En lo que constituye un duro golpe contra el narcotráfico en el sector del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), fuerzas integradas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejecutaron un operativo exitoso de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, en Ayacucho.
Las acciones en el marco de este importante operativo, fueron realizadas por el Comando Especial Vraem, a través de la segunda Brigada de Infantería Wari Batallón Contraterrorista Moquegua N.º 42 y la Policía Nacional del Perú con la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVMCTID- Vraem).
Producto de esta intervención, se incautó una camioneta 4X4 marca Hilux color blanco, un saco negro con 40 paquetes de cocaína (41,890 kg), un arma de fuego tipo pistola Beretta 9 mm, seis municiones 9mm (sin percutar), cuatro casquillos de munición 9 mm y una placa de rodaje F1J-898.
Este golpe busca desarticular el vínculo entre los remanentes de Sendero Luminoso y el narcotráfico, con el objetivo de avanzar hacia la pacificación en la región del Vraem y el país.
El Ministerio de Defensa, a través de sus Fuerzas Armadas, actúa estratégicamente para actuar contra los enemigos del Estado, con el único fin de garantizar la seguridad de todos los peruanos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Esta semana se inaugura el puerto multipropósito de Chancay. Es Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) la empresa china que arrancó como propietaria del 60% de las acciones. En estricto no se trata de capital privado, es estatal. Esto significa que, en última instancia, el control y la influencia sobre Cosco proviene del expansivo gobierno chino.
Ha sido tradicional resaltar que a los países no les debe importar de dónde lleguen las inversiones externas. El asunto es que lleguen. Así, se ha normalizado que capitales provenientes de regímenes altamente dictatoriales o totalitarios aterricen sin filtros y hasta invisibilizando las evidentes pulsiones en los juegos de poder y los objetivos geopolíticos mundiales —incluyendo los bélicos— en los que están involucrados. Surge sin embargo en ciertos países occidentales una tendencia —que se espera sea creciente— por intentar establecer parámetros y condicionantes a la bienvenida de inversiones de gobiernos que irrespetan los sistemas democráticos abiertos y competitivos, así como que agredan el pluralismo político interno y repriman las indispensables libertades políticas de sus ciudadanos. Los factores pues para facilitar la apertura hacia las grandes inversiones —sobre todo las estatales— no solo serán comerciales o económicas. Veremos cómo hará la dictadura China con el tiempo para lidiar con estos condicionantes fuera de sus fronteras.
Anotábamos a inicios de año en este espacio que era necesario prestar atención a peligros latentes en torno a una de las inversiones extranjeras más importantes en suelo peruano.
Como es conocido solo la construcción del megapuerto de Chancay (norte de Lima) en sus dos etapas asciende a US$ 3,600 millones, activando una serie de beneficios económicos de todo tamaño. Ya en funciones implicará —gracias a la entrada de los buques de carga más grandes del mundo— la multiplicación de esos beneficios para el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional. Como un “centro neurálgico” del comercio exterior a gran escala es visto Chancay, sin ninguna duda.
No obstante, no hay riesgos menores en materia de inseguridad portuaria y criminalidad. Uno de ellos es el de la infiltración de fuerzas delictivas organizadas que suelen “territorializar” su presencia en los puntos marítimos y otros para la exportación de drogas ilegales. Perú es como se sabe el segundo productor mundial de cocaína y posee puertos funcionales a esa actividad. Preguntábamos hace cuatro años, ¿existe la posibilidad de que Chancay pueda ser penetrado progresiva e impunemente por estas estructuras delictivas hasta de alcance transnacional? Sin duda.
La infiltracióncriminal entre los trabajadores portuarios y funcionarios, en las aduanas y la policía ha sido descrita en los últimos años y con cierto detalle. Por ejemplo, una investigación de 2015 (Insight Crime) daba cuenta que en el puerto del Callaoen Perú “los jefes de seguridad cobraban alrededor de US$20,000 por entrar al puerto y que los estibadores por lo menos US$10 por cada kilo de cocaína”. Este tipo de sobornos y otros factores fueron socavando los esfuerzos desplegados por las autoridades y organismos antinarcóticos alertas en materia de interdicción en las zonas portuarias peruanas. Callao (con mafias extranjeras, como los cárteles mexicanos, italianos, serbios, croatas… en alianzas con bandas locales) es central en esta subterránea realidad, seguido de Paita y demás terminales importantes en toda la franja costera peruana. El desbordado y crítico Ecuador tiene como epicentro al puerto de Guayaquil (donde solo alrededor del 20% de los 300.000 contenedores que salen cada mes son registrados por las autoridades. The Soufan Group) y en Brasil el de Santos (penetrado por el grupo delictivo Primer Comando Capital, PCC) como uno de los puntos de salida más importante de la cocaína hacia Europa.
