Una comisión del Congreso de Perú presentó este viernes un informe de fiscalización que asegura que no hay planes de rehabilitación aprobados ni un estudio del daño ambiental causado hace dos años por el derrame de hidrocarburos en el mar de Lima desde la Refinería La Pampilla, que opera Repsol.
El informe fue presentado por la congresista Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso, durante un foro realizado por las organizaciones Perú Equidad, FIDH, EarthRights International y Cooperacción, señaló el Congreso en un comunicado.
«A dos años de la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el litoral de la costa peruana, continúa pendiente la rehabilitación de los sitios afectados, la reactivación económica en la zona afectada y la compensación justa a la población directamente afectada», sostuvo Luque, citada en el comunicado.
La legisladora consideró que «se debe plantear una reforma de la normativa vigente sobre emergencia ambiental y responsabilidad por daño ambiental para garantizar que las medidas de compensación económica, de remediación y reparación sean efectivas».
En las conclusiones del informe, se indica que «aún existen 71 formaciones costeras, 2 áreas naturales protegidas, 6 islas/islotes y 2 zonas submareales afectadas» y que no se cuenta con planes de rehabilitación aprobados o en estado de implementación, ni un estudio de identificación y valoración del daño ambiental.
También se manifiesta preocupación por «la subsistencia económica de la población afectada», ya que aún se encuentran suspendidas actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte, el comercio formal y ambulatorio.
El Congreso precisó que este documento recoge información brindada en sesiones de la comisión por representantes de asociaciones y organizaciones sociales de los distritos costeros afectados de Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.
Además, por especialistas de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Energía y Minas, Defensa, Salud, Ambiente, Producción y Justicia y Derechos Humanos, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Instituto del Mar del Perú y el Organismo de Sanidad Pesquera.
En las sesiones también participaron autoridades como las ministras del Ambiente, Albina Ruiz, y de la Producción, Ana María Choquehuanca, el viceministro de Hidrocarburos, Julio Poquioma, y la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León, así como el representante de Repsol Luis Alberto Vásquez.
El pasado lunes, cuando se cumplieron dos años del accidente en La Pampilla, que provocó que 12.000 barriles de crudo se vertieron en la costa del norte de Lima, Repsol afirmó que las playas afectadas «están aptas para su uso y disfrute».
La compañía aseguró que estas playas cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, algo que está sustentado, según su versión, por informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como informes de las autoridades.
Sostuvo, además, que el 98 % de los afectados ya ha cobrado compensaciones, lo que significa que son más de 10.000 personas que han recibido ayuda económica por parte de la empresa.
En cuanto a los planes de rehabilitación, afirmó que estos están siendo revisados por el Ministerio de Energía y Minas, y que «todos están a la espera de su evaluación».
Las autoridades de Perú informaron el 2 de diciembre pasado que aún no hay evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada esté libre de petróleo, por lo que no hay condiciones para la pesca artesanal, mientras que el 17 de noviembre señalaron que 25 playas dedicadas al baño y recreación «se encuentran aún en condición de afectadas».
El derrame se produjo el 15 de enero de 2022 en el terminal multiboyas número 2 de La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, cuando un buque se disponía a descargar hidrocarburos. EFE
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