A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana acusados por someter a la explotación sexual a menores de edad en el Penal de Carquín, en la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura.
Los venezolanos Kelvin Rafael Almarza Vásquez y Fannyber Pérez Vásquez deberán cumplir ese periodo de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de trata de personas en agravio siete menores de edad, todas de nacionalidad venezolana.
La medida de prisión preventiva fue obtenida en la audiencia judicial por el fiscal provincial penal José Antonio Silva Vidal, de la de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura – Segundo Equipo, tras sustentar los graves elementos de convicción de la presunta comisión del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
Los hechos sustentados señalan que los ahora procesados Almarza Vásquez y Pérez Vásquez retenían a las siete menores de edad como si las cuidaran, pero su finalidad era de explotarlas sexualmente, llevándolas al Penal de Carquín donde las prostituía ofreciéndolas a los internos, haciéndolas pasar como si fuesen pareja de los reclusos.
En la investigación, se detuvo en total a siete personas, 6 varones y una mujer que es la venezolana Fannyber Pérez Vásquez y donde está también su compatriota y procesado Kelvin Rafael Almarza Vásquez, quienes fueron detenidos en el prostíbulo El Rosal o también llamado El Cerrito de la ciudad de Huaral, cuando la Fiscalía y la Policía incursionaron en el lenocinio para las pesquisas del caso.
Los otros cinco detenidos son todos trabajadores del mencionado prostíbulo, y las investigaciones preliminares no establecieron vínculo con los procesados ni con las menores de edad.
En la audiencia se indicó que las menores llegaron al prostíbulo con Cedulas de Identidad de Venezuela falsas que indicaban tener cada una 18 años de edad.
Asimismo, que las menores llegaron al Penal por su propia cuenta e ingresaron con dichos documentos, que indicaban que eran mayores de edad; sin embargo, las pesquisas arrojaron que eran direccionadas por sus compatriotas.
La medida fue ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral.
De otro lado, el INPE de la ciudad de Huacho ha separado del cargo a tres de sus trabajadores por haber permitido ingresar a las menores, abriéndoles el proceso administrativo correspondiente.
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