Las protestas nacionales del 15 de octubre dejaron no solo un fallecido, sino también varios heridos graves. Entre ellos, Luis Reyes Rodríguez, un joven de 28 años que fue inducido al coma tras recibir un impacto en la cabeza durante los enfrentamientos ocurridos en el Centro de Lima. Según su familia, el diagnóstico médico es severo: presenta una fractura craneal y daño cerebral irreversible.
Reyes se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con respirador artificial y bajo vigilancia constante. “El médico nos dijo que tiene una parte del cerebro destruida e irrecuperable. Lo han inducido al coma para protegerlo hasta que lo operen”, relató un familiar entre lágrimas a los medios.
Familiares exigen investigación al Ministerio Público
Los familiares de Luis Reyes exigen que el Ministerio del Interior y la Fiscalía abran una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del ataque. Sospechan que el impacto fue provocado durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, en un contexto de represión que también dejó más de 100 heridos y un fallecido, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz (32).
“Queremos saber quién le hizo esto. No puede ser que un joven que salió a protestar por su país hoy esté luchando por su vida”, expresó la tía del herido, Herli Rodríguez, quien encabeza la búsqueda de justicia y apoyo económico.
Apoyo solidario y pedido urgente de operación
La familia de Luis ha iniciado una campaña de recaudación para cubrir los gastos médicos y la intervención quirúrgica que aún no ha sido programada. El apoyo se canaliza a través del número de Yape 99985224, con el mensaje “Apoyo para Luis”.
“Necesitamos los implementos médicos para que pueda ser operado. Cada hora cuenta”, agregó la familiar. Mientras tanto, en los exteriores del Hospital Loayza se realiza una vigilia ciudadana, similar a la que se organizó por el joven fallecido Eduardo Ruiz, como símbolo de protesta ante los excesos cometidos durante la jornada del paro nacional.
Congreso y sociedad civil demandan respuestas
El congresista Jaime Quito confirmó que el joven continúa en estado crítico. “Luis Reyes está grave, con ventilación asistida y a la espera de una operación. Los responsables deben responder ante el país”, declaró a la prensa.
La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado al Gobierno de José Jerí garantizar una investigación imparcial sobre los hechos. La Tercera Fiscalía Supraprovincial en Derechos Humanos y Terrorismo ya había iniciado diligencias por el fallecimiento de Ruiz Sáenz, pero ahora se amplía el caso a los nuevos heridos graves.
Samuel Rodríguez, el joven de 21 años que fue condenado a cumplir una prisión preventiva de 3 meses, acusado de haber golpeado a un efectivo policial durante la ‘Marcha de la Generación Z’ acontecida este 21 de septiembre; sufre de epilepsia. Así lo acreditó por intermedio de una declaración jurada su padre Mario Rodríguez, quien también acreditó que su menor hijo trabaja dentro del negocio familiar, por lo que tendría arraigo familiar y social y la medida de prisión preventiva dictada en su contra no respondería a los causales necesarios y básicos para que sea promulgada.
Rodríguez, además de tener que consumir una medicación constantemente por su condición como persona con epilepsia, se encuentra recluido con heridas superficiales -provocadas por los disparos de perdigones que impactaron en su cuerpo durante la protesta- y con lesiones traumáticas corporales, acreditadas por un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
La acusación fue realizada por Christian Gutiérrez de la Cruz, fiscal penal titular de Lima Centro. Además, la prisión preventiva de 3 meses en contra de Rodríguez fue dictada por el 21 ° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. La medida fue dictada este 25 de septiembre y, al día siguiente, el joven fue trasladado al penal de Ancón II.
Rodrigo Noblecilla, abogado de Samuel, señaló que la detención de su patrocinado ha sido realizada de manera irregular: “Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva —no una sentencia— como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.
Diversas organizaciones civiles han anunciado su participación en las manifestaciones que se llevarán a cabo el viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín, según lo indicado en sus redes sociales. La concentración busca exigir justicia y solicitar acciones más efectivas para combatir la creciente inseguridad que afecta a la capital del país.
La Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad ha confirmado su asistencia a la marcha nacional contra la delincuencia programada para esta semana. Por su parte, el colectivo ‘En Movimiento’ también ha reafirmado su participación a la convocatoria, la cual busca visibilizar la preocupación ciudadana por el incremento de la violencia y la inseguridad, así como presionar a las autoridades para que implementen políticas públicas más efectivas en la lucha contra la delincuencia.
¿Cuándo y dónde será la concentración para la marcha?
La convocatoria surge tras el asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, a manos de una organización criminal dedicada a la extorsión. El trágico suceso ha generado indignación en la sociedad, motivando a colectivos ciudadanos a organizar una marcha nacional contra la inseguridad. En Lima Metropolitana, la concentración está prevista para las 5 de la tarde en la Plaza San Martín.
Asimismo, diversos colectivos ciudadanos, artistas y agrupaciones han expresado su intención de participar en esta protesta para exigir medidas más efectivas contra la delincuencia. Se espera que en otras ciudades del país también se realicen concentraciones similares, aunque aún no se han confirmado oficialmente.
