El nombre de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, vuelve a aparecer en una resolución judicial peruana.

El Cuarto Juzgado Civil de Piura reprogramó para el 10 de septiembre de 2026 la audiencia única de la demanda de amparo interpuesta por el abogado piurano Juan Mejía Seminario, quien acusa a la red social de haber vulnerado su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de un caso reciente. El proceso se remonta al año 2021, cuando la cuenta personal de Facebook de Mejía Seminario fue suspendida temporalmente. La plataforma argumentó que el usuario difundió información considerada falsa sobre el origen del COVID-19.

Según el demandante, el contenido compartido correspondía a un análisis atribuido a Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, en el que se sostenía que el virus SARS-CoV-2 habría sido creado en un laboratorio. Al considerar que la sanción fue arbitraria, el abogado acudió a la vía judicial.

PROCESO EN PAUSA

La demanda de amparo fue admitida en enero de 2022 y ese mismo año el juzgado ya había dispuesto la realización de una audiencia única virtual, conforme a los protocolos del Poder Judicial durante la pandemia.

Imagen

Incluso se ordenó que Zuckerberg sea notificado mediante exhorto diplomático, un procedimiento que implica coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el pago de derechos consulares.

Sin embargo, la diligencia no llegó a concretarse y el expediente permaneció en pausa durante más de dos años. Recién ahora, mediante la Resolución N.° 13, el Cuarto Juzgado Civil de Piura ha decidido reactivar el proceso y fijar una nueva fecha.

La audiencia se realizará el 10 de setiembre de 2026, a las 10:00 a. m., de manera virtual, a través de Google Meet, y estará a cargo del juez Iván Cueva Cortez, en el marco del Expediente N.° 00900-2021-0-2001-JR-CI-04.

TRADUCTOR, NOTIFICACIÓN E INDEMNIZACIÓN

Debido a la condición internacional del demandado, el juzgado dispuso que se gestione la presencia de un traductor de inglés, quien asistirá al magistrado durante el desarrollo de la audiencia. Además, se reiteró la notificación de Zuckerberg por la vía diplomática.

En su demanda, Mejía Seminario solicita la restitución de su cuenta de Facebook y una indemnización de US$300,000 por el presunto daño ocasionado. El abogado ha sostenido públicamente que, aunque Facebook sea una empresa privada, no puede restringir derechos fundamentales en espacios digitales que funcionan como foros de expresión masiva.

“Facebook, al ser un medio privado, no puede violentar la libertad de expresión. Si no les gusta una opinión, simplemente te bloquean. Eso no es legal”, declaró el demandante en una etapa previa del proceso.

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha confirmado si representantes legales de Meta participarán en la audiencia ni si Mark Zuckerberg intervendrá directamente. Lo cierto es que el proceso, iniciado hace más de cuatro años, sigue abierto y podría sentar un precedente jurídico en el país.

Rubén Alejandro Quevedo Nole, de 33 años, murió luego de ser brutalmente golpeado por dos ciudadanos extranjeros en el centro poblado de Mallaritos, en Sullana, región Piura. El ataque ocurrió el pasado domingo 11 de enero, cuando la víctima ya estaba en su tierra natal luego de viajar desde Lima para reencontrarse con su familia por las festividades.

De acuerdo con información preliminar, el padre de familia fue atacado con palos y piedras dentro de su vivienda durante una gresca cuyas causas aún no han sido esclarecidas. Pese a que vecinos y familiares intentaron auxiliarlo, las graves lesiones en la cabeza obligaron a su traslado al hospital de Sullana, donde permaneció internado y falleció al día siguiente a causa de una hemorragia cerebral.

La tía de la víctima cuestionó la actuación policial tras el ataque. “Le han golpeado el cerebro a mi sobrino. Llegó la policía, pero no hicieron nada. Estas son las consecuencias y le dio derrame cerebral. Nosotros queremos justicia”, declaró.

Familia protesta por justicia y ofrece recompensa de S/15.000

Los presuntos responsables fueron identificados como Manuel Ángel Alvarado Gonzáles (24) y Noel Alexander Carneiro Malaver (25), ambos de nacionalidad venezolana. Testigos señalaron que ellos atacaron a Rubén dentro de su vivienda y luego huyeron con rumbo desconocido. “Están prófugos”, afirmó su hermana.

Familia ofrece recompensa por información de sospechosos. Foto: difusión.

Rubén Quevedo era padre de familia de una adolescente de 15 años y trabajaba en una empresa de telefonía en Lima. Su muerte ha generado indignación entre familiares, vecinos y amigos, quienes exigen celeridad en las investigaciones.

Tras el velorio, pobladores y familiares realizaron una protesta en la carretera Panamericana Norte, donde bloquearon temporalmente la vía con quema de llantas, piedras y carteles para exigir justicia y la captura de los responsables. Asimismo, los parientes del occiso ofrecieron una recompensa de S/15.000 a quien brinde información que permita ubicar a los implicados y ponerlos a disposición de las autoridades.

Nueve meses de prisión preventiva les dictaron a un comisario y dos suboficiales de la Policía por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial, debido a que habrían solicitado S/5,000 para devolver un vehículo que habían intervenido en la ciudad de Sullana.

Fue el primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, liderado por el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, quien presentó dicho requerimiento, siendo sustentado por el fiscal adjunto, Harold Martinez Requena, quien acreditó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho investigado, un prognosis de pena superior a los cinco años y la presencia de peligro procesal.

La medida fue dictada por el juez Carlos Lindo Yajamanco contra los suboficiales Richard Junior Cherres Antón en calidad de presunto autor.

Además, el mayor PNP Francy Duggar Barzola Álvarez y el suboficial PNP Andy Luis Llenque Suclupe, ambos en calidad de presuntos cómplices, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

El caso sucedió el 10 de enero de este año, cuando un hombre fue intervenido por los dos suboficiales cuando realizaban un operativo a inmediaciones de un lavadero en la calle Ricardo Palma en el asentamiento José Carlos Mariátegui en Sullana. En dicho lugar los agentes intervinieron la camioneta que contaba con una orden de captura por motivo de la deuda de un banco.

Luego, dicho vehículo fue internado en la comisaría El Obrero. Sin embargo, el denunciante presentó toda la documentación requerida. A pesar de ello, los policías persistieron en la negativa de devolverle la camioneta y condicionándola con el pago de S/5,000.