Ecuador, otro ‘Mos Eisley’
Es importante ver lo que se incubó en suelo ecuatoriano en donde las organizaciones delictivas internas y transnacionales convirtieron la infraestructura portuaria en motivo de violentas disputas.
En la conocida saga cinematográfica “La Guerra de las Galaxias” aparece Mos Eisley, una ciudad puerto espacial en el planeta Tatooine y donde interactuaban y cerraban negocios toda una serie de criminales organizados, piratas, contrabandistas, sicarios… el paraíso del delito. En algo así se convirtió Venezuela (“gobernado” por el Cártel de Los Soles chavista) en las dos últimas décadas replicando esa dinámica cómplice no solo de economías ilegales sino también de redes de terrorismo internacional (Hezbollah) con objetivos políticos. Y mientras en Colombia operan aún narcoguerrillas y cárteles y Bolivia no frena su proceso de narcoestatización, Ecuador se convirtió —casi en silencio, hasta que explotó— en guarida y refugio de traficantes internacionales en competencia y hasta involucrados en la narcopolítica. ¿Perú puede tornarse en otro “Mos Eisley” sudamericano con sus puertos como protagonistas? La respuesta es obvia.
“Tenemos casos del crimen organizado de Albania, Ucrania, Italia, China… todos en Ecuador, todos consiguiendo su producto para distribuir en sus respectivos países”, dijo hace más de 10 años Jay Bergman, director de la DEA para la región andina. El desborde ecuatoriano no es novedad pues para quienes han venido siguiendo el caso de cerca. Lamentablemente la inacción o acción funcional de gobiernos como el de Rafael Correa facilitaron el avance delictivo (Correa llegó a cerrar calculadamente la base estadounidense antidrogas de Manta en 2009). Esta situación empieza a ser combatida por decisión del actual presidente Daniel Noboa quien, sin temor va ejecutando un plan de mano firme (Plan Fénix) con el apoyo creciente tanto de financiamiento como de los sistemas anticriminales y de inteligencia de los EstadosUnidos. Por su parte Perú debe implementar un apoyo y proceso similar en coordinación con su vecino Ecuador, sobre todo porque —como han coincidido diversos investigadores y comentaristas al respecto— si los ecuatorianos tienen éxito en controlar o hasta neutralizar el problema, éste intentará desplazarse o concentrarse específicamente en los puntos de salida costeños en territorio peruano, agravando la situación actual. Al 2023 se calculaba que el 46% de la cocaína que sale del país lo hace por los terminales marítimos (Dirandro). Ahí los 26 puertos —mayores y menores— y especialmente Chancay y el próximo proyecto en Arequipa, el puertodeCorío (siete veces de mayor capacidad que Chancay) desatan los peligros de una mayor infiltración criminal hacia el Perú.
Chancay, controles más estrictos y extendidos
En 2017 el puerto del Callao fue adherido al Programa Global de Control de Contenedores (PGCC) gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Posteriormente se integró a Paita y Matarani con otras unidades de control; según evaluación de especialistas en el tema esto es importante, pero resultará insuficiente por las habilidades que poseen las organizaciones delictivas en sortear barreras.
Mucho hay por hacer para reducir la inseguridad portuaria. La data en este terreno es abundante. Sistemas de inteligencia policiales y mecanismos e instituciones de aplicacion de la ley (fiscales, judiciales… nacionales e internacionales) contrarrestando la corrupción y la impunidad (conectada incluso a la dimensión política) en los diversos procesos son una ruta ineludible. Las empresas privadas no pueden sustraerse del problema como es obvio. Por supuesto, decirlo es mucho más fácil que concretarlo, pero si no es así solo se estará finalmente arando en el mar.
Entonces (ya que la legalización de las drogas —a la par de planes coordinados y efectivos para contrarrestar sus efectos sociales— parece ser un acuerdo global aún inalcanzable) una mejora real y ascendente en la escala de controles más estrictos y extendidos, que fueron inexistentes o evadidos por ejemplo en Ecuador por los grupos criminales, pueden ayudar a reducir la posibilidad de que Chancay se convierta en un infiltrado puerto peruano de megaexportación subterránea de drogas desde Sudamérica. Cabe resaltar que según datos de la UNODC (Informe Mundial sobre las Drogas, 2022) casi el 90% de la cocaína incautada en el mundo fue traficada en contenedores y/o por vía marítima.
