La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta desde esta semana un proceso judicial en el Poder Judicial de Perú por presuntos delitos de colusión, organización criminal y lavado de activos. La Fiscalía solicitó una pena de 29 años de prisión por la supuesta recepción indebida de fondos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. En una entrevista para RPP Noticias poco antes del inicio de la audiencia, Villarán presentó su versión de los hechos y destacó que el juicio oral será una oportunidad para sostener su defensa y responder a las acusaciones.

Villarán afirmó que la apertura del proceso representa “un momento público en el que podemos responder a las acusaciones”. Explicó que, durante los últimos seis años, medidas judiciales le prohibieron realizar declaraciones sobre el caso. Relató a RPP Noticias que, tras un año de prisión preventiva y arresto domiciliario, las restricciones legales le impidieron comunicarse con los medios hasta el inicio del juicio.

Admitió haber recibido fondos, pero no US$11 millones

Al ser consultada sobre la aceptación de aportes de origen brasileño para la campaña contra la revocatoria y su intento de reelección en la alcaldía, Susana Villarán admitió haber recibido fondos, pero negó que la cifra superara los once millones de dólares, como sostiene la Fiscalía. “Sí fue una suma importante de dinero, muy lejos de esa exorbitante suma de once millones; no sabemos exactamente de dónde sale esa cifra”, puntualizó. Señaló que no puede precisar el monto exacto por indicaciones de su defensa, citando versiones contradictorias en el expediente, y espera que el juicio aclare la información ante la opinión pública.

La exalcaldesa justificó su silencio sobre estos aportes por motivos políticos y como reacción ante lo que percibió como un intento de desestabilización institucional dirigido contra la municipalidad y las reformas de su gestión. “Callé en ese momento por razones políticas, durante la revocatoria y las campañas; había mucho en juego y había que defender el proceso de reformas”, explicó Villarán. Añadió que solo ella y el exgerente municipal José Miguel Castro conocieron los fondos y que el resto del personal de campaña desconocía el origen de los recursos.

Descarta que muerte de José Miguel Castro la ‘beneficie’ en juicio

Villarán respondió preguntas sobre la muerte de José Miguel Castro, quien fue uno de sus principales colaboradores y también procesado en el caso. Indicó que su fallecimiento constituyó una pérdida irreparable y rechazó cualquier insinuación de que su deceso haya beneficiado a otros implicados. “No hay ventaja para nadie, es terrible que se me pregunte eso. Era muy importante poder escuchar sus declaraciones en el juicio oral, porque había cuestiones que él sabía con mayor detalle”, remarcó en RPP Noticias.

Respecto a la versión de exejecutivos de OAS que sostienen que los aportes a las campañas se relacionaron con la suscripción de una adenda contractual para ampliar la concesión de los peajes de la Línea Amarilla, Villarán negó cualquier contraprestación y rechazó que los acuerdos representaran beneficios indebidos para las empresas. Destacó una pericia contable durante la investigación, la cual descartó perjuicios para la ciudad, y subrayó: “No ha habido ninguna vinculación de los aportes con hechos de corrupción. No les hemos entregado ninguna ventaja”.José Miguel Castro fue gerente municipal de Susana Villarán. | Fotocomposición: Infobae Perú

“No soy una persona corrupta”

Villarán reconoció haber defraudado la confianza de un sector de la ciudadanía. “Sí, he dañado la confianza de mucha gente al haber callado durante esos años hasta 2019. Lo reconozco y les he pedido perdón públicamente. Pero no soy una persona corrupta. Nuestra gestión fue absolutamente transparente y abierta a los medios y a la opinión pública”, sostuvo, al hacer referencia al lema de campaña “Manos Limpias” y a la repercusión social de su caso.

Consultada sobre las críticas del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha solicitado que se declare culpable, Villarán señaló que cada burgomaestre debe concentrarse en los asuntos de la ciudad y subrayó que su propio mandato fue resultado de la voluntad popular, al igual que el actual.

En relación con otras investigaciones en el país, como los procesos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por fondos de origen brasileño, Villarán calificó de injusta la prisión preventiva que enfrentó y destacó: “No temo a la verdad, no temo a lo que pueda salir a la luz en el juicio. Espero que sea justo e imparcial para todos quienes estaremos en esa sala”.

El proceso penal incluye a otros exfuncionarios y figuras políticas de las campañas municipales de 2013 y 2014. Villarán relató que, aunque ha recibido críticas de antiguos allegados, también encontró respaldo ciudadano. Recordó obras y servicios impulsados bajo su gestión que, según su testimonio, permanecen en la memoria de varios sectores de la capital.

Justifica aportes de empresas brasileñas

En los minutos finales de la entrevista, la exalcaldesa sostuvo que la motivación de las empresas brasileñas para aportar no fue buscar favores, sino asegurar estabilidad jurídica en sus contratos con la ciudad. Defendió la modificación de contratos existentes en lugar de arriesgar litigios que hubieran perjudicado a la municipalidad.

