Junta Nacional de Justicia: se pierden más de 1.200 documentos que incluye denuncias a jueces y fiscales

¿Desaparición o sabotaje? En la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se reportó la pérdida de más de 1.200 documentos del Sistema de Gestión Documental (SGD), que incluyen las denuncias que se le sigue a jueces y fiscales, así como los documentos que se desprenden de ella registradas en el 2025, de acuerdo con la información que recogió Correo. La JNJ comunicó el hecho a la Policía, mientras se sospecha de sabotaje interno.

A través de comunicación vía WhatsApp, el último 2 de agosto, uno de los trabajadores de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios le informó a la titular del área, Magnolia Martínez, sobre el desaparecimiento de «casi la totalidad de denuncias» del año de la carpeta dpd_escaneo y que no figuraba cargada en el sistema. De acuerdo con un oficio, el colaborador no se habría podido poner en contacto con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), debido a que era sábado, día no hábil para el sector público.

Dos días más tarde, Martínez solicitó a la recuperación de todos los datos que habían desaparecido. Sin embargo, la OTI, liderada por José Alarcón, señaló que ello corresponde a un directorio temporal utilizado por el área para el almacenamiento de documentos escaneados y que no cuenta con mecanismos de auditoria dado su carácter transitorio.

Asimismo, señaló que, supuestamente, hubo «manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta» y que se procedió a recuperar la información disponible.

Según el diario Correo, personal de la JNJ señaló que la Oficina de Tecnologías de la Información respondió de manera tardía y que hubo un supuesto sabotaje por parte de un miembro interno, luego de que se anunciaron diversas medidas para organizar administrativamente la entidad.

JNJ realizará una investigación interna

Tras la desaparición de más de 1.200 documentos en la entidad, la Junta Nacional de Justicia iniciará una investigación en la interna de la institución con el fin de hallar a los presuntos responsables y/o determinar cuáles fueron las circunstancias por las se eliminaron los expedientes de procesos disciplinarios del Sistema de Gestión Documental (SGD).

De igual manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará con las indagaciones tras ser reportado de este hecho.

¿Quién es René Boluarte Zegarra, la hermana de Dina Boluarte que trabaja en la Junta Nacional de Justicia?

El trabajo de René Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta Dina Boluarte, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado polémica luego de que se revelara que, en dicha institución, se inició un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros cuatro jueces de la Corte Suprema, el cual podría derivar en una posible suspensión de sus funciones y, en consecuencia, su destitución.

En más de una oportunidad, Tello tuvo un intercambio de palabras con la mandataria en la que le indicó que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía e instó al Congreso a aprobar la insistencia de la ley que restituye la detención preliminar.

René Boluarte actualmente trabaja como asesora del Pleno de la JNJ, instancia en la que se evaluarán los procesos disciplinarios inmediatos contra Tello Gilardi, Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toribio y Rosa Dávila Broncano. El procedimiento disciplinario urgente se aplica en casos de mala conducta grave por parte de magistrados supremos, cuando su continuidad en la administración de justicia pone en riesgo la integridad de todo el sistema judicial.

¿Quién es René Boluarte Zegarra, la hermana de Dina Boluarte que trabaja en la JNJ?

René Boluarte Zegarra es una abogada graduada en la Universidad San Martín de Porres en 1995 y cuenta con una diploma en la misma carrera. Comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), institución que fue desactivada tras el escándalo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se negociaban sentencias judiciales a cambio de favores. La hermana de la presidenta Dina Boluarte inició sus labores en el antiguo CNM en 2001 como coordinadora y, gracias a su desempeño profesional, ascendió hasta convertirse en asesora I de la Alta Dirección del Pleno de la Junta.

En ese sentido, Boluarte Zegarra, en diciembre de 2013, como asesora I en la Alta Dirección de la institución, con un sueldo de S/ 12.700 bajo el régimen 728/otros.

Sin embargo, la hermana de la presidenta Dina Boluarte se desempeña como asesora I del Pleno de la JNJ. Por dicho trabajo, René Boluarte percibe un salario mensual de S/ 14.801,11, según el portal de Transparencia, también bajo el régimen 728/otros.

Hermana de Dina Boluarte percibe un sueldo de S/14.801,11 en la JNJ.

Defensoría del Pueblo oficializa la elección de los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia

La Defensoría del Pueblo, a través de varias resoluciones publicada en el diario El Peruano, hizo oficial la elección de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes juramentaron al cargo el pasado miércoles 30 de octubre y que asumirán sus funciones en enero del próximo año.

