Resolución publicada en El Peruano obliga a autoridades locales a rendir cuentas semestrales sobre el uso de fondos públicos destinados a tareas de supervisión.
En un movimiento estratégico para fortalecer la transparencia y combatir la inconducta funcional, la Contraloría General de la República ha oficializado la Directiva N° 002-2026-CG/PREV. Esta norma, ratificada mediante la Resolución de Contraloría N° 178-2026-CG publicada en el diario oficial El Peruano, establece la obligatoriedad de presentar el «Balance Semestral de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales».
La medida surge tras una evaluación técnica de la Subgerencia de Prevención, que determinó la necesidad de optimizar los mecanismos de control tras un año de vigencia de la normativa anterior. Bajo el amparo de las Leyes N° 31433 y N° 31812, que modificaron la Ley Orgánica de Municipalidades y de Gobiernos Regionales, la Contraloría busca garantizar que los recursos públicos asignados para fortalecer las labores de fiscalización sean utilizados con prudencia y transparencia fiscal.
A partir de ahora, cada regidor y consejero regional del país deberá informar detalladamente sobre los montos ejecutados en sus funciones de vigilancia. Esta fiscalización del gasto no es opcional; responde a la urgencia de cerrar las brechas que permitían un uso discrecional de los presupuestos destinados al control interno de las gestiones locales.
El órgano superior de control enfatiza que este nuevo proceso de rendición de cuentas busca una «correcta comprensión e interpretación» de las disposiciones, evitando el mal manejo de fondos. Con esta disposición, la Contraloría pone bajo la lupa la labor de los fiscalizadores locales, recordando que la lucha contra la corrupción comienza con la transparencia absoluta de quienes deben velar por los recursos del Estado.
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