Principales orquestas del Perú han lanzado un fuerte mensaje de unidad contra la inseguridad ciudadana que vive el país. Foto: Composición LR.
Orquestas de cumbia anuncian su participación el viernes 21 de marzo
El asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Russo’ y vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, tras un ataque violento al autobús de la agrupación por parte de extorsionadores, ha generado una profunda indignación entre músicos y artistas. Este trágico suceso no es un caso aislado; pues diversas orquestas de cumbia en el país han sido víctimas de extorsiones durante años.
En los últimos meses, más de diez agrupaciones musicales han sido blanco de extorsionadores, quienes exigen grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o sabotear sus conciertos. En respuesta a ello, la agrupación Armonía 10 emitió un comunicado en el que anunció la creación de un movimiento que busca combatir la extorsión denominado «No queremos morir» y que es respaldado por Corazón Serrano, La Única Tropical, Alvaro Rod, Leslie Shaw, Agua Marina y los Hermanos Yaipén.
¿Qué otros gremios participarán en la marcha del 21 de marzo?
En un reciente anuncio, los egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció su participación en la marcha convocada para el viernes 21 de marzo. «Contra la delincuencia, la que nos gobierna y la que nos mata en las calles», expresaron a través de un comunicado en X, antes Twitter. Asimismo, precisaron que el punto de encuentro será en plaza San Martín a las 5 p. m.
En tanto, la Asociación de Transportistas Nacional, bajo el liderazgo de Walter Carrera, confirmó su participación en la movilización, pues es uno de los sectores duramente golpeado por las extorsiones y asesinatos. «Vamos a apoyar esta movilización. Esperamos que esta vez el Gobierno y el Congreso nos escuchen y no nos ignoren como en anteriores ocasiones”, precisó.
Primero fueron los transportistas, músicos y bodegueros, y les dijeron que eran informales y exagerados; luego, los dueños de restaurantes y los comerciantes, y les respondieron que debían unirse y denunciar los casos.
Hasta que los extorsionadores apuntaron a Gamarra y la respuesta del Gobierno fue mandar policías por unos días al emporio comercial. Ahora son los colegios privados, algunos de los cuales ya optaron por cerrar sus puertas o pasar a la virtualidad por la seguridad de sus alumnos y profesores. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna, solo una promesa del Ministerio del Interior de reforzar las labores de inteligencia.
Uno de estos colegios es el María de los Ángeles de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Sus directivos, para no exponer a los padres, alumnos y docentes, decidieron cerrar sus puertas. “Pedimos su comprensión a esta medida que perjudica a toda nuestra familia mariangelina”, señalaron en un comunicado en febrero último.
Otro blanco de la delincuencia fue el colegio Nikola Tesla, en Comas. La madrugada del jueves 13, dos hombres a bordo de una moto lanzaron un explosivo a la puerta. Una representante del colegio dijo que no habían recibido amenazas previas de extorsionadores. “No sabemos qué hacer. Esto nos tiene aterrorizados”.
En el mismo distrito, el colegio San Vicente tuvo que pasar a la virtualidad luego de que extorsionadores dejaran un explosivo en la puerta. Son más de 1.200 alumnos los perjudicados. El director del centro educativo recibió mensajes y manuscritos en los que le exigen un pago de S/100.000 y S/200 semanales.
Anuncian una movilización
Al respecto, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), señaló a La República que, si en un mes no ven resultados ante las extorsiones que vienen sufriendo los colegios en Lima y en regiones, pasarán a las clases virtuales hasta que la autoridad brinde las garantías necesarias. Lamentó esta situación, porque no todos los padres cuentan con una computadora para sus hijos.
Señaló que en una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, les dijo que la policía está detrás de estas bandas. Sin embargo, no recibieron nada en concreto.
Quintanilla señala que la delincuencia está atacando a los pequeños empresarios de colegios de los sectores C, D y E, y que a la fecha van 450 centros que vienen siendo extorsionados principalmente en Lima, en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres. Los extorsionadores piden a los promotores de estos colegios entre 20.000 y 50.000 soles mensuales. “Ya son 16 los colegios que han pasado a la virtualidad por esta razón”.
Precisó que los delincuentes no llegan a los colegios privados grandes porque hay mayor patrullaje, resguardo y tienen más recursos.
Anacopri realizará una movilización de padres y maestros para exigir mayor seguridad en los planteles y el fin de las extorsiones. Sin embargo, para el premier Gustavo Adrianzén, una protesta en pleno inicio del año escolar no haría más que afectar las clases de los niños.
Al respecto, el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich sostuvo que es necesario activar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) para una articulación con los representantes de las escuelas, la policía, líderes locales y organizaciones de base, a fin de tomar acciones más concretas.
“Entonces, a la Policía le tocará crear unidades especializadas y tener estrategias por zonas, por cuadrantes, donde estén más cerca de los colegios, a los circuitos por donde los estudiantes se mueven y tener más focalizada la estrategia de vigilancia y de prevención”.
