Poder Judicial ordena a María Alva suspender proceso de elección del defensor

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una resolución donde ordena a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, suspender el proceso de elección del defensor del pueblo.

“Se ordena a la presidente de la mencionada comisión especial (María Alva) suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, se lee en la parte resolutiva del documento.

La resolución es firmada por el juez John Javier Paredes Salas y fue emitida ayer, miércoles 8 de junio. La autoridad judicial advierte “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.

Y es que el Sindicato de la Defensoría ha cuestionado, en sede judicial, la falta de transparencia del proceso, además de la ausencia de mecanismos que garanticen la participación ciudadana. Y el juez coincide en la observación.

Paredes Salas menciona en su resolución que el cronograma formulado por María Alva “no ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la Republica, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”.

El juez sustenta su resolución en un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de la elección de miembros del Tribunal Constitucional del 2019, expresó que “todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales”.

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