas antes de que Juan José Santiváñez fuera nombrado ministro del Interior, fue designada nuevamente como Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior, cargo que ocupó hasta ayer, martes 27 de agosto, cuando se aceptó su renuncia.
Desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan Santiváñez Antúnez, conocido en la red como «Cachetón», instaló una organización criminal dentro del aparato estatal con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos, según el fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Pese a que fue censurado por el Congreso por ineficiente en el puesto, Santiváñez se mantuvo en el poder al haber sido nombrado por Boluarte como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, con oficinas en Palacio de Gobierno. Estea designación también fue aprovechada por Santiváñez para desplegar actividades ilegales, de acuerdo con las pesquisas del fiscal Carlos Ordaya.
El sábado 23 de agosto, Dina Boluarte juramentó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia. El fiscal Ordaya considera que al día de hoy Santiváñez continúa al frente de la supuesta organización criminal.
Conforme a la resolución del juez Víctor Alcócer Acosta, quien autorizó la solicitud del fiscal Ordaya para allanar las viviendas y oficinas de los nueve implicados -entre ellos siete presuntos integrantes de la organización, más dos empresarios relacionados-, son cuatro graves hechos de presunta corrupción que se les imputan a Santiváñez y sus presuntos cómplices.
La investigación también involucra al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, ya que asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los incolucrados.
Resolución judicial que autoriza allanamientos a la red de Santiváñez, dos empresarios y Nicanor Boluarte. Foto: La República
Las acusaciones que se imputan
De la imputación fiscal se desprende que Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para presuntamente negociar las influencias que ejercía desde que asumió el Ministerio del Interior.
El primer hecho que se atribuye a Santiváñez y a la organización, es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho.
El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones.
El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones.
El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio del hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.
De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, el presunto cabecilla de la organización criminal sería Juan Santiváñez Antúnez, conocido por haber defendido a policías acusados por delitos de corrupción y homicidio calificados.
El fiscal cuenta con el testimonio de colaboradores eficaces que identifican a Santiváñez como la cabeza visible de la organización.
Las imputaciones fiscales contra la organización criminal supuestamente liderada por Juan Santiváñez. Foto: La República
Los miembros de la red
El exdirector de Operaciones Especiales (Diroes), coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, es uno de los personajes claves de la trama de este nuevo caso abierto por Eficcop contra el actual ministro de Justicia.
Cuando Tenorio fue investigado por su relación con la represión a las protestas antigubernamentales contra el presidebte transitorio Manuel Merino, con resultados fatales, el coronel en retiro contrató a Juan Santiváñez como abogado, consolidándose desde entonces una relación amistosa.
Al pasar al retiro, Percy Teneorio abrió su propio estudio de abogados, y Juan Santiváñez actuaba como ministro del Interior, este lo contrató por S/250 mil para que defendiera a cinco generales que participaron en las manifestaciones contra el gobierno de Merino, en 2020.
El fiscal Ordaya señala en su requerimiento al Poder Judicial, que Percy Tenorio está implicado en el caso del favorecimiento a la empresa minera El Dorado. Incluso se le sindica como el organizador del operativo policial en Ayacucho.
Los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier pagaron US$160 mil a Percy Tenorio para que el ministro Santiváñez movilice a efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, hacia la mina El Dorado, en Ayacucho.
Los hechos ocurrieron en 2024, cuando Santiváñez era ministro del Interior y Percy Tenorio era abogado de los empresarios Parodi y Meza.
Coincidentemente, el comandante general de la PNP, teniente general Víctor Zanabria Angulo, y el exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo, son compañeros de promoción de la Policía Nacional. El fiscal Ordaya menciona al general Villalón como uno de los miembros de la organización criminal de Santiváñez.
Los supuestos integrantes de la organización criminal que maneja Santiváñez desde Palacio de Gobierno. Foto: La República
Vínculos con los Boluarte
Los testigos protegidos y colaboradores eficaces del Eficcop indicaron que Nicanor Boluarte es un frecuente visitante del estudio de Percy Tenorio.
Como se ha indicado, Tenorio es abogado de los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gian Franco Meza Lizier. Tenorio les pidió ayuda para Nicanor Boluarte, quien, para evitar la detención preventiva, necesitaba acreditar arraigo laboral. Los mineros le darían un trabajo simulado de asesor.
Juan Santiváñez es señalado como “abogado en la sombra” de Dina Boluarte y se le adjudica haber reclutado a Luis Vivanco Gotelli como defensor de Nicanor Boluarte. Ocho reuniones de Santiváñez y Vivanco en Palacio de Gobierno están consignadas en los registros de visitas.
Otro implicado es Marco Palacios Meza, exabogado del estudio de Santiváñez, y la exadministradora del mismo, Yessenia De La Cruz Rivas. Palacios y De La Cruz intervinieron a favor de los empresarios mineros de El Dorado, siguiendo las consignas de Juan Santiváñez, precisa el Eficcop.
De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el estudio de Santiváñez tuvo como cliente al empresario minero Franco Parodi, y al asumir como ministro del Interior, Percy Tenorio se encargó de estos.
Puertas giratorias en el Mininter
Al primer círculo íntimo de Santiváñez pertenecen Percy Tenorio, Yesenia De La Cruz y Marco Palacios. Al segundo círculo, Gregorio Villalón, Máximo Ramírez e Yber Torres.
Los empresarios Franco Parodi y Gian Franco Meza son beneficiarios de la red atribuida a Santiváñez.
En el caso de la contratación indebida de Percy Tenorio como abogado de cinco generales de la PNP, por orden de Santiváñez, han sido implicados por la fiscalía el actual director de la Defensoría del Policía, general PNP (r) Máximo Ramírez De La Cruz, y el asesor del Ministerio del Interior, Yber Torres Pariona.
“Juan Santiváñez Antúnez es uno de los hombres de confianza de la actual presidenta Dina Boluarte desde el 16 de mayo de 2024”, señala el fiscal Ordaya al explicar de dónde procede el poder del ministro de Justicia.
“Antes de ejercer el cargo (de ministro del Interior) habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generen espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines (con Ciudadanos por el Cambio)”, indica la fiscalía.
“Es un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública ( colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real ), en busca de obtener beneficios económicos”, apunta el fiscal del Eficcop.
Lo que quiere decir el fiscal del Eficcop, es que los implicados en este caso están relacionadas con otras investigaciones que entrelazan a Santiváñez y Boluarte.
Ayer, precisamente, la presidenta Boluarte salió en defensa de Juan Santiváñez y de uno de sus cómplices, su hermano Nicanor Boluarte (ver nota aparte).
Al presentar su Declaración Jurada como ministro de Justicia, Juan Santiváñez reportó 12 investigaciones fiscales, entre otras, obstrucción desde el Ministerio del Interior a investigaciones relacionadas con Dina y Nicanor Boluarte.
ENFOQUE REAL 