Los miembros elegidos para ocupar los puestos titulares de la JNJ serán los encargados de nombrar, ratificar y suspender a jueces y fiscales por los próximos 5 años. Cabe recordar, que los seleccionados lograron superar las tres etapas del proceso de evaluación, que comprendía una prueba de conocimientos, una revisión curricular y una entrevista personal.

La oficialización de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia se realizó mediante la resolución N° 046-2024-CE, N° 047-2024-CE, N° 048-2024-CE, N° 049-2024-CE, N° 050-2024-CE, N° 051-2024-CE y N° 052-2024-CE

Oficialización de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia por los próximos 5 años.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia y cuál fue su calificación?

A través de la publicación en el diario «El Peruano», el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, oficializó el nombramiento de los nuevos siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), elegidos mediante un concurso público. Asimismo, también se publicó sus calificaciones obtenidas luego de dar un examen de conocimientos, revisión curricular y entrevista personal.

Los nuevos miembros de la JNJ son Gino Augusto Tomas Ríos Patio, Francisco Artemio Távara Córdova, Jaime Pedro De la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Rafael Manuel Ruíz Hidalgo. Sus calificaciones, según el cuadro de mérito publicado por la Comisión Especial de la JNJ, fueron las siguientes:

Nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)	Cuadro de mérito
Gino Augusto Tomas Ríos Patio	86.48
Francisco Artemio Távara Córdova	85.60
Jaime Pedro De la Puente Parodi	85.40
María Teresa Cabrera Vega	85.29
Víctor Hugo Chanduví Cornejo	85.23
Germán Alejandro Julio Serkovic González	82.03
Rafael Manuel Ruíz Hidalgo	80.65

Por otro lado, los miembros suplentes son: Cayo César Galindo Sandoval, Mónica Roxana Rosell Medina, Iván Pedro Lino Guevara Vásquez, Freddy Widmar Hernández Rengifo, Roque Augusto Bravo Basaldúa, Iris Estela Pacheco Huancas y Jorge Félix Balarezo Rengifo.

Elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no cumplió con estándares de transparencia

En medio de la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Misión Internacional de Observación (MIO-Perú) publicó un informe sobre el proceso de la selección de la nueva JNJ e identificó una serie de problemas y acusó falta de transparencia en dicha elección.

En esa misma línea, también indicó que hubo una insuficiente participación de perfiles de candidatos idóneo y un deficiente proceso de selección sin protocolos claros para la evaluación de los postulantes.

«Esta falta de transparencia, junto con decisiones unilaterales, ha afectado gravemente la confianza pública y la legitimidad del proceso, lo que seguramente incidió en la reducida cantidad de personas postulantes con idoneidad y trayectoria para ocupar una posición en la JNJ», se lee en la publicación.

Asimismo, se lee en el informe que publicó la MIO-Perú que «se observó la falta de transparencia en el procedimiento para realizar tachas. No se publicó información suficiente sobre la cantidad de tachas presentadas por la ciudadanía, los fundamentos presentados y los descargos de los postulantes».

La JNJ sancionaría al fiscal supremo Pablo Sánchez con una interpretación auténtica

Si el Congreso puede, la Junta Nacional de Justicia también. En esa línea, el fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde podría ser sancionado, con cuatro meses de suspensión, porque la JNJ decidió interpretar a su manera un artículo de la Constitución sobre remuneraciones en el Estado.

La JNJ atribuye a Pablo Sánchez negligencia e imprudencia no dolosa en la interpretación de una norma. Pero, para sancionarlo, recurre a su propia interpretación de dicha norma legal. Un pulso de poder que pareciera decir: tú maltratas, yo maltrata, él maltrata.

Marco Legal

Congreso de la República

Veamos. El artículo 40 de la Constitución de 1993 dice: «ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente».

Al desarrollar dicho mandato Constitucional, el artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público del año 2005 preciso: “Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas”.

Aníbal Quiroga: “Esperamos una sentencia de cierre sobre Junta Nacional de Justicia”

Hoy, a partir de las 9 de la mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchará los alegados de las partes en la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial (PJ) por su fallo que ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a haber sido destituido por el Parlamento por falta grave.

Aníbal Quiroga, quien ha asumido la defensa ad honorem del Legislativo, confió en que esta ratifique lo ya resuelto en 2023 cuando declaró nulos los fallos judiciales que impedían elección del Defensor del Pueblo y la reforma de Sunedu por ser ambas competencias constitucionales del Legislativo.

