Un informe de la Contraloría General de la República remitido el último viernes 20 de mayo al Congreso de la República da cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este documento también habría sido enviado a la integrante del Ejecutivo.
El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría –según informe de la Contraloría– una infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.
Presunta infracción constitucional se verá en el Congreso
Ante este informe sobre una presunta vulneración al artículo n.° 126 de la Constitución, el Consejo Directivo del Congreso de la República habría tomado la decisión de reunirse este lunes a las 11 de la mañana para evaluar el tema, el cual ya no sería tratado en Junta de Portavoces.
Ante lo ocurrido, el Parlamento podría decidir denuncia esta presunta violación a la carta magna ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucional. De aprobar un informe a favor de una sanción y de ser ratificada ante el Pleno, Dina Boluarte podría ser destituida del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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