Lo que hizo no tiene nombre ni perdón de Dios. Jerson Alexander Juárez Tapia (26), vigilante de un criadero de chanchos, es el miserable que se llevó a la fuerza a una niña de doce años que encontró sola y la estranguló hasta matarla para después envolver su cuerpo con alfombras. “Yo la maté. Ahí está jefe”, fue su fría confesión, sin remordimientos, a la Policía. Esto despertó la furia de sus vecinos, que le propinaron una brutal golpiza. ‘¡Es un monstruo!’, ‘maten al monstruo’, le gritaron.

Este hecho ocurrió en el límite entre los distritos de Villa María del Triunfo y Pachacámac. La noche del sábado 7 de diciembre, la pequeña Prince salió de su domicilio después que su madre Margareth Nestares le llamó la atención. El uso de un celular habría sido el motivo. “Mi niña es sana, inocente. Ella no se escapó, se fue para atrás de la casa. Allí apareció ese sujeto y se la llevó”, contó.

La madrugada del domingo, la abuela de la menor, que aún desconocía lo ocurrido, recibió llamadas al celular, pero no hizo caso porque no contesta números desconocidos. “Mi hija sabía ese número porque atendía la tienda y le pagaban con Yape”, agregó la mujer.

La mañana de ese día, la familia puso la denuncia por desaparición en la comisaría de José Gálvez. Según dijeron, no la ayudaron. El Ministerio del Interior dispuso investigar la presunta inacción de los agentes.

AMIGA LOS AYUDÓ

Actuando por su cuenta, los parientes llamaron al número varias veces y la noche del domingo, con la ayuda de una amiga, obtuvieron los datos del titular de la línea y su dirección. Jerson Juárez indicó que vivía en casa de su padrastro, pero era falso. Después los llevó a su cuarto en la zona Los Lúcumos de Pachacámac. Al entrar, delante de un policía, defecó en un balde.

Pese a la oscuridad, la madre encontró la sandalia de Prince y su cadáver bajo la cama. Lo que vio fue desgarrador. Imposible de olvidar. El asesino corrió, pero la población lo atrapó y masacró.

ACTUALIZACIÓN

Esta tarde, el Ministerio del Interior informó que se ha intervenido la comisaría de José Gálvez, en VMT, donde agentes se negaron a recibir la denuncia de la desaparición de la pequeña, a la que posteriormente se encontró sin vida.

A través de un comunicado, la institución aseguró que «no habrá espíritu de cuerpo, caiga quien caiga».

«Por disposición del ministro Juan José Santiváñez, personal de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior interviene la comisaría de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, para investigar una presunta omisión de funciones por parte del personal policial en relación a la denuncia por la desaparición de una menor de edad con subsecuente muerte», se lee en el documento.
 

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NOTA ORIGINAL

Ya se ha hecho costumbre que ante cada mala acción de un agente de la Policía Nacional, aparezca Juan José Santiváñez, ministro del Interior, para anunciar que tomará drásticas medidas contra los malos efectivos. 

Hace muy poco lo hizo ante el caso de Sheyla Cóndor, la joven que fue asesinada y desmembrada en Comas por un suboficial PNP. La indiferencia de la Policía e incluso la complicidad de policías para encubrir al asesino no hizo más que generar indignación. Ahora, una niña de 12 años fue asesinada en Villa María del Triunfo y nuevamente la Policía Nacional hizo poco o nada para ayudar a buscarla cuando todavía estaba en calidad de desaparecida.

En un comunicado, que llega horas después de la exposición de la tragedia de la pequeña, el ministerio informó que el titular del sector ha dispuesto la inmediata intervención de la oficina de Asuntos Internos «para investigar la presunta inacción de efectivos policiales de la comisaría
José Gálvez ante la denuncia por desaparición y posteriores indicios del paradero de la menor».

El operativo policial realizado el pasado 17 de octubre en el distrito de El Agustino, en la provincia de Lima, que terminó con la detención de nueve personas, ha sido cuestionado por diferentes testimonios que apuntan a un posible montaje.

Un reportaje del programa Cuarto Poder difundió un informe del Departamento de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en el que se determina que los arrestados habrían sido víctimas de un engaño, organizado por Gianfranco Aliaga Lara en complicidad con su tío, Jorge Dante Lara Amaya, quien presuntamente planificó el operativo junto a agentes de la Policía Nacional.

