ANP filial Huaral se suma a jornada nacional de protesta en defensa de la libertad de prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – Filial Huaral anuncia su adhesión a la convocatoria nacional de protesta dispuesta por la dirigencia de la ANP en un contexto en el que el ejercicio de nuestra labor se encuentra bajo permanente amenaza.

Como es de conocimiento público, los hombres y mujeres de prensa enfrentan hostigamientos desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, autoridades regionales, locales, operadores de justicia e incluso de economías ilegales. Este año, nuestro país ha sufrido la pérdida irreparable de dos colegas: Gastón Medina, en Ica, y Raúl Célis, en Iquitos; además de atentados contra viviendas de periodistas en diversas provincias, entre ellas Huaral.

Por ello, la Filial Huaral de la ANP hace un llamado a todas las filiales, socios y no socios, hombres y mujeres de prensa, a unirnos en una sola voz y reafirmar la defensa de nuestros derechos constitucionales, la libertad de expresión y las condiciones dignas para el ejercicio del periodismo.

La movilización en nuestra provincia se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en la Plaza de Armas de Huaral, a partir de las 9:30 de la mañana, en un acto necesario, justo y obligatorio.

Nuestra voz debe ser escuchada. No hay nada que celebrar, todo está por reivindicar.

ANP – Filial Huaral
“Unidad y firmeza en la defensa del periodismo peruano”

La libertad de prensa en permanente riesgo

Por Dante Pacheco

El derecho a la libertad de expresión a la que tenemos los periodistas siempre está en riesgo de que se le vulnere y así como en el Perú tenemos una democracia endeble, también la libertad de prensa es amenazada por quienes detentan el poder y ahora también atacada por las poderosas organizaciones criminales que se han enquistado en nuestro país.

En pocos días estaremos celebrando el Día del Periodista y resulta obvio que hablaremos de la libertad de expresión como elemento principal que permite que los periodistas digamos la verdad, estandarte que se encuentra alicaído porque hoy más que nunca autoridades y funcionarios del Ejecutivo enfilan sus baterías contra periodistas que les resultan incómodos o se han convertido en piedras en sus zapatos.

Lo  más reciente fue la denuncia del Ministro de Justicia cuando era titular del Interior y en tanto fue alto funcionario en el propio Palacio de Gobierno, entonces denunció a un grupo de periodistas de Punto Final, incluyendo a su conductora acusándolos de marcaje para presuntamente extorsionarlo, tomando como elemento de juicio un reportaje que bajo la lupa de los analistas no tiene nada de delito, motivo por el cual una Fiscal envió la denuncia al archivo, sin embargo desde el Poder Judicial la obligan a continuar con las investigaciones bajo pretexto de que no entrevistaron a los acusados, cosa increíble por cuanto basta y sobra con el hecho de que la Fiscal no haya encontrado pruebas suficientes para proseguir con el caso, lo que significa que existe una intencionalidad en contra de los hombres y mujeres de prensa.

Tan endeble es la denuncia de Santibáñez que su abogado ha dicho que ellos solo pretenden que interroguen a los periodistas y que si no se encuentra razón para continuar con las investigaciones entonces no habrá pasado nada… es decir que el propósito es solamente el de hostilizar a la prensa independiente, arrinconarla; Para colmo de la desgracia en que están sumidos los periodistas ahora resulta que otro periodista es sometido a investigación y al levantamiento del secreto de las comunicaciones porque consideran que al realizar una entrevista el propósito habría sido el de obtener provecho económico.

Lo más preocupante es que los tres poderes del Estado están detrás de coactar la libertad de prensa en nuestro país. En esta ola de hostilizar a la prensa están quienes amenazan y atentan contra periodistas con seguimientos, atentados contra su vida y amenazas de muerte. Si alguna vez la prensa sufrió persecución y destierro por sus opiniones o forma de pensar, hoy las circunstancias son más peligrosas porque la persecución está cargada de violencia, de componendas y del dedo acusador de quienes detentan el poder que se muestran intolerantes y por lo tanto a quienes no se les puede decir nada… ante esta cruda realidad solo nos queda enfrentar la amenaza uniendo fuerzas, reclamando y defendiendo con las únicas armas que tenemos, nuestra voz o nuestra pluma. No permitamos que la corrupción, venga de donde venga nos doblegue ni siga amenazando la libertad de prensa. Que así sea.

Libertad de prensa en riesgo: Consejo de la Prensa rechaza levantamiento de secreto de comunicaciones

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó de forma categórica la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.

La medida, planteada en el marco de una investigación fiscal por presunto cohecho, ha generado una ola de preocupación en el gremio periodístico, que considera que esta solicitud constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al ejercicio independiente del periodismo en el país.

