Resolución publicada en El Peruano obliga a autoridades locales a rendir cuentas semestrales sobre el uso de fondos públicos destinados a tareas de supervisión.
En un movimiento estratégico para fortalecer la transparencia y combatir la inconducta funcional, la Contraloría General de la República ha oficializado la Directiva N° 002-2026-CG/PREV. Esta norma, ratificada mediante la Resolución de Contraloría N° 178-2026-CG publicada en el diario oficial El Peruano, establece la obligatoriedad de presentar el «Balance Semestral de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales».
La medida surge tras una evaluación técnica de la Subgerencia de Prevención, que determinó la necesidad de optimizar los mecanismos de control tras un año de vigencia de la normativa anterior. Bajo el amparo de las Leyes N° 31433 y N° 31812, que modificaron la Ley Orgánica de Municipalidades y de Gobiernos Regionales, la Contraloría busca garantizar que los recursos públicos asignados para fortalecer las labores de fiscalización sean utilizados con prudencia y transparencia fiscal.
A partir de ahora, cada regidor y consejero regional del país deberá informar detalladamente sobre los montos ejecutados en sus funciones de vigilancia. Esta fiscalización del gasto no es opcional; responde a la urgencia de cerrar las brechas que permitían un uso discrecional de los presupuestos destinados al control interno de las gestiones locales.
El órgano superior de control enfatiza que este nuevo proceso de rendición de cuentas busca una «correcta comprensión e interpretación» de las disposiciones, evitando el mal manejo de fondos. Con esta disposición, la Contraloría pone bajo la lupa la labor de los fiscalizadores locales, recordando que la lucha contra la corrupción comienza con la transparencia absoluta de quienes deben velar por los recursos del Estado.
Como parte del proceso de la adquisición de 24 aeronaves de combate, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó a la Contraloría General de la República el expediente sustentatorio de la ejecución del proyecto de inversión para reemplazar la actual flota de Mirage-200P, MiG-29 y Sukhoi Su-25. Sin embargo, la Contraloría hizo observaciones a la documentación que entregó el instituto castrense, alegando que estaba incompleta y se lo retornó para que cumpla con proporcionar la información faltante.
De acuerdo con el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, publicado el 8 de enero de este año, la FAP necesita que la Contraloría valide el llamado “expediente de inicio”, para luego transferir el mismo a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), entidad que entrará en contacto con el proveedor elegido.
El 5 de marzo de este año, el presidente José María Balcázar aprobó mediante Decreto Supremo que la adquisición de los 24 cazas se cumpla mediante la modalidad de Secreto Militar, una fórmula de contratación no competitiva que se aplica cuando la entidad usuaria -en este caso la FAP- ha identificado a un solo proveedor, cuya oferta cumple con los requisitos técnicos y económicos.
Pero para seguir con este proceso, la institución armada, según el mencionado decreto, “debe contar con la opinión favorable de la Contraloría General de la República, conforme lo dispone la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento”.
Cuestión de fondo
La Contraloría no dejó pasar el expediente que elevó la FAP porque detectó carencia de información en el ámbito presupuestal, señalaron fuentes de La República con conocimiento del proceso.
“El documento ha sido denegado por no adjuntar la documentación completa”, precisaron las fuentes.
Según la documentación que suministró la FAP a la Contraloría, el presupuesto asignado son S/7.580 millones que deben ser transferidos entre 2026 y 2030, “lo que requiere adjuntar al expediente el certificado de crédito presupuestario y la precisión presupuestal”.
Empero, el Plan Operativo Institucional de la FAP necesita una actualización con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos que serán necesarios para el cumplimiento del objetivo: la compra de 24 cazas de última generación.
“No se ha rechazado la compra. Lo que se le ha dicho a la institución armada es que debe completar varios documentos que aseguren los fondos públicos, para que de esta manera la ACFFAA pueda entablar negociaciones con fuentes seguras de financiamiento”, explicaron las fuentes.