Andrés Hurtado, conductor de televisión conocido como ‘Chibolín’, es el apoderado de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, quien fue condenado por narcotráfico, según el dominical Cuarto Poder.
La documentación de registros públicos, difundida por el programa periodístico, devela que Hurtado Grados está facultado para administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Chávez Peñaherrera, además de realizar trámites bancarios y notariales, solicitar créditos a corto, mediano y largo plazo y constituir empresas en nombre del exsentenciado.
Y no solo ello, de acuerdo con la escritura pública que data del 11 de junio del 2019, el hombre puesto en libertad en 2016, tras cumplir su condena de 22 años de prisión, le otorga el poder al conductor, investigado junto con la fiscal Luz Elizabeth Peralta por los presuntos delitos de tráfico influencias agravado y cohecho activo específico, de representarlo ante los medios de comunicación como mánager.
El escándalo que involucra a Hurtado
Esta información sale a la luz tras la denuncia de Ana Siucho, esposa de Edison Flores, según la cual ‘Chibolín’ supuestamente solicitó un millón de dólares a cambio de gestionar la liberación de un cargamento de 100 kilos de oro incautado.
Andrés Hurtado y la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, son acusados de negociar para facilitar el desembargo del cargamento de oro que se encontraban confiscados por ser presuntamente de origen ilícito. La representante del Ministerio Público dijo que se someterá a las investigaciones a fin de que se esclarezca todos los hechos y afirmó sentirse «utilizada» por el conductor de televisión.
«Quiero que diga la verdad. Me siento indignada, fui utilizada. Jamás me imaginé lo que estaba haciendo. Que se someta a la justicia», expresó.
En el programa Beto a saber, de Willax Televisión, Ana Siucho dijo, además, que Hurtado ayudó a su hermano, el futbolista Roberto Siucho, en un trámite para obtener la nacionalidad china para no ocupar la plaza de extranjero en el equipo chino Guangshou Evergande, a través de la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, en febrero de 2020.
El martes pasado, la exfuncionaria aseguró en RPP que nunca recibió algún tipo de regalos de parte de Hurtado o Siucho para agilizar los trámites de desnacionalización para el deportista.
En una entrevista en La Mula TV, el reconocido internacionalista Farid Kahhat ha expresado su preocupación sobre los desafíos de seguridad que enfrenta Perú, especialmente en relación con el narcotráfico y el futuro Megapuerto de Chancay.
«Yo he escuchado a un Comandante de la Policía, en un evento organizado por las Fuerzas Armadas, decir que había presión para reducir al mínimo los controles de seguridad en lo que va a ser el futuro Megapuerto de Chancay porque una seguridad muy intrusiva podría elevar los costos de operación y aumentar el tiempo en el que se realizan las actividades portuarias», dijo Kahhat.
«Habrá que internalizar esos costos y esos plazos. Si no tenemos medidas de seguridad adecuadas en el Megapuerto de Chancay, hay que recordar que ese puerto va a ser mucho más grande que los puertos del Ecuador y que Perú es uno de los mayores productores mundiales de cocaína. Lo que está pasando en Ecuador podría pasar en el Perú», advirtió el internacionalista destacando que una seguridad insuficiente podría tener consecuencias graves.
Kahhat explicó que la posición de Perú como uno de los mayores productores mundiales de cocaína y la ubicación estratégica del Megapuerto de Chancay requieren una atención especial en términos de seguridad
«Si no tenemos medidas de seguridad adecuadas en el puerto de Chancay, lo que está pasando en Ecuador podría pasar en el Perú», advirtió, haciendo referencia a la reciente crisis de seguridad en el país vecino.
El internacionalista también señaló que, a pesar de ser un gran productor de cocaína, Perú ha tenido la suerte de permanecer principalmente en la fase de producción del narcotráfico.
«Los costos de producción son irrelevantes… las rentas del narcotráfico se explican por la comercialización, no por la producción», dijo Kahhat. Según él, mientras más cerca esté el producto del mercado final, mayor es la utilidad que se obtiene.
Además, Kahhat destacó que la producción de droga en Perú ya no se dirige tanto hacia Estados Unidos como en el pasado, sino más bien hacia Europa, y que gran parte de la droga sale por puertos en Brasil, Uruguay y Argentina.
«Parte de nuestra droga está saliendo desde la Amazonía, hacia Brasil, Chile y otros países», explicó, lo que implica que Perú no siente lo peor del narcotráfico en términos de violencia.
Finalmente, Kahhat enfatizó la importancia de internalizar los costos y plazos asociados con la seguridad portuaria para evitar que Perú se convierta en un punto crítico en la cadena del narcotráfico.
La camioneta en la que un grupo de narcotraficantes transportaba por lo menos 500 kilos de cocaína, y que fue abandonada luego de que los delincuentes dispararan contra una patrulla del Ejército con el resultado de cuatro efectivos asesinados, pertenece a los esposos Miguel Santisteban Malmaceda y Natalie Tovar Torero, de acuerdo con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Miguel Santisteban, de 43 años, es natural de Chiclayo, Lambayeque, y Natalie Tovar, también de 43 años, es de Lima. Ambos son residentes en la urbanización Pachacámac II, en Villa El Salvador.
La República encontró el domicilio de la pareja, y sus familiares confirmaron que vivían en la dirección que aparece en sus respectivos DNI, pero cuando se les preguntó por la propiedad del Toyota Hilux de placa AJJ734 no quisieron responder preguntas y lanzaron la puerta a los reporteros.
De acuerdo con fuentes de la Dirección Nacional Antidrogas, es altamente probable que el cargamento de droga que salió de la localidad de Llochegua (provincia de Huanta, Ayacucho), en el corazón del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), haya tenido como destino Lima para luego ser despachado al extranjero. Esto explicaría por qué la propiedad del Toyota Hilux rojo que quedó como una coladera en las cercanías de Putis (Huanta, Ayacucho) por los balazos de los efectivos militares se ha registrado en la capital.
La segunda camioneta que dejaron los narcotraficantes, otro vehículo Toyota Hilux, de placa APC910, está inscrita a nombre de Jessica Huamán Lopez, residente en Pampa Coris, provincia de Huanta (Ayacucho), una zona de producción de droga. Las fuentes indicaron que el dato del origen del vehículo confirma que los implicados retiraron la cocaína de la zona del Vraem.
Natalie Tovar Torero y Miguel Santisteban Malmaceda, propietarios de la Toyota Hilux. Foto: composiciónLR
Dato de inteligencia
El incidente que se registró el lunes 4 de setiembre a las 4 de la madrugada en la jurisdicción del distrito de Putis se originó cuando una fuente humana comunicó a los órganos de inteligencia del Comando Especial (CEVRAEM) que un grupo de narcotraficantes iba a salir del Vraem con aproximadamente media tonelada de cocaína.
Según fuentes castrenses, el informante había revelado por dónde iban a transitar los vehículos con el cargamento de droga. Debían esperar el paso de los vehículos en un punto geográfico entre la 1 y 2 de la madrugada del lunes 4 de setiembre, porque la caravana pasaría entre las 4 y 5 horas.
La fuente advirtió a los militares que la caravana no solo estaba resguardada por los narcotraficantes, sino también por miembros de la organización narcoterrorista Movilizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que dirige en el Vraem desde 1999 Víctor Quispe Palomino, camarada José.
A las 11 de la noche del domingo 3 de setiembre, una patrulla combinada integrada por 10 efectivos del Ejército y un agente de la Dirección Antidrogas (Dirandro) abordó dos camionetas y salió de las instalaciones de la base militar de Pichari, Cusco, con dirección hacia el distrito de Putis, con el objetivo de ejecutar una operación de interdicción del alijo de cocaína.
Operación en las alturas
La patrulla militar al mando del teniente EP Michael Bazán Peche pertenecía al Comando Especial CEVRAEM, ubicado en el distrito de Pichari. También se sumó el suboficial PNP David Fano Buitrón, de la base antidrogas de Palmapampa (Samugari, La Mar, Ayacucho), su unidad de origen.
La patrulla llegó al punto a la 1 de la madrugada del lunes 4 de setiembre en el sector conocido como Orccohuasi y se emplazó estratégicamente en la carretera de trocha para esperar el desplazamiento de la caravana que transportaba el cargamento de droga que, según fuentes del CEVRAEM, provenía de la selva del distrito de Llochegua.
Alrededor de las 3 de la madrugada, los militares divisaron el pase de una camioneta, pero estaban indecisos para intervenir. Según el informante, ese vehículo era la ‘liebre’, donde había gente armada que custodiaba la droga que venía en camino.
A los pocos minutos, una camioneta roja y otra gris aparecieron en escena. Sin pensarlo dos veces, el teniente Michael Bazán ordenó seguirlas. En el vehículo se encontraban los suboficiales Anderson Arrigoila Huanaco, Dani Cayahua Condori y el sargento primero reenganchado EP Fermín Arroyo Guzmán, además del suboficial antidrogas David Fano Buitrón.
