El miércoles 16 de noviembre fue una fecha clave porque se promulgó la ley 31622 que fortalece la lucha contra la criminalidad organizada dedicada al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, así como la extracción ilegal de especies acuáticas. Sin embargo, a menos de una semana se busca derogar la norma desde el Congreso de la República, el mismo que la aprobó con amplia mayoría y por allanamiento.

Intereses ocultos
Diversos gremios, que afirman representar a los pescadores artesanales y de menor escala, se han acercado a los congresistas Cruz Zeta Chunga (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) para pedirles que se derogue la ley 31622, porque consideran que esta criminaliza su actividad.

Según la legisladora por Fuerza Popular, hoy el Ministerio de la Producción (Produce) comunicará las modificaciones que se harán a la norma como resultado de un diálogo que sostuvo con el titular de dicha cartera, Jorge Luis Prado, y representantes del Comité de Defensa de Pesca Artesanal.

Por su parte, el congresista Cerrón firmó el último viernes un proyecto de ley para derogar la norma, el cual calificó como un ‘acto histórico para la pesca’ al momento de suscribir el documento. Aunque al cierre de este informe no se ha presentado la propuesta de forma oficial.

De acuerdo con pescadores artesanales y especialistas consultados por La República, organizaciones criminales y anchoveteros que proveen a la industria de harina de pescado estarían detrás de estas acciones en el Parlamento.

“Los que protestan son los anchoveteros, la mayoría que practica la pesca ilegal y desproporcionada. En Chimbote es vox populi que los harineros son los que están detrás de esta protesta,” comentó César Díaz, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales y Armadores Almirante Miguel Grau.

“Me temo que hay organizaciones criminales que están utilizando a los pescadores artesanales diciéndoles que esta ley es contra ellos para poder tumbarse la ley”, dijo el experto en derecho ambiental César Ipenza, quien agregó que se busca evitar que se generen herramientas que desarticulen e investiguen a las verdaderas organizaciones criminales que realmente existen en el país.