“Esto ya fue resuelto por el TC que dijo que el Poder Judicial no podía hacer eso, pero este lo ha hecho nuevamente violando la cosa juzgada, entonces esperamos que ahora ya haya una sentencia de cierre. El Poder Judicial ha desacatado ese mandato y es algo que el tribunal tiene que valorar, esperemos que haga valer su mandato”, indicó.

El jurista agregó que esta actitud del PJ ameritaría una sanción al amparo del Código Procesal Constitucional que precisa que los jueces tienen que obedecer las interpretaciones del Tribunal Constitucional. “La cosa juzgada también es un principio que está en la Constitución, por lo tanto, si se incumple con eso se incumple con la ley y tendría que haber una sanción”, subrayó.

En tanto, ayer, el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, solicitó requerir una opinión técnica consultiva o amicus curiae a la Comisión de Venecia de la que Perú es parte y postergar su pronunciamiento hasta que se cuente con dicho pronunciamiento.

Dato

La JNJ revisa mañana la reconsideración de Piero Corvetto sobre la votación que rechazó su ratificación como jefe de la ONPE.

En dicha audiencia participarán Tello y Vásquez cuya permanencia en el JNJ es cuestionada.

Comisión sin autonomía para elegir a la Junta Nacional de Justicia

Subordinación. Grupo es presidido por el defensor del fujicerronismo, Josué Gutiérrez. También lo integran Francisco Morales, otro sumiso del Congreso; el contralor Nelson Shack, quien fue blindado por los legisladores, y la rectora Jeri Ramón.

Al finalizar la legislatura, el proyecto de reforma de Gladys Echaíz para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no obtuvo los 87 votos necesarios para su aprobación. En este contexto, toma relevancia el plan B, que consiste en el proceso de elección de nuevos magistrados mediante una comisión especial cuya composición ha sido anticipadamente determinada por el Congreso.

De momento, el presidente de la comisión especial, Josué Gutiérrez, ya emitió la resolución sobre los integrantes y hay claramente tiene una tendencia inclinada hacia los intereses de los partidos con presencia en el Congreso y, en especial, de Fuerza Popular y Perú Libre.

Presidencia dudosa

De acuerdo a ley, la comisión especial es presidida por el defensor del Pueblo. Por tal motivo, el Congreso se esforzó en poner en dicho puesto a una persona muy afín a sus propósitos.

Josué Gutiérrez fue elegido sin criterios de meritocracia y sin acreditar experiencia mínima en temas de derechos humanos. Su designación se dio como resultado del pacto entre los partidos de la acusada Keiko Fujimori y el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

Producto de este pacto, Perú Libre aportó con votos para que Fuerza Popular coloque a sus allegados en el Tribunal Constitucional y, en correspondencia, la bancada naranja le concedió la Defensoría al cerronismo.

Si la meritocracia debe ser un factor clave para la elección de los nuevos miembros de la JNJ, Josué Gutiérrez sería el menos indicado para dirigir el proceso: apenas se instaló en el puesto, modificó y relajó los estándares y requisitos de la Defensoría para colocar a dedo a sus allegados en altos cargos.

Gutiérrez también presentó un proyecto que ya le aprobó el Congreso, para eliminar el concurso público para la elección de los adjuntos defensoriales.

También es suya la autoría de otro proyecto para que la actual JNJ pueda ser rellenada con quienes sacaron las más bajas calificaciones en el proceso de elección del 2019. Este texto ya fue aprobado en primera votación en el Parlamento.

Plan B para cooptar la JNJ

Cruz Silva, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), subraya que estamos ante un plan B de las fuerzas del Congreso para cooptar la JNJ o generar su implosión desde dentro.

Sobre la comisión especial, la abogada cuestiona también la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, quien, según detalla, “ha sustentado dos decisiones que violan el Estado de derecho”.

El primer caso es sobre “la liberación ilegal del condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos Alberto Fujimori, yendo contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Y el segundo caso es sobre el proceso de amparo de los magistrados de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello, “violando la independencia del sistema de justicia y el sistema de control”.

Cruz Silva también cuestiona la presencia en la comisión del actual contralor Nelson Shack, quien logró una ley con nombre propio para poder perpetuarse en el cargo. Este funcionario también fue blindado por el actual Congreso, respecto de una denuncia constitucional por negociación incompatible.

La comisión especial también está integrada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, quien, según recuerda la abogada del IDL, “ha estado en contra de las bases mínimas del Estado democrático”, durante las protestas sociales.

La comisión también tiene como miembro al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien está en sintonía con el Congreso, en su propósito de eliminar la JNJ.