El golpe judicial era inminente. Tal y como lo venían señalando diversos sectores, este mediodía la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la condena de 9 años y 5 meses de prisión efectiva contra la hoy suspendida gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado. El origen de este escándalo se remonta a los oscuros manejos presupuestales en la obra del Centro Cívico de Matucana. Ante la contundencia de las pruebas, la jueza a cargo no dudó en emitir una orden de inmediata ubicación y captura contra la apodada «cholita», quien ahora pasa a engrosar la lista de autoridades que escapan de la justicia tras servirse del poder.
De acuerdo con el desglose de la resolución judicial, la máxima autoridad de la región fue hallada penalmente responsable de una sistemática apropiación indebida de fondos públicos vinculados directamente a la infraestructura estatal. Este modus operandi también salpica y hunde al exgerente municipal Walter José Tobar Macutela, quien recibió exactamente la misma condena tras comprobarse su coautoría en los delitos de peculado agravado y falsificación de documento público.
El Tribunal también dispuso el pago de una reparación civil de S/ 1 millón 900 mil.
Un Gobierno Regional en escombros
Esta contundente decisión judicial desestabiliza por completo al Gobierno Regional de Lima, dejando en el ojo de la tormenta a una administración que hoy arrastra el peso muerto de uno de sus momentos más críticos e infames.
Mientras la cúpula regional busca cómo salvar los trámites administrativos, la ciudadanía observa con indignación este nuevo capítulo de impunidad. La población, atrapada entre obras inconclusas y falsas promesas de desarrollo, se pregunta con justificada desconfianza quién asumirá la conducción y las responsabilidades políticas tras una sentencia criminal que, inevitablemente, vuelve a enlodar la dignidad de toda la región Lima provincias.








