Ica: al menos 10 policías resultaron heridos tras enfrentamiento con manifestantes

Al menos diez policías han resultado heridos durante los enfrentamientos que se registran en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en la zona de La Expansión, en la región Ica.

RPP Noticias corroboró que la cantidad de manifestantes triplica el número de los policías que están en la zona. En el lugar, se pueden oír disparos y gritos de los protestantes.

Aún así, los efectivos policiales intentan retenerlos con bombas lacrimógenas. Además, un grupo de pobladores del distrito Salas Guadalupe ha salido para apoyar a la Policía y dispersar a los manifestantes, quienes continúan lanzando piedras.

Cabe precisar que este enfrentamiento se inició luego que un grupo de ciudadanos retirara las piedras y llantas de la vía, con el fin de que los vehículos varados, desde hace tres días, puedan continuar con su viaje.

Plantean proyecto de ley para que policías puedan disparar si manifestantes los superan en número

El legislador Jorge Montoya Manrique de la bancada Renovación Popular presentó, el último jueves 12 de enero, la iniciativa n.° 3973/2022-CR denominada “Proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”.

Esta propuesta se da en el marco de las manifestaciones que se vienen dando en todo el país y que piden la salida de Dina Boluarte, así como el adelanto de elecciones. Cabe precisar que estas protestas ya dejó el saldo de casi 50 víctimas mortales, entre ellos un policía que falleció calcinado dentro de su patrulla en la región de Puno.

Este proyecto de ley busca derogar el principio de proporcionalidad que señala el Decreto Legislativo 1186, el cual regula el uso de la fuerza letal progresiva de la Policía.

“Proporcionalidad: el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar”.

Según el documento, el inciso antes referido sería suprimido y reemplazado por el principio de defensa de la vida, el cual tiene como prioridad y finalidad la protección de la misma.

“Defensa de la vida: el uso de la fuerza tiene como prioridad y finalidad la defensa de la vida y la salud de las personas, incluyendo la propia de personal policial que interviene”.

Cabe precisar que el texto alude a un supuesto crítico: cuando supere en número a los policías y realicen acciones violentas. Estas son las situaciones en las que se podría usar el arma de fuego, según el proyecto de ley impulsado por el congresista Montoya:

En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona o el grupo de estas que vaya(n) a ser detenida(s).
Cuando la vida de una persona o varias de estas es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando.
Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otro individuo, por la acción de grupos de personas que los superan en número y que se encuentran realizando acciones agresivas y violentas.

Adjudicaron compra de cascos de seguridad para policías a postor que incumplía condiciones

La Contraloría General detectó que funcionarios del Ministerio del Interior favorecieron a un postor al cual adjudicaron la buena pro del proceso realizado en el 2020 para la compra de 2404 cascos de seguridad destinados a policías del servicio de patrullaje motorizado a nivel nacional, por un valor de S/ 3 997 000, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas, identificándose además que no contaba con la representación de la firma que ofrecía los productos, entre otras situaciones, que afectaron la oportuna adquisición para atender dicha necesidad y se puso en riesgo la seguridad del personal policial.

Por este hecho identificado, el Informe de Control Específico N° 019-2022-2-0282-SCE determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres (3) funcionarios, dos (2) integrantes del Comité de Selección y uno (1) de la Oficina de Abastecimientos que participaron de la adjudicación simplificada efectuada en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana de 17 departamentos”, durante el periodo del 14 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020.

Se evidenció que la oferta del postor incumplía con el requisito de presentación obligatoria del documento que acreditaba la representación de quien la firmaba como su representante, subsanando dicho documento con un certificado de vigencia de poder emitido en la fecha establecida para la presentación de ofertas, contraviniendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De igual forma, los integrantes del comité de selección aprobaron por mayoría de votos la oferta de casco de seguridad aun cuando el producto no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases, relacionada específicamente a la característica de “correa de nuca desmontable”.

Cabe señalar que sobre este aspecto hubo el voto discrepante de un integrante del comité de selección, perteneciente al área usuaria y con conocimiento técnico del objeto de la contratación, quien manifestó su desacuerdo porque el producto ofrecido por el postor no se ajustaba a las bases de la adjudicación simplificada y las características técnicas solicitadas.

Además de no verificar los documentos de presentación obligatoria tampoco determinaron si las ofertas recibidas respondían a las características y/o requisitos funcionales solicitadas.

A estas situaciones, se suma que antes de que se otorgara la adjudicación, el comité de selección recibió una comunicación escrita, con el logo de la empresa de cascos ofertados, en la que se advertía que solo comercializaban sus productos a través de distribuidores autorizados, no siendo dicho postor su distribuidor en el país; información que alertaba sobre la imposibilidad de que el postor entregue los bienes, pero que, sin embargo, no fue diligenciada para su corroboración.

Pese a estas situaciones, el comité de selección otorgó la buena pro al postor, el mismo que siete días después de la firma del contrato, comunicó que no podía entregar la muestra del producto porque la empresa internacional le negó los cascos al no ser su representante oficial en el Perú.

En enero de 2020, a ocho días del vencimiento de 76 días para la entrega de los cascos de seguridad, el postor solicitó la resolución alegando causal de fuerza mayor lo que conllevó a que se concluya por incumplimiento injustificado. Esta situación obligó a que finalmente, en octubre de 2020, se otorgue la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar.

