En medio de la grave crisis penitenciaria y el avance sostenido de las mafias que operan desde las cárceles, el presidente José Jerí anunció este martes una decisión histórica: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejará de funcionar y será reemplazado por una nueva entidad, denominada Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que comenzará a operar desde enero de 2026.

Según explicó el mandatario, esta reforma forma parte de las facultades legislativas que recibió para actuar en materia de seguridad ciudadana y constituye la primera medida estructural dirigida a recuperar el control del sistema penitenciario, considerado uno de los focos más críticos de la criminalidad organizada en el país.

La Sunir asumirá todas las funciones del actual INPE, pero bajo un modelo renovado de gestión, supervisión y resocialización. Jerí afirmó que la superintendencia permitirá “romper con estructuras capturadas por la corrupción” y establecer un control más eficiente en los centros de reclusión.

Uno de los primeros cambios anunciados es la salida del actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien será relevado en enero. Aunque continúa en el cargo, Jerí explicó que su permanencia responde a una fase de transición operativa necesaria para el traslado ordenado de competencias.

Paredes Yataco, perteneciente a la plana que dirigió el INPE en los últimos años, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque el presidente destacó que ha cumplido con todas las instrucciones inmediatas del Ejecutivo en esta etapa previa al cierre del organismo.

Un sistema heredado “con corrupción y desorden”

En su mensaje, el jefe de Estado indicó que recibió un sistema penitenciario marcado por la corrupción, el abandono y la infraestructura deteriorada, un escenario que facilitó que bandas y cabecillas continúen delinquiendo desde prisión.

Jerí criticó además que en gobiernos anteriores se permitiera el uso de teléfonos públicos dentro de los penales, herramienta que —según advirtió— fue utilizada para organizar extorsiones y otros ilícitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Reveló que, desde el año 2010, todas las llamadas realizadas desde los penales están registradas, pero denunció que esa información no fue aprovechada de manera adecuada por las autoridades predecesoras, pese a que podría haberse utilizado para identificar y desarticular redes criminales.