Normas aprobadas
El 31 de diciembre de 2025, el entonces gobierno de José Jerí aprobó una operación de endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos hasta por S/7.580 millones (alrededor de US$2.000 millones, al cambio de S/3,79 establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas) lo que representa el 57% de los US$3.500 millones de la inversión total), para financiar parcialmente el proyecto de adquisición de aviones de guerra.
El 16 de febrero de este año, José Jerí aprobó la transferencia de S/1.137 millones (US$300 millones, aproximadamente) para la FAP, fondos destinados a la compra de los cazas.
Y el 17 de marzo último el gobierno de Balcázar autorizó un crédito suplementario para el año fiscal 2026 por S/522.353.665 (más o menos US$137,8 millones al cambio del MEF) para la ejecución del proyecto de inversión CUI N°2573425, denominación oficial de la compra de los aviones de guerra.
Si tenemos en cuenta que para la primera fase se necesita una inversión de US$2.000 millones (el 30% del total) para arrancar con la primera fase del procedimiento de contratación, al día de hoy se contaría con US$437,6 millones. Esto es, con el 21,8% del total previsto para la primera fase (US$2.000).
Este sería uno de los motivos que explicarían por qué la Contraloría devolvió el expediente a la FAP, para que documente de dónde van a provenir los fondos que financiará el proceso de compra.
Son 24 unidades, no 12 u otra cifra
De acuerdo con las fuentes consultadas por La República, la FAP ha comunicado que en breve volverá a elevar la documentación a la Contraloría con la información solicitada. El órgano de control tendrá 15 días para emitir un nuevo pronunciamiento. Si la FAP consigue la validación, entonces el expediente será transferido a la ACFFAA para comenzar con la negociación con el productor de la aeronave.
Como se ha informado, la fábrica sueca SAAB propone el Gripen E/F, la estadounidense Lockheed Martin oferta el F-16 Block 70 y la francesa Dassault Aviation el modelo Rafale F4.
Según el Proyecto de Inversión Pública (PIP) aprobado por el Ejecutivo, la compra consiste en 24 aeronaves de combate por US$3.500. Cualquier otro número de cazas menor a lo que establecido por las normas aprobadas por los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, será desestimado por la Contraloría porque no cumple con lo expresado por el usuario. La FAP.
La Contraloría General de la República informó que, tras una auditoría de cumplimiento, identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que habrían gestionado de manera irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante 2023 y 2024. Según el reporte, los trámites favorecieron a conocidos, terceros y también a personal de la propia entidad.
Las observaciones se concentraron en dos prácticas: registros de emisión de DNI sin sustento de pago y el uso de la gratuidad del DNI sin cumplir requisitos o sin adjuntar la documentación correspondiente, pese a que el beneficio está dirigido a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
DNI emitidos sin pagar: así se habría usado el sistema para registrar trámites como “pérdida”
De acuerdo con el informe de control citado por la Contraloría, se detectaron 436 trámites de DNI ingresados en el Sistema Integrado Operativo (SIO) sin que se acreditara el pago exigido en el TUPA. Para permitir el avance del proceso, algunos usuarios del sistema seleccionaban la opción de pago “pérdida”, como si se hubiese extraviado la constancia, y el campo “recibo de banco” quedaba completado con ceros, lo que evitaba que el sistema solicitara vincular un comprobante válido.
Bajo esa modalidad se registraron gestiones para trabajadores, compañeros de oficina y otras personas. La entidad fiscalizadora señaló que la mayor cantidad de casos se ubicó en la oficina descentralizada de San Pablo (Loreto) y en la Oficina Registral de Lurín (Lima). En esta última, se advirtió un ejemplo con cuatro trámites para un mismo servidor. Además, los registros pasaron por revisión y aprobación sin que se detectara la falta de pago, en procedimientos cuyas tasas pueden llegar hasta S/41, según el tipo de trámite.
