La Contraloría General de la República concluyó que 10 funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, incurrieron en graves irregularidades que impidieron que 55.261 ciudadanos de Lima Metropolitana ejercieran su derecho al voto en las elecciones del 12 de abril de 2026.

Según el informe, los funcionarios habrían modificado las bases del concurso para beneficiar a una empresa de transportes y autorizaron pagos adicionales por más de 650 mil soles sin sustento técnico ni legal.

La Contraloría advirtió que altos funcionarios de la ONPE beneficiaron de manera irregular a la empresa encargada del traslado de material electoral, en un contrato valorizado en S/6 368 332,75.

De acuerdo con el informe, los evaluadores de la ONPE, Lilia Flores Bancho y William García Velásquez, modificaron a última hora los requisitos del proceso para beneficiar a un postor específico, al reducir en dos metros la longitud exigida para los camiones.

Asimismo, se detectó que enviaron información falsa sobre la capacidad de carga de los vehículos con el fin de otorgarle un puntaje que no le correspondía.

A raíz de esta modificación, se descartó la propuesta más favorable y el contrato fue adjudicado a Galaga SAC, cuya oferta superaba inicialmente en S/168 148,19 a la competencia y en S/469 404,09 al postor que, según el informe, debió ganar legítimamente.

En ese sentido, al empresa ganadora no disponía de una flota propia suficiente, ya que prestó el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y apenas un 8% de camiones de su propiedad.

Debido a una deficiente planificación, los equipos informáticos destinados a las capacitaciones fueron entregados con retraso, lo que terminó afectando el cronograma previsto para las elecciones.

Un día antes de la jornada electoral, los responsables modificaron las rutas de entrega para 553 locales de votación e informaron que los camiones tardarían entre tres y cuatro horas en llegar, pese a que los trayectos requerían al menos ocho horas de viaje.

Esta falta de coordinación ocasionó que el material electoral llegara con retraso a 3.605 mesas de sufragio y provocó que 187 mesas en Lima Metropolitana no pudieran instalarse, afectando el derecho al voto de 55.261 electores.

El informe también señala que altos funcionarios de las áreas de logística, administración y asesoría jurídica de la ONPE habrían actuado de manera coordinada para aprobar pagos adicionales a la empresa de transportes por un monto de S/650 205,94.

Dicho desembolso se efectuó “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato”, debido a que el servicio de recojo de materiales ya había sido realizado días antes.

Entre los pagos adicionales observados, se aprobó sin justificación el incremento en la tarifa del traslado de 5.441 equipos hacia el local de Lurín, pasando de S/0,60 por kilo a S/6,00 por kilo. Según el informe, esto representó “un incremento de 900% respecto del contrato principal” para beneficio de la empresa privada.

Frente a la gravedad de las irregularidades detectadas, la Contraloría General de la República recomendó adoptar medidas inmediatas.

En primer lugar, se dispuso que el actual titular de la ONPE inicie los procedimientos necesarios para sancionar administrativamente a los funcionarios involucrados.

En ese sentido, se solicitó formalmente a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones penales contra los 10 implicados para que respondan ante la justicia, y el informe fue remitido a la Junta Nacional de Justicia para que adopte las medidas correspondientes.

Resolución publicada en El Peruano obliga a autoridades locales a rendir cuentas semestrales sobre el uso de fondos públicos destinados a tareas de supervisión.

En un movimiento estratégico para fortalecer la transparencia y combatir la inconducta funcional, la Contraloría General de la República ha oficializado la Directiva N° 002-2026-CG/PREV. Esta norma, ratificada mediante la Resolución de Contraloría N° 178-2026-CG publicada en el diario oficial El Peruano, establece la obligatoriedad de presentar el «Balance Semestral de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales».

La medida surge tras una evaluación técnica de la Subgerencia de Prevención, que determinó la necesidad de optimizar los mecanismos de control tras un año de vigencia de la normativa anterior. Bajo el amparo de las Leyes N° 31433 y N° 31812, que modificaron la Ley Orgánica de Municipalidades y de Gobiernos Regionales, la Contraloría busca garantizar que los recursos públicos asignados para fortalecer las labores de fiscalización sean utilizados con prudencia y transparencia fiscal.

A partir de ahora, cada regidor y consejero regional del país deberá informar detalladamente sobre los montos ejecutados en sus funciones de vigilancia. Esta fiscalización del gasto no es opcional; responde a la urgencia de cerrar las brechas que permitían un uso discrecional de los presupuestos destinados al control interno de las gestiones locales.

El órgano superior de control enfatiza que este nuevo proceso de rendición de cuentas busca una «correcta comprensión e interpretación» de las disposiciones, evitando el mal manejo de fondos. Con esta disposición, la Contraloría pone bajo la lupa la labor de los fiscalizadores locales, recordando que la lucha contra la corrupción comienza con la transparencia absoluta de quienes deben velar por los recursos del Estado.