En un comunicado oficial, el CPP calificó la medida como “desproporcionada” y señaló que el derecho al secreto de las comunicaciones es una garantía constitucional indispensable para proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y salvaguardar el rol fiscalizador de la prensa en una sociedad democrática.


Investigación por presunto cohecho y contexto del caso

La solicitud de la Procuraduría surge en el marco de una investigación que involucra a los dos periodistas y a la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Según las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido a Cruz y Prado publicar información negativa contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.

Los periodistas mencionados han negado rotundamente cualquier participación en los hechos señalados. Rodrigo Cruz y César Prado aseguraron que sus conversaciones con diversas fuentes forman parte de la labor periodística legítima y que no han aceptado ningún tipo de influencia externa para direccionar contenido informativo.

El CPP enfatizó que, incluso si se identificara una falta ética en la cobertura de ciertos temas, esto no justifica una medida tan invasiva como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la cual debería ser excepcional, proporcional y debidamente fundamentada.


Libertad de prensa bajo presión judicial

En su pronunciamiento, el Consejo de la Prensa Peruana advirtió sobre una tendencia preocupante: el uso creciente de procesos judiciales para intimidar o presionar a periodistas.

“Involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede convertirse en una forma de hostigamiento institucional y amenaza el ejercicio independiente del periodismo”, señaló el organismo.

El CPP recordó que el secreto de las comunicaciones está protegido por la Constitución y que vulnerarlo sin una justificación sólida compromete principios fundamentales de la libertad de información. Además, advirtió que aceptar estas prácticas podría sentar un precedente grave que debilitaría el rol de la prensa como fiscalizadora del poder.


Riesgo de un precedente peligroso

Para el gremio periodístico, la solicitud de la Procuraduría no solo pone en riesgo el trabajo de Cruz y Prado, sino que abre la puerta a que otros comunicadores puedan ser investigados y vigilados de manera indiscriminada.

El Consejo de la Prensa alertó que medidas como esta pueden derivar en autocensura, limitar la pluralidad informativa y reducir la capacidad de la prensa para investigar hechos de interés público, como casos de corrupciónabuso de poder o violaciones a los derechos humanos.

La situación cobra especial relevancia en un contexto donde varios gremios periodísticos han denunciado un aumento en las presiones políticas y judiciales contra periodistas, lo que podría reflejar una creciente hostilidad hacia la prensa independiente.


El rol de las fuentes periodísticas en democracia

Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento del CPP es la defensa de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Según el organismo, levantar el secreto de las comunicaciones sin una causa plenamente justificada pone en riesgo la protección de quienes brindan información y podría disuadir a futuros denunciantes de hechos de interés público.

El Consejo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la protección de las fuentes es un pilar para el ejercicio libre del periodismo y, por tanto, para la garantía del derecho ciudadano a estar informado.

Asimismo, resaltó que investigar hechos de corrupción y comunicar con diversas fuentes forma parte de la esencia de la labor periodística, por lo que la criminalización de estas prácticas representa un riesgo grave para la democracia.


Llamado a las autoridades y próximos pasos

El Consejo de la Prensa Peruana hizo un llamado directo a las autoridades judiciales y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que respeten los marcos legales vigentes y garanticen la independencia del periodismo.

Solicitaron que cualquier medida que involucre comunicaciones privadas cumpla con los requisitos legales más estrictos y que solo se aplique cuando exista prueba contundente de la comisión de un delito.

Finalmente, el gremio periodístico reafirmó su compromiso de defender la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes y el derecho ciudadano a estar informado. Además, adelantaron que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales para salvaguardar los principios democráticos y el ejercicio del periodismo independiente en el país.

ANP registró 392 ataques a la libertad de prensa en el 2024, nuevo récord en el siglo XXI

En el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación, según el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Esta cifra marca un nuevo récord en el siglo XXI, superando los 352 casos registrados en 2023 y los 303 de 2022.

El informe destaca que el tipo de ataque más recurrente es, nuevamente, la amenaza/hostigamiento, con 153 casos registrados, lo que reafirma la constante presión emocional sobre los periodistas.

Le siguieron las agresiones físicas y verbales, que sumaron 70 casos, mientras que se registraron discursos estigmatizantes en 52 ocasiones, ocupando el tercer lugar y reflejando el uso de narrativas para desacreditar y deslegitimar a la prensa.

Otras formas de ataque incluyeron las trabas al acceso a la información y cobertura periodística (44 casos), la intimidación judicial (46 casos) y la afectación laboral (14 casos), que alcanzó una cifra récord en los últimos años. Asimismo, se reportaron 4 detenciones, 3 robos.