Los nueve detenidos ratificaron su versión desde el inicio, asegurando que fueron sorprendidos bajo el falso ofrecimiento de un trabajo como vigilantes en una finca en el sur de Lima. De acuerdo con los testimonios de los detenidos, fue el propio Gianfranco Aliaga Lara quien contactó a los detenidos y los citó para lo que terminó siendo un operativo “armado”.

El dominical entrevistó a una persona cuyo testimonio es vital en la investigación. «Todo esto fue una farsa», dijo y aseguró que su vida estuvo en peligro tras ser amenazado por su tío. «Me dijo que me iba a entregar en una bolsa ante mi mamá», relató, explicando que huyó para salvar su vida y se ocultó en el interior del país.

El tío Jorge Dante Lara Amaya habría montado el operativo, implicando a otros agentes de Inteligencia y del Escuadrón Verde. «Todo lo planeó él para inculpar a mis amigos, pero ellos no tenían la culpa de nada. Todo fue sembrado», dijo.

Contó que su hermano Gianfranco Aliaga Lara fue el que reclutó a todas las personas, sindicados de integrar la banda ‘Los siniestros de la extorsión’, que hoy cumplen prisión preventiva. «Mi hermano me ofreció ir a trabajar. 200 soles diarios. A quién no le caería bien. Él es el que los contacta a todos. Mi tío le mandó a él», remarcó.

«Si hablo de mi tío, me mata también»

El reporte indica que el testimonio resalta las irregularidades de este caso, mencionando que incluso los objetos incautados no coincidían con los reportados en el informe de la Dirincri. Al respecto, el documento de la Dirección de Investigación Criminal pone de relieve que los objetos incautados mostrados por los medios de comunicación, como grilletes, cartuchera de cuero para revolver, cuchillo y guantes amarillo no figuraban en la lista de especies incautadas, lo que pone en duda la autenticidad de las pruebas presentadas.

Por si fuera poco, el dominical muestra también unos wasaps que Gian Aliaga Lara escribió a su pareja: «Yo arreglaré esto, así me tenga que comer mi [prisión] preventiva». La mujer le responde que toda la culpa es de su tío, a lo que él confiesa que tiene temor de que Jorge Dante Lara Amaya le haga daño: «Qué puedo hacer, dime, amor, por un lado, si no me entrego y lo hago de una manera que no es, todos ellos estarán encima para matarme, y, si hablo de mi tío, me mata también».

El informe de la Dirincri concluyó que los detenidos no están involucrados en el delito de extorsión, ya que no existen agraviados que respalden la acusación. 

La Fiscalía informó que ha incorporado a la Policía Nacional del Perú (PNP), representada por la Procuraduría Pública y Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, como tercero civil responsable en la investigación del feminicidio de la joven Sheyla Cóndor (26), cuyos restos fueron encontrados en el departamento del suboficial Darwin Condori, principal sospechoso del crimen, en el distrito de Comas, provincia de Lima.

Tres despachos fiscales investigan a los policías que se habrían negado a recibir la denuncia de los padres de Sheyla Cóndor; así como al grupo Grecco, que habría cometido irregularidades durante el levantamiento del cadáver del suboficial Darwin Condori, quien se habría suicidado. 

En una reciente conferencia de prensa, el fiscal provincial Jimmy Morán, de la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, detalló que la Policía Nacional es acusada de los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y encubrimiento personal.

Tercero civil responsable: de qué trata

En La rotativa del aire – edición noche de RPP, el abogado penalista James Rodríguez explicó el concepto de «tercero civil responsable» en este tipo de investigaciones. 

«El tercero civil responsable es la parte que interviene en el proceso penal por tener alguna vinculación con el imputado del delito y que coadyuva en el proceso con el pago de la reparación civil en caso de condena», señaló. 

Detalló que, en este caso, de ser hallado culpable el suboficial Condori Antezana, la Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, deberá “asumir” la reparación civil por los “daños económicos” ocasionados, independientemente de la pena que se le dicte al autor material del feminicidio.

El abogado Rodríguez destacó que este paso es crucial en el proceso, debido a que el presunto feminicida era un policía activo cuando ocurrió el crimen y que, además, ya había enfrentado una investigación por violación. 

«Este mal policía seguía en ejercicio de funciones incluso cuando se levantó el cadáver de la víctima», añadió.