Uso irregular de la gratuidad del DNI: observaciones en trámites por pobreza, discapacidad o emergencias
La auditoría también reportó 266 casos vinculados al uso indebido o sin sustento de la gratuidad del DNI destinada a sectores vulnerables. En estos expedientes, se habrían ingresado solicitudes en el SIO amparándose en resoluciones internas que habilitan exoneraciones de manera excepcional y temporal para supuestos como discapacidad, afectación por desastres o siniestros, adultos mayores y personas en pobreza o extrema pobreza, pero sin adjuntar los documentos que respalden esa condición.
Entre los ejemplos, se mencionó que en la Oficina Registral de Chosica dos trabajadores habrían tramitado DNI gratuitos para compañeros sin acreditar afectación por emergencias. En Huancayo (Junín), se advirtió un caso similar en beneficio propio sin sustento. También se identificaron debilidades en la evidencia de trámites por discapacidad: en algunos registros no figuraban documentos como el carné del Conadis o no quedaba respaldo ni en el sistema ni en el archivo físico. La Contraloría informó que halló indicios de presunta responsabilidad penal en tres trabajadores y responsabilidad administrativa en 69 servidores.
¿Qué dijo Reniec al respecto?
Al respecto, el RENIEC emitió un comunicado en el que indica que se han implementado diversas medidas de seguridad y se incorporaron controles adicionales para evitar accesos indebidos a los sistemas que tramitan y entregan DNI gratuitos. Asimismo, se han iniciado investigaciones internas y se adoptarán acciones frente a los presuntos involucrados. Finalmente, se aprobó un Plan de Acción para implementar las recomendaciones de la Contraloría.
Las contrataciones de bienes y servicios, así como la adjudicación y ejecución de obras efectuadas por Alfonso López Chau como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), son sometidas a un proceso de auditoría por parte del Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la documentación a la que accedió La República, la disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, después que López Chau renunció a la rectoría para postular a la presidencia por el partido Ahora Nación.
La investigación de la OCI abarca el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2021 y el 6 de mayo de 2025, tiempo en el que López Chau ejerció como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.
La decisión de la Contraloría se conoce pocos días después que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que a partir de la denuncia de un ciudadano, inició una investigación contra López Chau por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros del partido Ahora Nación que son parte de su campaña.
La jefa de la OCI, Carla Remigio, en oficio remitido al rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, le informa que se le ha ordenado indagar la gestión de López Chau por disposición de sus superiores de la Contraloría.
No hay explicación
En el mencionado documento, la jefa de la OCI no le indica al actual rector de la UNI las razones de la Contraloría para indagar el periodo de López Chau. Simplemente indica que cumple con el requerimiento de las autoridades de la entidad fiscalizadora.
“La Contraloría General de la República ha dispuesto a la OCI el inicio de un servicio (auditoría) de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería en el periodo del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025 (en la gestión de Alfonso López Chau)”, comunicó la jefa de la OCI al rector de la UNI.
Más de ocho meses después de la salida de López Chau de la rectoría de la UNI, este deberá responder a la Contraloría ante los cuestionamientos que ha recibido a su gestión en contrataciones de personal y adjudicaciones de bienes y servicios.
La República no ha obtenido respuesta de la Contraloría cuando preguntó si la medida adoptada para indagar la gestión de Alfonso López Chau, se aplicará a otros exfuncionarios públicos que también postulan a la presidencia. Como el caso del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y del exgobernador de La Libertad, César Acuña, entre otros.
Durante el mandato de López Aliaga se denunció presuntas irregularidades en la donación de trenes antiguos, así como en la contratación de un estudio de abogados extranjero relacionado con un amigo del exalcalde, entre otros hechos.
Respecto a Acuña, la propia Contraloría detectó sospechosas deficiencias en la adjudicación de S/315 millones en dos obras públicas a una empresa de papel que maneja una jovencita de 23 años, Lucero Coca Condori, sin ninguna experiencia en contrataciones.
A diferencia de la Contraloría que no acredita el sustento de la auditoría a la gestión de López Chau, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios sí anota algunos presuntos hechos.
La fiscalía, acogiendo la denuncia del ciudadano Carlos Huerta Escate, quien postula al Senado por el Partido Demócrata Verde, López Chau aprovechó el cargo de rector de la UNI para usar los fondos del centro de estudios para la promoción de su campaña política.