Otra situación identificada es que el director de la Oficina de Abastecimientos derivó el procedimiento de selección concluido a profesionales sin vínculo laboral con la entidad, que no alertaron sobre el riesgo de suscribir un contrato con un postor que no era representante de la firma vendedora de cascos, hecho que posibilitó se suscriba el contrato.

La Contraloría General recomendó al titular del Ministerio del Interior para adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra los presuntos responsables.

Los ciudadanos pueden acceder a este y otro servicios a través de nuestro Buscador de Informes de Control, a través de www.gob.pe/contraloria

Informe de Hito de Control Específico N° 019-2022-2-0282-SCE

👉https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/11/2022CPO028200019_ADJUNTO.pdf

Infografía:
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/3761960-adjudicaron-compra-de-cascos-de-seguridad-para-policias-a-postor-que-incumplia-condiciones

La Libertad: Caen cuatro policías exigiendo coima de S/ 80,000

Cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en el cobro de una coima de S/ 80,000 a un empresario minero a cambio de no incautarle un cargamento de explosivos que transportaban a la sierra de La Libertad.

De acuerdo al parte policial, se trata de los suboficiales de la PNP Jonathan Napoleón León Espejo (34), Evangelina Rojas Núñez (37), Jean Jairo Pérez Centurión (27) y el teniente Carlos Alberto Valderrama Pereda (30). Los mencionados laboraban en la comisaría de Retamas (Pataz).

También fue detenida María Isabel Sánchez Ledezma (25), quien actuaría bajo la modalidad de cajera al haber prestado su cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP) para que le transfieran S/ 10,000 que los agentes policiales supuestamente habían cobrado. A la mencionada se le intervino en la ciudad de Guadalupe, ubicado en la provincia de Pacasmayo, donde residía.

Según las primeras investigaciones policiales y judiciales, los efectivos prestaban servicios en la comisaría de Retamas e intervinieron un vehículo que transportaba explosivos y al agraviado se le pidió 80 mil soles, pero luego se habría acordado el pago de 50 mil soles.

A los cinco intervenidos se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho propio condicionado en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado. Para la Policía los arrestaron serían de la banda “Los Ilegales de Retamas”.

Se pronuncia

El general PNP Augusto Ríos, jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, se pronunció sobre la detención de los cuatro efectivos policiales por presuntamente cobrar una coima.

“Están sujetos a detención preliminar judicial en el Departamento de Investigación Criminal”, indicó.

También resaltó que en el presente año hay 14 efectivos de la Policía Nacional del Perú detenidos por diversos delitos.

“Estamos hablando de 14 efectivos detenidos por delitos o digamos actos de conducta disfuncional y actos reñidos contra la ley. Cuando un efectivo policial cruza la línea de la ley se le abre una investigación administrativa, penal y si el caso amerita y es un delito que esté previsto en el Fuero de Defensa Militar se le abre un campo de investigación también en el Derecho Privativo Militar ante la zona Judicial”, puntualizó.

Cusco: policías ayudan a menor de 15 años expuesta al peligro

Los agentes de la Comisaría de la Familia de Cusco, pusieron bajo custodia a una menor de 15 años, que se encontraba en situación de abandono moral y peligro material.

La adolescente de iniciales M.C.V. fue encontrada realizando venta ambulatoria de golosinas en inmediaciones del paradero Amauta, ubicado en la avenida de La Cultura de la ciudad imperial.

Su vida se encontraba expuesta al peligro físico, psicológico y sexual, debido a que no se encontraba acompañada de sus progenitores.

Finalmente, los policías de la Comisaría de La Familia de Cusco trasladaron a la menor a sus instalaciones para continuar con las diligencias del caso; es decir, pasar las evaluaciones necesarias que certifiquen la situación de la adolescente, así como la identificación de sus padres.

Áncash: rescatan a dos policías retenidos por 18 horas y golpeados por comuneros

Atados de manos y pies, dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron retenidos por 18 horas a merced de una turba de enardecidos pobladores de la comunidad campesina de Juan Velazco Alvarado, en la provincia de Huaylas, en Áncash.

De acuerdo a América Noticias, el ataque ocurrió de noche cuando los suboficiales Roger Quijano Bedón y Frank Manrique Romero realizaban un seguimiento encubierto a un sujeto acusado de tráfico ilícito de drogas, pero los comuneros los sindicaron de ladrones y los amenazaron de muerte.

“No hemos robado”, se oye decir a uno de los policías, quien es golpeado en reiteradas ocasiones mientras los pobladores le decían que ganaran su dinero “con su sudor”.

En las imágenes difundidas por el matinal, se puede oír a los agentes suplicar por sus vidas. “No he robado nada. No hemos robado a nadie. No hemos golpeado a nadie, no hemos herido a nadie”, les decía un PNP, pero solo recibió golpes y amenazas. Incluso uno de ellos quedó inconsciente.

La situación fue alertada al Ministerio Público y a la Jefatura Policial, que 18 horas después y con el apoyo de un centenar de agentes policiales, rescataron a los dos suboficiales.

El jefe regional de la Policía de Áncash, general Freddy del Carpio León, confirmó que los suboficiales Quijano Bedón y Frank Manrique se encuentran a salvo, pero por precaución fueron llevados al hospital de Caraz. En las próximas serán trasladados a Casma, donde laboran.

La investigación del caso quedó en manos del Ministerio Público.