La parlamentaria de Alianza Para el Progreso, con ayuda de su sobrino, obligaba a sus empleados a entregar un tercio de su salario como «colaboración». Según la investigación de Punto Final, los trabajadores de Rosío Torres debían duplicar el monto en los meses en los que el Congreso les paga gratificaciones y bono de escolaridad.
Un nuevo caso de recorte de sueldo se denuncia en el Congreso de la República. Esta vez, en el mismo partido Alianza para el Progreso (APP), la legisladora Rosío Torres es acusada de recortar la remuneración de algunos de sus trabajadores de su despacho parlamentario. Este dinero sería depositado a la cuenta bancaria de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
El caso ya se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de la Nación.
Al menos cinco empleados del Congreso habrían tenido la misma solicitud por parte de su sobrino de la parlamentaria. El primer caso se conoció de Cecilia Salazar Mattos, quien era asesora nivel II desde julio de 2021 a agosto de 2022. Durante su permanencia en el puesto, realizó hasta 10 transferencias de más de S/24.000.
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