Detectives de la División de Investigación Criminal con apoyo de la División Regional de Inteligencia de la Policía de La Libertad detuvieron a una pareja que transportaba 32 kilos de marihuana en una camioneta de placa TDH-896. La intervención ocurrió en el kilómetro 39 de la carretera a la sierra liberteña sector Con Con.

El vehículo era conducido por Josué Rodríguez Laiza (27) y en el asiento del copiloto iba Carmen Villanueva Cruz (22). Al realizar el registro vehicular se halló en la tolva tres paquetes con un total de 32.5 kilos de marihuana.

Del mismo modo, se incautó dos equipos telefónicos y la suma de S/1,276. Los intervenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal “Los Faites Verdes”, la droga decomisada, el vehículo y las especies incautadas, fueron trasladados a la unidad especializada de la Policía para proseguir con las diligencias e investigaciones de ley.

El último 23 de enero, la Policía halló el cadáver mutilado del empresario Santos Sánchez Vera, por quien sus secuestradores pedían 10 millones de dólares. En la misma semana, una joven estudiante de enfermería fue baleada dentro del terminal de la empresa de transportes Tunesa, en Trujillo.

Dos días después, extorsionadores hicieron detonar un artefacto explosivo en el mismo local, exigiendo el pago de S/90.000. Al día siguiente, dos adultos mayores fueron asesinados dentro de su vehículo por sicarios extranjeros. El crimen ocurrió a plena luz del día. Estos y otros actos delincuenciales mantienen en vilo a la población de La Libertad, que exige soluciones a sus autoridades.

Según las cifras que maneja la Policía, hasta el 31 de enero se han registrado 33 asesinatos, más de 60 extorsiones y un secuestro típico en La Libertad. El escenario principal la provincia de Trujillo, seguida de Pacasmayo y Virú.

Esto ha convertido a estas ciudades en tierra de nadie, donde los delincuentes asesinan a una persona cada día.

En 2023, esta región experimentó uno de los niveles de violencia más altos, con un total de 325 crímenes, es decir, 86 asesinatos más que en 2022, y 136 casos más que en 2021.

Para el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, las cifras de homicidios este año han superado a las del primer mes del 2023, año en que hubo 32 crímenes.

“Ha habido un aumento de criminalidad en Trujillo. Estamos preocupados porque, a la fecha, tenemos 33 homicidios”.

En esa línea, explicó que muchos de estos son ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales por el control de una determinada zona, y planificados por líderes de organizaciones criminales que se encuentran cumpliendo condena en el penal El Milagro.

Ante esta ola de crímenes, La República conversó con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien mostró su preocupación frente a esta problemática y señaló que su gestión ha propuesto el cierre de locales nocturnos y la prohibición de eventos sociales pasada la medianoche, como también la circulación de motocicletas en el centro histórico de la ciudad.

“Lo que estamos haciendo es trabajar con medidas de inteligencia. Primero, estamos cerrando los locales donde se consumen drogas y bebidas alcohólicas. En los próximos días se va a presentar una ordenanza municipal para prohibir el acceso de las motocicletas al centro histórico, porque hemos visto que los crímenes y asaltos son perpetrados con el uso de estos vehículos menores”, anotó.

Otra autoridad que mostró su preocupación ante esta ola delictiva es el alcalde de Virú, Javier Mendoza Torres, quien solicitó al Gobierno mayor atención para su jurisdicción, que cerró el 2023 con 54 asesinatos.

En La Libertad, los comerciantes y microempresarios se ven obligados a pagar cupos a bandas criminales para trabajar en paz. Y ahora, el secuestro se ha convertido en un negocio millonario para organizaciones como ‘Los pulpos’.

De un tiempo a esta parte se viene escuchando a analistas en seguridad y políticos señalar que lo que está sucediendo con el crimen organizado en el ande de la región La Libertad tiene similitud con acciones terroristas, por eso las estrategias con las que se tiene que enfrentar a ese tipo de delincuencia deben ser diferentes a las que se ejecutan en la zona costa del departamento.

Es por ello que al término de la mesa de trabajo por la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado celebrada ayer en la región La Libertad, en la que participaron los ministros de Justicia, Eduardo Arana, y de Defensa, Jorge Chávez, se habló de una forma diferente de hacer frente a esta ola criminal en la sierra y en la costa.

¿De qué se trata?

Fue el propio ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien explicó que existen dos tipos de estado de emergencia: uno en el que el control del orden interno lo tiene la Policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es el que actualmente funciona; el otro, cuyo control lo toma las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía.

“Se tiene que hacer un trabajo profesional, técnico y no hacer más de lo mismo. Vamos a determinar cuál será la participación de las Fuerzas Armadas y en qué zonas de La Libertad. Diferente es la participación de las Fuerzas Armadas en una zona urbana con su intervención en una zona rural”, enfatizó.

El alto funcionario confirmó que se va a instalar una base de las Fuerzas Armadas con unidades de ingeniería militar y otros tipos de acciones. No obstante, puntualizó que por estrategia no revelará su ubicación y el número de efectivos que serán destacados a la zona. Sin embargo, transcendió que esta sería instalada en una localidad de Pataz.

“Pero esto se hace en virtud de las acciones de inteligencia, pues tenemos conocimiento de que en la provincia de Pataz se vienen produciendo actos de terror con la voladura de más de 10 torres de alta tensión, secuestros de personas y con la presencia de grupos armados”, expresó.

Por tanto, agregó que en virtud de esa información y lo articulado en esta mesa de trabajo y otras que se van a celebrar se establecerá la declaratoria del estado de emergencia con la participación de las Fuerzas Armadas.

“He venido acompañado de un staff de miembros del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin de poder tomar las decisiones adecuadas para garantizar la seguridad de la población y disminuir las organizaciones criminales con el apoyo de la Policía y el control de las Fuerzas Armadas. Esto se comunicará oportunamente la próxima semana”, explicó.

Compras rápidas

En tanto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, comentó que hay propuestas legislativas que tienen que ver con agilizar las contrataciones del Estado en relación a compras rápidas para adquirir cámaras de vigilancia, vehículos, implementar laboratorios y contratar personal. “Son soluciones rápidas y diferentes a las que se estaban ejecutando. Serán evaluadas”, acotó.