El caso continuará en los tribunales, donde Villarán deberá enfrentar la acusación del fiscal José Domingo Pérez y del equipo especial Lava Jato, quienes mantienen que existió colusión, lavado de activos y organización criminal en los movimientos de fondos para las campañas políticas de Lima. La exalcaldesa insiste: “No me arrepiento de lo que hemos podido hacer y lo que tenga que venir, que venga. Pero yo no tengo la cabeza baja, yo no estoy en este momento… yo no soy una persona que ha perdido ni su dignidad ni a la que han quebrado. Yo voy a defender las verdades en el juicio- Repito, espero sea justo y espero que sea respetuoso”.

“Piden una prisión de 29 años por delitos que yo no he cometido. Ni colusión, no hay organización criminal y no hay lavado de activos. Entonces, vamos a probarlo en el juicio, vamos a confrontar y lo vamos a hacer con respeto a todos y públicamente”, finalizó la exautoridad edil.

Merly Edquen, abogada de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en diálogo con RPP, se pronunció en torno al pedido de la Fiscalía para que se adelante el juicio oral en su contra, programado para el próximo 23 de septiembre, debido a que, al realizarlo en esa fecha, «podría contribuir a que se considere como lenidad la actuación de los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público».

Al respecto, la letrada dijo que están de acuerdo con que se desarrolle un juicio célere, pero consideró que adelantar la fecha genera preocupación en cuanto a que «la cooperación internacional falle».

“En principio, nosotros estamos de acuerdo -y siempre hemos sido los primeros- en que sea un juicio célere, un juicio pronto para la señora Susana Villarán. En ese aspecto coincidimos con el representante del Ministerio Público. Sin embargo, también es importante tomar un poquito de conciencia respecto de las decisiones que está tomando el colegiado. Y el colegiado ya nos notificó, de manera oportuna, que el juicio oral se va a iniciar el día 23 de septiembre. Y está exponiendo, en su notificación, las razones por las cuales se inicia el 23 de septiembre, entre ellas, que es un caso complejo; dos, que tiene que establecer los nexos y las comunicaciones necesarias para que pueda darse la cooperación internacional para que los testigos de Brasil puedan declarar en el juicio», indicó. 

«Entonces, eso toma su tiempo, no es que el juicio deba iniciarse de aquí a la siguiente semana o a la subsiguiente semana, se tiene que garantizar que el juicio se dé de la manera correcta, adecuada, en la forma como se han ofrecido los testigos y las pruebas para este juicio […] Lo que a nosotros nos preocupa es que la cooperación internacional falle y en el momento en que nosotros tengamos que interrogar a alguno de los testigos brasileños, estos no acudan. Tenemos la buena voluntad de la empresa, pero es solo buena voluntad. Si ellos deciden no acudir al juicio, ¿cómo los interrogamos?», cuestionó. 

Edquen resaltó que si bien un eventual adelanto de la fecha no les «quitaría ningún tiempo para estrategia de defensa» porque «estamos preparados», sí siente que desvía «la verdadera atención que deben tener los medios, y es que no se debe suspender la cooperación con Brasil».

«El Ministerio Público debe responder de manera oportuna a las autoridades brasileñas a efectos de que este impase de la suspensión se quede de manera temporal y no afecte de ninguna manera la posibilidad que esta defensa pueda tener de interrogar y contrainterrogar a los testigos que vienen de Brasil. Para nosotros es muy importante eso. Esos testigos de las empresas brasileñas han sido ofertados, tanto por el Ministerio Público, como también por esta defensa, su declaración es de real importancia. A nosotros sí nos preocupa que ese impase no se supere prontamente», resaltó. 

El juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, está muy cerca, luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara infundadas los recursos de apelación que buscaban dejar sin efecto el auto de enjuiciamiento.  

Sin embargo, dispusieron que el Ministerio Público subsane las imputaciones contra Domingo Arzubialde.

Lo mismo para la persona jurídica Walther Thompson Peruana, exfuncionarios de la Municipalidad de Lima.

Es por eso que el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que el 9 de mayo a las 9:00 a. m. se desarrolle una audiencia presencial extraordinaria de subsanación de imputación.

Tras resolver lo requerido, el Poder Judicial determinará la fecha para dar inicio al juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, investigada por caso Rutas de Lima.

Acusación contra Susana Villarán

Por supuestamente recibir dinero de Odebrecht y OAS para sus campañas para la no revocatoria de 2013, así como su reelección a la comuna en 2014, Villarán es acusada de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del estado.

La tesis fiscal apunta que gracias a estos ‘favores’, las empresas que ‘apoyaron’ a la exalcaldesa fueron beneficiados con millonarios contratos.

Los proyectos con los que sacaron provecho presuntamente son las concesiones de Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Es así que, solicitaron para la exfuncionaria 29 años de prisión y entre 9 a 25 años de cárcel para José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros.