“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Durante la convención minera Perumin 37 en Arequipa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, proclamó que “la agricultura puede esperar; un proyecto minero no” y aseguró que “la minería tiene prioridad sobre el agua”. Estas declaraciones desataron una reacción tajante de rechazo por parte de gremios agrarios, profesionales y comunidades vinculadas al campo.

Las palabras de Manero fueron vistas como una definición de política pública que contradice la función esencial del MIDAGRI: resguardar el acceso al agua y los alimentos de los peruanos.

De inmediato, integrantes del sector agropecuario y actores sociales utilizaron canales institucionales y medios para denunciar el giro pro-minero del ministerio y exigir explicaciones públicas.

Respuestas de las organizaciones agrarias

La reacción más firme provino de Conveagro, que agrupa a veinticinco gremios agrarios a nivel nacional. Su comunicado sostuvo: “Desconocer el papel de la agricultura en la seguridad alimentaria compromete a más de 33 millones de peruanos”.

Conveagro enfatizó que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos, equivalente al 30% de la Población Económicamente Activa, mientras que la minería, en 2024, apenas alcanzó 235.000 empleos.

El comunicado también señaló que el Midagri debe “garantizar acceso seguro y justo al agua para producir alimentos”. La organización calificó como inadmisible cualquier intento de supeditar la agricultura a intereses mineros.

Se exigió una rectificación inmediata o la renuncia de Manero, advirtiendo que su permanencia representa una amenaza para más de dos millones de familias que alimentan al país.

Pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú y gremios profesionales

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), por medio de la Coordinadora Nacional de los Capítulos de Ingeniería Agronómica, se sumó a la crítica. El gremio recordó que el agua es un derecho humano y bien público estratégico, y que la Ley de Recursos Hídricos establece prioridad para el uso poblacional y la producción alimentaria, antes que para la actividad minera.

El CIP acusó al titular de Desarrollo Agrario y Riego de desconocer el marco legal y técnico y de poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Sostuvieron: “La agricultura es la base de la seguridad y soberanía alimentaria de más de 33 millones de peruanos”. Por ello, convocaron a la sociedad civil y a los gremios técnicos a mantenerse vigilantes en defensa del agua y la producción nacional.Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú tras el PERUMIN 37.

Postura de comunidades rurales

Usuarios de agua, juntas de regantes y comunidades rurales, a través de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, coincidieron en el reclamo de destitución inmediata del ministro. Denunciaron que priorizar la minería sobre la producción agraria abre la puerta a nuevos conflictos sociales y amenaza los medios de vida de millones de personas del sector rural.

Para los colectivos agrícolas y de regantes, es intolerable que la gestión ministerial favorezca al sector extractivo en un contexto de crisis climática y altos precios de insumos, factores que golpean la seguridad alimentaria día tras día.

Agricultura relegada ante la apuesta minera

El ministro remarcó que la prioridad gubernamental es no frenar los proyectos mineros, a pesar de que el sector agrícola vive un “año histórico”, con un crecimiento del 20% en las agroexportaciones y precios estables para los pequeños productores. Sin embargo, la estrategia oficial opta por postergar las necesidades del agro en función de la promesa de ingresos futuros provenientes de la minería.

Colquisiri: La Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050 destaca a la minería formal como pilar de la economía

En el marco del proceso de conformación del grupo de trabajo encargado de elaborar la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el gerente general de Minera Colquisiri, Juan José Herrera, destacó que dicha iniciativa resalta a la minería formal como pilar de la economía.

«Este plan de trabajo tiene un ángulo positivo donde se preocupa por la minería formal, que es la de mayor envergadura para el desarrollo de la economía del país. Este grupo humano liderado por el Minem, otros ocho ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), busca definir cual es el futuro que le espera el país respecto de la minería», indicó.

Reservas de cobre

Respecto al potencial de cobre en el país, Herrera señaló que los proyectos cupríferos representan el 80 % del total de proyectos mineros, los cuales bordean los US$ 55 mil millones.

Viceministro de Minas, Henry Luna participó en el evento Perú Energía Sur Perú, en Arequipa.

También puedes leer: Henry Luna: “Estamos fortaleciendo nuestra capacidad exploratoria para identificar nuevos yacimientos”

Añadió que «el cobre es medular para el desarrollo tecnológico de la matriz energética, y es hacia donde deberían apostar los inversionistas extranjeros y nacionales».

Asimismo, lamentó que existan retrasos en el desarrollo de los proyectos en cartera, como es el caso de Antamina, Toromocho y Michiquillay, donde el paso del tiempo incrementa las necesidades que necesita cubrir la población.

Minería ilegal

En torno a la propuesta del alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, que busca reducir en 10 % anual los índices de minería ilegal en el país, el gerente general de Colquisiri manifestó que la única forma de hacerlo posible es a través de la formalización minera.

«Creo que es un reto que debe articular con el Ministerio del Interior para garantizar el orden y la seguridad. Además, contar con la participación de la Fiscalía y la Policía Nacional. De lo contrario, esto va a escalar hacia cosas peores», concluyó.

AGROMIN destaca casos de convivencia responsables entre la agricultura y minería

En la más reciente edición de Agromin, Juan Carlos Guzmán, superintendente de Responsabilidad Social de la Minera Colquisiri, aseguró que, con un trabajo responsable, sí se puede desarrollar la convivencia entre la agricultura y la minería, con la garantía de que ambas actividades salgan bien y con un impacto favorable para la población de su alrededor.

El representante de Colquisiri contó que esta empresa, ubicada en el Valle de Huaral desde hace más de 40 años, ha logrado la convivencia agrominera con el uso de tecnologías de alto nivel para el uso del agua y la protección del medio ambiente, lo cual ha permitido desarrollar más de 10 mil hectáreas de cultivos agrícolas.

“El reto es que las personas puedan conocer que, a 50 metros de la mina, tenemos un fundo agroexportador de 60 hectáreas donde se producen mandarinas que se llevan a la exportación a Asia, Europa y Norteamérica. Además, convivimos con muchos pequeños agricultores de productos de pan llevar y frutales”, dijo Guzmán.

Explicó que este trabajo es posible gracias a los pilares fundamentales de la empresa, que son la convivencia y el respeto, lo cual comprende que las operaciones mineras se lleven a cabo con los más altos estándares para garantizar el respeto al medio ambiente y hacer un uso eficiente del agua.

“Hemos podido implementar una planta de tratamiento de aguas residuales que nos permite reusar el agua que se utiliza en las operaciones, tenemos cero vertimientos, y así podemos generar campos forestales de más de 20 hectáreas donde hay más de 5 mil árboles”, comentó.

Asimismo, indicó que la minera aporta al desarrollo de la localidad del valle de Huaral con proyectos de responsabilidad social enfocados en los ejes de salud y nutrición, educación y desarrollo local. Así, por ejemplo, se realizan talleres productivos y capacitación a emprendedores, mejoramiento de infraestructuras, entre otros.

Minería peruana en 2024: En lucha por consolidar su proceso de maduración

Informe elaborado por: Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía, IPE.

Ojalá el Perú tuviese más sectores como la minería: con inversión descentralizada multimillonaria, atractivo para grandes capitales globales de altos estándares comunitarios y ambientales, enorme generador de divisas y empleo directo e indirecto, y gran capacidad para desarrollar cadenas de valor agregado entre sus proveedores, que deja ingentes recursos para el fisco.

Por el momento, sin embargo, solo la minería cumple con estas condiciones. Y, a pesar de esto, todo apunta a que el Perú no será capaz de repetir en muchos años el crecimiento productivo del sector minero en 2023.

Si la historia debe rimar, el boom global del valor de minerales críticos, como el cobre, no será indefinido.

Los estimados de décadas por delante varían significativamente, y es un ejercicio poco cauteloso proyectar cualquier indicador económico más allá de un par de años, pero es claro que conforme suba la demanda por minerales críticos para la transición energética, subirán también los incentivos para encontrarles un reemplazo o nuevas tecnologías.

Eso no debería suceder en la década actual, pero no hay garantías luego. Con diferencias sustanciales, el espejo del guano, el caucho y el salitre nos ofrece amargos recordatorios. El Perú debe aprovechar su posición privilegiada mientras esta dure. Eso implica poner en valor la enorme cartera de proyectos mineros pendientes. Lamentablemente, si bien la inversión minera debería tener un 2024 mejor que el 2023, los números son aún sumamente pequeños en comparación a lo que podrían ser. La responsabilidad es enteramente nuestra.

El 2023 fue un año para el olvido en términos económicos. Diversos choques de oferta explicaron una parte mayor del mal desempeño. Los más importantes fueron sin duda el clima adverso (lluvias, sequías, heladas y alta temperaturas), y las violentas protestas de inicios de año, y a esas se sumaron otras como la gripe aviar iniciada en febrero.

La confianza empresarial a tres meses en negativo desde abril del 2021, medida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), explicó el resto. Si bien las cifras oficiales aún no estaban cerradas al momento de redacción, todas las proyecciones apuntan a una contracción cercana al medio punto porcentual de la actividad económica de 2023 cuando comparada con el PBI del 2022. La caída fue generalizada a lo largo de las industrias.

Sin embargo, entre todos los sectores económicos, hubo uno solo que tuvo un desempeño positivo importante -suficiente para empujar el PBI total del 2023 hacia arriba de manera significativa o, por lo menos, evitar una caída más grave-: la minería.

Conflictos sociales son alentados por mal uso de impuestos de minería

Las protestas contra proyectos mineros en las regiones de Arequipa y Cusco continúan. El corredor minero permanece bloqueado en la provincia de Espinar porque los pobladores piden que se haga una consulta antes de ampliar la expansión del proyecto minero Antapaccay. Mientras que la Costanera en la provincia de Islay fue tomada por agricultores del Valle de Tambo.

Estos se oponen a la entrega de agua para la minera Quellaveco en la región Moquegua. Ante estas protestas, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Carlos Diez Canseco, advierte que el origen de todo es porque la población no siente que la riqueza que genera la actividad minera se refleje en su desarrollo. Refiere que el principal causante de esto es el gobierno en sus tres niveles que no llega a usar ni el 35% de los recursos que la minería entrega por el pago de sus impuestos.

Conflictos

En Cusco, en el kilómetro 14 del corredor minero del sur, pobladores de 11 comunidades campesinas de Espinar tomaron la vía. Exigen la presencia de ministros. Se trata de los pueblos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua Occoruro, Alto Huancané y un sector de Yauri. Todos solicitan que la ampliación del proyecto minero Antapaccay, en la comunidad de Ccorcohuayco, se someta a consulta previa. También piden que el gobierno evalúe la entrega de una reparación civil en favor de las comunidades.

En tanto, los pobladores de Islay en Arequipa continuaron con su cuarto día de huelga. Ayer nuevamente impidieron el tránsito en la carretera Costanera. Los protestantes están en contra de la disposición de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) de entregar agua del río Tambo para la operación de la minera Quellaveco.

Ayer por la mañana formaron un piquete en el sector denominado Boquerón entre los distritos de Deán Valdivia y Mejía. Los más afectados son los camioneros de carga pesada. Se debe usar canon Carlos Diez Canseco señaló que los conflictos que ocurren en torno a los proyectos mineros, se deben a que los gobierno regionales y municipales no atienden las necesidades de las comunidades y tampoco gestionan bien la renta minera.

“El año pasado el pago de impuesto ha sido un récord, tanto por la producción minera como por el incremento de los precios de los minerales. Regiones como Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno y Moquegua han recibido cantidades importantes de recursos para el beneficio de la población. Lamentablemente, estos recursos no llegan a la población. El Estado no usa ni el 35%”, explicó Diez Canseco.