Se deben destacar las 6 amenazas legislativas, entre las que encontramos iniciativas para restringir la difusión de investigaciones fiscales o la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional.

Momentos críticos

El análisis mensual revela dos períodos de mayor intensidad. En el primer trimestre, enero (21 casos) y febrero (19 casos) marcaron un inicio moderado; sin embargo, la situación cambió drásticamente en marzo (30 casos) con el destape del caso Rolex, que generó una oleada de reacciones hostiles, especialmente de los protagonistas: la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En este periodo la mandataria calificó las preguntas sobre el tema como “tendenciosas”, mientras que el gobernador acusó a los periodistas de ser “malas personas que quieren hacer daño”. Este clima de tensión se intensificó en abril (51 casos) y continuó durante mayo (48), una temporada marcada por agresiones relacionadas con coberturas sensibles.

El segundo período crítico ocurrió en el último trimestre del año. En octubre (43 casos), las declaraciones de Boluarte durante la ceremonia del 8 de octubre, en la conmemoración de la Batalla de Angamos, acusando a los medios de practicar “terrorismo de imagen”, avivaron el clima hostil hacia la prensa.

Estas afirmaciones fueron respaldadas por actores políticos como el congresista Waldemar Cerrón y el primer ministro, Gustavo Adrianzén. Según la ANP, durante ese mes, el 22 de octubre, Boluarte reapareció en conferencia de prensa después de 105 días de silencio, adoptando un tono “confrontacional y descalificativo” hacia diversos periodistas.

Además, en este periodo ocurrieron las protestas de transportistas contra el crimen organizado en octubre y noviembre (43 casos cada uno) derivaron en agresiones policiales a reporteros.

En meses intermedios, los ataques mostraron cierta estabilidad: junio (35 casos), julio (22 casos), agosto (28 casos) y setiembre (23 casos). Para cerrar el año, diciembre (29 casos) mantuvo cifras altas en comparación con inicios de año.

Agentes agresores

En cuanto a los agentes agresores, los funcionarios públicos lideraron las estadísticas con 177 casos, destacando como los principales responsables de actos contra la prensa que, por su rol, deberían cautelar.

Los civiles estuvieron detrás con 129 ataques, mientras que los agentes de seguridad perpetraron 63 casos. En menor medida, se identificaron agresiones de empleadores y elementos no identificados (12 y 11 casos, respectivamente).

Entre las víctimas, los reporteros digitales fueron los más afectados, con 170 casos registrados. Las y los periodistas de televisión les siguieron, con 94 ataques, mientras que la prensa escrita enfrentó 69 agresiones.

Por su parte, los medios radiales reportaron 59 casos, lo que demuestra la transversalidad de las agresiones en todos los formatos de comunicación.

En términos de género, los hombres representaron el 47% (184 casos) de las víctimas, los medios de comunicación un 34% (132 casos), mientras que las mujeres sumaron el 19% (76 casos).

La ANP enfatizó que esta brecha de género refleja que, aunque las agresiones afectan mayoritariamente a hombres, las mujeres periodistas continúan enfrentándose a entornos hostiles en el ejercicio de su labor, como evidencia el sostenido acoso perpetrado por el ahora prófugo Hialmar Laynes Sánchez contra, por lo menos, 5 reporteras.

Zonas de alerta

Lima continúa siendo la provincia con mayor incidencia, concentrando 222 casos, seguida por Huamanga (12), Cutervo y Mariscal Nieto (11 cada uno), Arequipa y Cusco (10 cada uno), Abancay (8), Maynas y Tumbes (7 cada uno), Alto Amazonas, San Román y Chiclayo (5 cada uno).

Con menos casos, figuran Trujillo (6), Andahuaylas (6), Piura (4) y Huánuco (5). Otras 35 ciudades registraron menos de cuatro casos, lo que evidencia la distribución geográfica de las agresiones en el país.

Atentado contra la libertad de prensa: Gobierno presentó proyecto de ley que penaliza la filtración de la información fiscal

El primer ministro, Aníbal Torres, anunció este viernes que presentaron ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. La norma fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.

“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva”, informó en conferencia de prensa.

Aníbal Torres sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.

“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.

Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El titular del Minjus aseguró que con la medida se busca «proteger» la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, «en lo absoluto», se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

«El sistema de justicia tiene que ver que sus funcionarios reserven la investigación a efectos de que esta no se desnaturalice […] Cuando se hace con fines de obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer no solo mecanismos de control de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad», señaló a Canal N.