Y recordó que la educación remota no es el mejor método para garantizar el aprendizaje.
Más inteligencia policial
En tanto, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló que no es novedad la extorsión a los colegios, pues todas las actividades económicas vienen sufriendo el ataque de la delincuencia. “¿Qué hay que hacer? Creo que la receta es única, es universal, es hacer inteligencia a partir de la información sobre el origen de los mensajes intimidatorios que llegan a través de llamadas telefónicas, de mensajes de voz, mensajes de WhatsApp, uso de redes; en todos los casos se puede hacer un seguimiento”.
Explicó que si se reorientan mejor los recursos a la inteligencia policial, se haría un buen trabajo en este tema. Apuntó que los estados de emergencia no han funcionado para enfrentar las extorsiones y han costado 30 millones de soles al mes, y no se están haciendo los esfuerzos para enfrentar este fenómeno. Recordó que el ministro del Interior anunció la creación de un grupo exclusivo para investigar la extorsión, pero fue un saludo a la bandera.
Paul Neira, experto en políticas públicas educativas, señala que en el Perú hay 83.000 colegios estatales y 26.000 colegios particulares y menciona que son entre 200 y 400 los amenazados, según los colectivos. Es un número mínimo frente a los 26.000. Entonces, hay una oportunidad de convocar y juntar esfuerzos para que esto no siga. “La opción de la educación virtual es una situación extrema, la pandemia nos demostró que se pierden aprendizajes. Es la última medida que se tomaría para salvaguardar a los estudiantes”.
Respecto a las acciones inmediatas, el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que, como parte del Plan de Retorno Seguro a Clases 2025, más de 3.000 policías brindarán resguardo a los colegios privados, en los horarios de ingreso y salida. Y eso es todo.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, habló sobre la preocupación del sector por el incremento de extorsiones y ataques violentos que sufren los transportistas en Lima y Callao.
Paro y marcha de transportistas
Ante esta crisis, la asociación ha convocado un paro para el 26 de septiembre, con una marcha hacia el Congreso de la República, exigiendo mayor seguridad y acciones concretas por parte del Gobierno. La movilización incluirá a 33 empresas de transporte de diferentes zonas de Lima y Callao.
Valeriano mencionó que, a pesar del reciente anuncio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre la creación de un grupo especial de la Policía para combatir el crimen organizado y la extorsión, aún no se ven resultados tangibles.
Según Valeriano, han ocurrido 14 atentados recientes y la falta de seguridad está afectando gravemente a los transportistas, quienes se sienten desprotegidos.
Transportistas extorsionados
Valeriano expresó que, aunque se han firmado documentos y se han hecho anuncios, no se ha percibido una acción real por parte de las autoridades y las extorsiones continúan afectando no solo a los transportistas, sino también a la ciudadanía en general.
Insistió en que el servicio de inteligencia de la Policía Nacional debería ser más efectivo en sus estrategias para desmantelar las bandas criminales.
Además, Valeriano mencionó que muchos transportistas no denuncian públicamente por temor a represalias, lo que agrava la situación, ya que la Policía carece de información oficial para actuar.
A la marcha de alumnos, profesores y padres de familia se unieron ayer algunos comerciantes para manifestarse en contra de la congresista María Agüero, quien repitio calificativos despectivos contra los estudiantes de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas. Los marchantes quisieron presentar su rechazo ante la Fiscalía y la Prefectura, además de la comunidad.
La directora del colegio Independencia Americana, Verónica Paniura y el director del colegio Micaela Bastidas, Jesús Pascuala, pidieron que el Gobierno central se manifieste en protección de los estudiantes. “Esperamos que se tomen medidas ante estos comentarios que no solo afectan la imagen de nuestras instituciones, sino también la dignidad de nuestros estudiantes”, declararon.
Uno de los padres que estuvo en la marcha dijo que se sienten “indignados por las declaraciones de la congresista María Agüero. No es posible que, en una institución emblemática donde hemos tenido hasta dos presidentes de la República, ella haya manifestado que los estudiantes son delincuentes”.
Escolares con pancartas en marcha. (FOTO: Leonardo Cuito)
Otros recalcaron que, María Agüero no es bienvenida en Arequipa, ya que no permitirán que se denigre a sus hijos.
El alcalde escolar del colegio Independencia Americana, Jaime Guido Ba, también participó en la protesta y dijo: “Rechazamos las declaraciones y hacemos respetar nuestra institución. Por eso hemos salido a las calles, para exigir respeto”.
Los manifestantes portaban pancartas alusivas a los derechos de los estudiantes, exigiendo que se ponga fin a los comentarios despectivos.
La movilización contó además con el apoyo de los exalumnos del colegio Independencia, la asociación de comerciantes del Mercado San Camilo y otros ciudadanos. “El hecho de que seamos comerciantes no quiere decir que nuestros hijos sean delincuentes”, expresaron.
ENFOQUE REAL 