Por: Paul Robert López Dorado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó una advertencia clara de cara a los próximos comicios: el llamado “voto golondrino” no solo es una falta ética, sino un delito que puede llevar hasta ocho años de prisión … El presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, recordó que cambiar de domicilio de manera irregular con la intención de manipular los resultados electorales será denunciado y sancionado penalmente.

«Si se comprueba que hubo una acción dolosa para alterar la voluntad popular, la justicia tendrá que actuar”, precisó.

La ley es específica. El artículo 359, inciso 8 del Código Penal establece penas de entre dos y ocho años de cárcel para quienes, con el fin de favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, realicen o induzcan a realizar cambios de domicilio hacia una circunscripción distinta a la de su residencia habitual, generando un error en el Registro Electoral.

En este escenario, los propios candidatos están llamados a actuar con extrema cautela. Las ambiciones personales no pueden estar por encima de la ley ni de la voluntad popular. Promover, tolerar o cerrar los ojos ante este tipo de prácticas puede tener consecuencias irreversibles: una mala decisión en campaña no solo puede costar una candidatura, sino la libertad misma.

Por otro lado, Sivina también se refirió al proceso de tachas contra candidatos regionales y municipales. Aclaró que estas son evaluadas inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE), pero que el JNE es la última instancia para resolver cualquier apelación.

Finalmente, informó que hasta el momento no ha llegado al pleno del JNE ningún recurso de apelación relacionado con la admisión o rechazo de tachas, lo que indica que, por ahora, no hay controversias elevadas al máximo organismo electoral.

El mensaje es directo: la limpieza del proceso electoral no se negocia y quienes intenten torcer la voluntad del pueblo enfrentarán consecuencias severas.