Saldo mortal. Cuerpos de los cuatro efectivos asesinados yacen en la tolva de una camioneta. Foto: difusión
La vida o la droga
El segundo vehículo, donde se encontraba el resto de la patrulla, demoró en salir. Este hecho terminó por ser clave, como se verá.
Los militares lograron adelantar a la primera camioneta del convoy y en una maniobra interceptaron el vehículo de color rojo de placa AJJ-734, cuyos ocupantes saltaron hacia una quebrada con sus armas y abrieron fuego contra las fuerzas del orden, lo cual dio inicio a un feroz enfrentamiento.
En el tiroteo, otro grupo armado que viajaba en la segunda camioneta, de placa APC-910, que transportaba droga, también bajó del vehículo y desde una parte alta de la carretera disparó desde diferentes flancos contra los militares.
A los pocos minutos, el resto de la patrulla, que venía atrás, se sumó y repelió el ataque, lo que hizo que los narcoterroristas huyeran del lugar dejando dos cuerpos. Al cierre de este reportaje, las autoridades todavía no comunicaban la identidad de los narcoterroristas fallecidos.
Según las fuentes, lo más probable es que los narcoterroristas del MPCP prestaran seguridad a los narcotraficantes propietarios del alijo de cocaína. Se comprueba así una vez más la perversa alianza de estas dos organizaciones criminales del Vraem.
Punto de salida. La jurisdicción del distrito de Putis (Huanta) es de tránsito para los narcos. Foto: difusión
Narcoterroristas serían del grupo de Chato Mendoza
Los narcoterroristas que prestaban servicios de seguridad (‘chalequeo’) a los narcotraficantes que trasladaban el cargamento de cocaína serían parte de una columna armada que encabeza por el camarada Chato Mendoza, conforme a fuentes del CEVRAEM.
El conocido como camarada Chato Mendoza es identificado por los pobladores de Putis como la persona encargada de cobrar cupos a los narcotraficantes que transitan por la carretera de Putis, que es una zona de salida de la droga del Vraem.
Otra pista. La segunda camioneta donde estaba el grupo armado que atacó a los militares es de Jessica Huamán Lopez, del Vraem. Foto: difusión
Otro de los negocios del camarada Chato Mendoza es prestar resguardo a las camionetas con cocaína o a los llamados ‘mochileros’, que trasladan los alijos a pie.
En el enfrentamiento que duró casi 25 minutos, fueron asesinados los efectivos militares Michael Bazán Peche, Anderson Arrigoila Huanaco, Dani Cayahua Condori y Fermín Arroyo Guzmán. Resultaron heridos los suboficiales EP Teodoro Morote Mendoza, Merlin Mamani Yavila y el suboficial PNP David Fano Buitrón.
Jessica Huamán López, propietaria de Toyota Hilux gris. Foto: composiciónLR
Una vida de violencia. Roger Javier Poémape Chávez murió, el martes último, acribillado por un sicario en la notaría Velarde Sussoni, en San Isidro. Si en el Perú hay un cartel del narcotráfico, su jefe era Poémape Chávez, aseguran fuentes de la Policía, Fiscalía y la Procuraduría contra el Narcotráfico.
Por eso se teme que su muerte sea parte de una guerra del narcotráfico en el Perú. Conocido como «Roberto Carlos», «Cabezón» o, para su círculo más íntimo, «Javi», desde hace 25 años controlaba el negocio de la droga en el Callao, con mano dura y de manera sangrienta.
Sospechoso eterno. Solo estuvo detenido una vez, entre 1998 y 2002, sin recibir sentencia. Desde el 2010 se convirtió en intocable. Para los jueces del Callao, e incluso de la Corte Suprema de Justicia, era un empresario modelo que generó una fortuna con empeño y sacrificio personal.
En la sombra
La primera vez que se leyó su nombre de manera pública fue, en el 2003, en el expediente por tráfico ilícito de estupefacientes al empresario maderero y exalcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta. El chofer de un camión que transportaba droga y otro testigo lo señalaron como el responsable de infiltrar una carga de sustancias ilícitas en un container de espárragos.
La investigación avanzó lenta. Los testigos murieron cuando sus cuerpos se chocaron con «balas pérdidas» y los jueces fueron expeditivos en archivar el caso.
En 2008, la procuradora Sonia Medina logró que la Fiscalía le iniciara una investigación por lavado de activos. Se detectó que luego de abrir una cuenta bancaria con 1.000 dólares, recibió un depósito por 99.278 dólares, de origen desconocido. Pero los jueces del Callao le concedieron un habeas corpus que paralizó la investigación hasta el 2015.
ENFOQUE REAL 