Además, le imputa haber modificado el estatuto universitario para que el próximo rector sea alguna persona de su entera confianza.
De acuerdo con información de la misma fiscalía, otro caso es el supuesto uso indebido del presupuesto universitario destinado a fines académicos, con la finalidad subvencionar viajes y actividades con el propósito de promover la imagen de López Chau.
Un tercer incidente que investiga la fiscalía es la presunta intervención de López Chau para que lo sustituya el vicerrector de Investigación, Arturo Fernando Talledo Coronado, cuando debió serlo la vicerrectora académico, Shirley Chilet Cama.
La República solicitó al vocero de prensa del partido Ahora Nación que postula a Alfonso López Chau, para que ofrezca una versión sobre las acusaciones que enfrenta y la decisión de la Contraloría de auditar su mandato, pero no obtuvo respuesta pese a la insistencia.
La Contraloría detectó irregularidades en el Hospital Regional de Cañete – Rezola: 6 funcionarios involucrados en un pago de S/ 199,990 a una empresa por mantenimiento eléctrico incompleto y deficiente.
Se pagó completo el 2 de enero de 2025 pese a fallas evidentes en 177 subtableros, de los cuales solo 86 recibieron mantenimiento; 91 quedaron sin intervenir (UCI, Emergencia, Imagen, etc.).
Pozos a tierra: solo 14 de 20 mantenidos; riesgo de descargas y electrocución.
No se realizó mantenimiento del sistema de cloración y de las cisternas de agua, afectando la seguridad sanitaria del agua.
Términos de referencia y bases administrativas se elaboraron con requisitos que limitaron la competencia; la oferta ganadora no acreditó todos los requisitos.
Se remitió el caso a la Procuraduría y se instruyó deslinde de responsabilidades en la entidad.
Órgano de control advirtió irregularidades en la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima; un año después, Fiscalía y Policía desarticularon presunta red criminal que operaba desde 2018.
La desarticulación de la presunta organización criminal “Los Intocables”, lograda tras un paciente y minucioso seguimiento de un año por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú a través de GRECCO y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), expone hoy la gravedad de las advertencias que la Contraloría General de la República había formulado con antelación sobre la entrega y renovación irregular de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Lima.
De acuerdo con un informe de control, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima omitió aplicar los filtros legales obligatorios para el canje y renovación de brevetes, permitiendo la emisión de licencias sin verificar la autenticidad de documentos, entre ellos certificados consulares exigidos por la normativa vigente.
La Contraloría identificó que solo una fracción mínima de las licencias evaluadas cumplía con los requisitos legales, revelando fallas estructurales en el control interno y en la supervisión del proceso administrativo. Además, advirtió que la entidad no declaró la nulidad de licencias emitidas irregularmente dentro de los plazos establecidos, generando el riesgo de prescripción y la consolidación de actos administrativos viciados.
El informe de control señala que estas deficiencias no solo afectan la legalidad de la gestión pública, sino que crean condiciones propicias para la infiltración de redes criminales, situación que —según el Ministerio Público— se habría materializado con la presunta organización “Los Intocables”, investigada por operar desde el año 2018 mediante la entrega irregular de licencias de conducir, con la presunta participación de trabajadores y funcionarios del área de transportes.
El reciente megaoperativo permitió la detención preliminar de 13 personas, incluido el presunto líder de la organización, confirmando la magnitud de un esquema delictivo que habría aprovechado las debilidades advertidas por el órgano de control años atrás.
El caso evidencia una preocupante cadena de omisiones institucionales y refuerza la necesidad de atender de manera inmediata y efectiva las alertas emitidas por los órganos de control, pues su desatención no solo compromete la seguridad vial, sino que abre las puertas a la criminalidad organizada dentro del Estado.
La Contraloría notificó oportunamente al Gobierno Regional de Lima sobre estos hallazgos y dispuso la adopción de acciones correctivas; sin embargo, los hechos hoy revelados por la Fiscalía confirman que las advertencias fueron más graves de lo que se quiso reconocer en su momento.
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