Entre el 21 y 22 de enero de 2025, una Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegó a Lima para abordar los temas relacionados con la independencia judicial y fiscal en el Perú.

A través de un comunicado, el grupo de trabajo señaló que su llegada se da en el marco de la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el país es parte desde julio de 2018.

Durante su estadía en la capital, el grupo de trabajo manifestó su preocupación ante acontecimientos que “podrían poner en riesgo” la independencia judicial y fiscal en el Perú, tras el encuentro con autoridades gubernamentales y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Advirtió también que, desde el 2023, algunos fiscales a cargo del Equipo Especial Lava Jato, una unidad anticorrupción creada en 2016 para coordinar las investigaciones del Perú sobre cohecho vinculadas al escándalo Lava Jato en Brasil, han sido objeto de “procesos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras continúan en sus cargos y en ejercicio de sus funciones”.

Agregó que, en ese mismo periodo, se presentaron iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además de presentarse una iniciativa para reemplazar a este organismo por una Escuela Nacional de la Magistratura.

“[Una] propuesta que deberá ser evaluada a fin de evitar un posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinarios de jueces y fiscales”, se lee en el comunicado.

De la misma forma, el grupo de trabajo alertó que las reformas recientes al marco legal nacional en materia de los acuerdos de colaboración y la incautación de bienes podría “socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción”.

“Estos hechos generan preocupación sobre la capacidad para investigar los casos de cohecho internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, agrega.

La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, Kathleen Roussel, destacó la reunión con los representantes de los tres poderes del Estado peruano para abordar “nuestras serias preocupaciones”.

“El Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, y en los últimos años ha puesto en marcha varias investigaciones de alto perfil contra altos funcionarios. Para mantener este impulso es fundamental que el Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de posibles interferencias políticas”, apuntó Roussel.

Gobierno se pronuncia tras encuentro con OCDE y dice que hay politización de la justicia

Tras el encuentro con la misión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que “es una preocupación permanente del Estado” la búsqueda de una mejor administración de justicia.

No obstante, indicó también que el Gobierno le expresó a la comisión de alto nivel que existen “algunos casos de politización de la justicia”.

“Y también en algunos casos que se ha pretendido invadir algunas esferas o contaminar, por parte algunos jueces, fiscales o algunos políticos; tratar de ingresar al terreno de la justicia invadiendo lo que no les corresponde [sic]”, declaró en conferencia de prensa.

Arana insistió en que la independencia y autonomía implica que ninguno de los poderes del Estado “debe invadir o contaminar las esferas de otras instituciones”.

“El Gobierno es enfático en ratificar el respeto de los atributos y funciones de cada una de las instituciones del estado”, finiquitó.

El grupo de trabajo de la OCDE volverá a evaluar la implementación de la convención por parte del Perú en diciembre de 2026.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) advierte complicaciones en el Perú por la corrupción y la debilidad del Estado de derecho, en un reciente informe, que se perciben como impedimentos para ingresar al grupo de los países avanzados de esta entidad, según coinciden diversos especialistas.

El documento ‘Estudios Económicos de la OCDE Perú 2023’ destaca que el crecimiento se ha ralentizado, que las reformas estructurales son claves para impulsar el crecimiento de largo plazo y que resulta prioritario reducir la informalidad. Además, destaca las consecuencias de la corrupción y el Estado de derecho débil en nuestro país.

“La elevada corrupción obstaculiza la capacidad del Gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones”, sostiene el documento de la OCDE de este año sobre el Perú.

“Un Estado de derecho débil genera un entorno empresarial insuficientemente estable y predecible, lo cual desalienta la inversión, el comercio y el espíritu emprendedor”, asevera también sobre este otro aspecto.

Esta situación nos aleja en la aspiración de entrar a OCDE.

“Hay un llamado de atención a la situación preocupante de deterioro institucional e insuficiente respuesta frente a la extensión de la corrupción en el sector público. Las menciones expresas al servicio civil y la justicia son claves: sin una burocracia basada en el mérito y autónoma del poder político, y con un sistema de justicia bajo amenaza de ser capturado por intereses políticos (como el caso de la JNJ), no habrá posibilidad de desarrollo económico sostenible y se dificultará el proceso de ingreso al club de la OCDE”, dice el sociólogo Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

“Una simple comparación entre lo que se espera para formar parte de la OCDE y los hallazgos en este documento, en un contexto institucional y político donde [hay] cuestionamientos continuos al balance y separación de poderes, el asedio constante de grupos de poder e intereses particulares para intervenir en el rumbo de importantes reformas públicas, o el desinterés y cinismo de diversos actores públicos para hacer frente a conflictos de intereses y corrupción, solo nos llevan a una conclusión: estamos alejándonos de todo camino hacia la OCDE”, dice el sociólogo Francisco Merino, especialista en temas de corrupción, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

“Da la impresión que seguimos asumiendo compromisos internacionales e incumpliendo otros. Deberíamos implementar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento universal vinculante, y tener en cuenta la Observación General 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aborda el impacto de la corrupción en derechos humanos vinculado a actividades económicas, en muchos casos graves y devastadores”, comenta la abogada Krúpskaya Ugarte, profesora de la Universidad de San Marcos.

De este modo, la pretensión del Perú se choca con la dura realidad de falta de desarrollo.