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PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Magaly Ruiz por recorte de sueldos

El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Magaly Ruiz, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), en el marco de la investigación que se le sigue por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal. El Ministerio Público le atribuye el presunto delito de concusión.

En tanto, la resolución de juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso “declarar fundado el Requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones formulado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación contra los investigados Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, Jaime Edward Sánchez Parra y Camila Melissa Mantilla Heredia”.

Foto: resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley

Foto: resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley

En razón de ello, se dispuso el levantar el secreto de las comunicaciones en su forma de intervención de las comunicaciones históricas a fin de que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones America Movil del Perú S.A.C (Claro), Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), Viettel Perú S.A. (Bitel) y Entel S.A. (Entel), remitan al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, información respecto a los números telefónicos celulares registrados a nombre de  la parlamentaria.

Estas empresas de telecomunicaciones deberán remitir la información correspondiente al reporte de llamadas entrantes, salientes y perdidas, reporte de mensajes de texto y de voz entrantes y salientes, a fecha, hora, tiempo de duración de las llamadas entre otros detalles que ayudarán a aclarar cómo se gestionaron las presiones hacia los trabajadores del despacho de Magaly Ruiz para concretar el recorte de sus remuneraciones.

Fiscalía presentó denuncia constitucional

En tanto, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó —el miércoles 24 de mayo— una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), por ser la presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en perjuicio del Estado, por el caso de recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento.

“En cuanto al delito de concusión, lo hechos están referidos a la contratación —como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso de la República— de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano; delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada, vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia en el despacho congresal”, se lee el comunicado.

En tanto, el Ministerio Público informó que el último 11 de abril se iniciaron diligencias preliminares contra la parlamentaria Magaly Ruiz, Richard Rojas Gómez y Alex Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. A Richard Rojas Gómez también se le imputa por patrocinio ilegal.

Magaly Ruiz habría amenazado a trabajadores para que no declaren

En enero del 2024, dos extrabajadores del despacho de Magaly Ruiz contaron ante Fiscalía que se les recortó parte de algunos bonos y que, además, cada mes debían alimentar una suerte de caja chica para gastos de la congresista. Uno de estos extrabajadores incluso refirió que recibió amenazas para no decir la verdad en sus primeras declaraciones ante el ministerio Público.

“Estuve condicionado por la congresista a no declarar la verdad. Pues, caso contrario, perdería mi trabajo y se me cerrarían puertas laborales en el Congreso. Me dijeron que ya sabía que tenía que hacer y que estaba bajo constante evaluación”, relató el testigo protegido.

Congresista Magaly Ruiz acusada de apropiarse del sueldo de sus trabajadores

Un informe difundido por el dominical «Punto Final», revela que la congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) le habría cobrado S/ 1 500 mensuales al comunicador Carlos Marina Puscán por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que presidía.

El trabajador denunció a “Punto Final” que, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, era el encargado de cobrar los cupos afirmando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Marina Puscán fue contratado como auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia con un sueldo de S/ 4 200, incluyendo un bono de alimentación. Sin embargo, la condición era realizar un “aporte económico” mensual, a través de un sobre cerrado, uno o dos días después de que el Legislativo le otorgara su salario.

“Él [Jony Romero] nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado, en efectivo, y en cuarto cerrado. Nos llamaba el señor Jony Romero al celular personal, y nos decía: ‘Vengan, traigan el sobre’. Eso era lo que siempre nos decían, nos encerraban en un cuarto cerrado con llave, donde nadie más tenía acceso, y se hacía la entrega en efectivo. Dentro del edificio del parlamento”, relató.

De comprobarse su culpabilidad, Magaly Ruiz habría incurrido en los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. La congresista no respondió ante los cuestionamientos para el reportaje, aunque se pronunció en su cuenta de Twitter.

“Ante los dichos improbados contra mi persona atribuyéndome la comisión de un hecho inventado, en claro ataque al legislativo, expreso que me someteré a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, informó.